El tsunami que viene: la economía de los cuidados

España se enfrenta a un desafío extraordinario: ser uno de los países más longevos del mundo. Pero la conquista no le va a salir gratis. El fuerte envejecimiento de su pirámide demográfica de aquí a 2050 generará importantes retos sociales y económicos, aunque también sustanciales oportunidades de negocio para el sector privado. Sin ir más lejos, las necesidades de cuidados de larga duración de la población crecerán drásticamente en las próximas tres décadas, sobre todo los relacionados con la dependencia. El desafío exige repensar el modelo sociosanitario y una fuerte inyección económica para evitar que se resquebraje el Estado de bienestar español.

La cuenta atrás ha empezado. Y lo ha hecho bajo mínimos. España apenas destina el 0,9% del PIB a cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social), por debajo de la media de los países de la OCDE, donde este gasto representa el 1,5%. Estas cifras evidencian que no está a la altura de la inversión que le corresponde a un país tan longevo. Los Estados que más aportan son Países Bajos, donde esta partida alcanza el 4,1% del PIB, y Noruega, donde supone el 3,7%. La organización internacional estima que el gasto en cuidados se duplicará e incluso triplicará en 2050, impulsado por el envejecimiento de las poblaciones. Y cree que los gobiernos tendrán que encontrar un equilibrio entre ofrecer acceso a una atención de buena calidad y hacer sus sistemas económicamente sostenibles.

En ese complejo juego de equilibrio está España, que también calcula que hasta 2050 su gasto público en cuidados podría crecer a más del 2% del PIB y que el número de mayores de 65 años beneficiarios de ayudas a la dependencia podría duplicarse, hasta llegar a 1,6 millones de personas, según recoge el documento España 2050, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mayo como un ejercicio para decidir “qué país queremos ser dentro de 30 años”. Añade el plan que el gasto público en pensiones podría incrementarse en hasta cinco puntos de PIB (ahora supone el 12% del PIB) y el gasto sanitario podría aumentar en más de un punto. Una factura de calado que España tendrá que pagar. ¿Cómo? Entre otras medidas, incrementando las cotizaciones y estudiando la prolongación de la vida laboral de los mayores de 55 años, lo que reduciría el gasto público en pensiones y no iría “en detrimento del empleo de los jóvenes, puesto que los trabajos que realizan unos y otros son complementarios y no sustitutivos”, argumenta el Gobierno.

Estas proyecciones se explican porque la generación del baby boom, la más numerosa de la historia, envejece. A pesar de la pandemia —y con permiso de otras que pudieran llegar después—, en las próximas tres décadas este tsunami demográfico —consecuencia del descenso sostenido de la natalidad y de una reducción drástica de las tasas de mortalidad—, se hará más acusado. En 2050, un tercio de la población española tendrá más de 65 años. Serán 16 millones de personas, frente a los nueve millones actuales. Y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas en edad de trabajar (hoy hay 3,4). Para entonces, los mayores de 80 años serán el 11,8% de la población.

La supervivencia avanza de forma continuada desde hace cuatro décadas. A principios del siglo XX, la población española tenía una esperanza de vida al nacer de apenas 35 años. Hoy, está por encima de los 83 años y es la tercera más alta del mundo, solo superada por Suiza y Japón. De aquí a 2050 habrá vuelto a crecer, en torno a tres años más: hasta casi 90 años para mujeres y 85 años para hombres. “La población española va a vivir mucho más de viejos que de jóvenes”, dice la socióloga María Ángeles Durán, profesora de investigación en el CSIC.

Más dependencia

Y, aunque la mayoría de la población española hasta los 74 años considera que su estado de salud es bueno o muy bueno, más años de vida implican más dependencia. Y cada vez más severa. “El envejecimiento de la población aumentará considerablemente el número absoluto de personas mayores dependientes de cuidados”, explica Vânia de la Fuente-Núñez, responsable técnico de la Unidad de Cambio Demográfico y Envejecimiento Saludable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También serán más las enfermedades y dolencias crónicas. Actualmente, “solo una de cada cuatro personas mayores de 65 años en España está libre de discapacidad o enfermedad crónica”, aportó María Luisa Carcedo, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y exministra de Sanidad, en el IV Encuentro de Economía Senior, celebrado el pasado diciembre. Cardiopatía, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes cerebrovasculares, demencia, deficiencias sensoriales, trastornos depresivos o artrosis provocan la pérdida de años de vida saludable.

No hay que olvidar el dolor crónico, presente en una de cada cuatro familias españolas y que representa un alto coste: el 2,5% del PIB de España. “El envejecimiento de la población y las comorbilidades, vinculadas tanto a la edad como a los tratamientos que están afortunadamente consiguiendo un aumento de la expectativa de vida, están claramente asociados a una mayor prevalencia del dolor y severidad. Debemos anticiparnos”, recalca Víctor Mayoral, presidente de la Sociedad Española Del Dolor.

En los próximos años, esta pata de la llamada economía de los cuidados —concepto mucho más amplio que incluye todos los cuidados, desde que nacemos hasta que morimos— tendrá un peso sustancial en la sociedad española. Porque, un día u otro “todos vamos a ser dependientes o vamos a convivir con un dependiente”, vaticina José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Una realidad abrumadora en la que el sector público juega el papel protagonista, pero en la que el sector privado tiene un papel clave, ya que el sistema de dependencia se desarrolla mediante un esquema mixto de financiación. Aunque la valoración, la prescripción y el seguimiento de la dependencia son públicos, la provisión de los servicios es privada. “El sector de cuidados a la dependencia está en un 80% u 85% en manos privadas. La Administración compra en el mercado los servicios que procura a la sociedad, adquiridos mediante conciertos por la Administración”, explica Luis Alberto Barriga, director general del Imserso.

Solo el sector de la teleasistencia y ayuda a domicilio facturó 1.755 millones de euros en 2020 —año de los confinamientos y restricciones—, tras registrar un crecimiento del 2% respecto a 2019, año en el que la facturación aumentó un 7,5%, según DBK. Las cinco primeras entidades del sector son Clece, DomusVi, Sacyr Social, Asispa y Suara Cooperativa, de acuerdo con esta consultora. “La actividad empresarial relacionada con los cuidados formales —gestión de residencias, teleasistencia y ayuda a domicilio— representa en torno al 0,5% del PIB español”, añade Benigno Lacort, consejero delegado de Atenzia, otra de las empresas que ofrece teleasistencia domiciliaria, con datos de la Subcomisión de Servicios Sociales de CEOE.

La bomba demográfica está aquí y no solo pondrá contra las cuerdas al Estado de bienestar español. Barrerá el planeta. “Las personas de 60 años o más ya superan a los niños menores de cinco años y para 2050 una de cada cinco personas estará en esa franja de edad”, señala De la Fuente-Núñez, de la OMS. El número de mayores de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. Aunque es importante tener presente que “la pandemia ha modificado demográficamente algunos países, con índices de mortalidad más alta en la población de más de 80 años”, reseña Mercedes Abades Porcel, profesora de Enfermería Geriátrica y directora de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Este es el esperanzador, y a la vez demoledor, mapa del envejecimiento y requiere que los Estados actúen. El desafío exige una respuesta integral que, de momento, no ha llegado. “En el año 2020, tan solo un 49% de los países habían reportado tener una política o estrategia de cuidados a largo plazo”, según la representante de la OMS.

España se encamina a una crisis de los cuidados si no toma medidas ya. Esta es la mala noticia. La buena, al menos sobre el papel, es que semejante desafío acaba de entrar en la agenda política y, de hecho, el Gobierno ha incluido el asunto entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata del componente 22, llamado Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, que se dotará con más de 3.500 millones de euros de los fondos europeos.

Pero, queda mucho por hacer. España cuenta con el paraguas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en 2006 y conocida como el cuarto pilar del Estado de bienestar. Sin embargo, y 15 años después, el sistema de atención a la dependencia está falto de financiación y deja sin cobertura a miles de personas, lo que provoca que una gran parte de los cuidados recaiga en el entorno familiar (en un 60% a cargo de mujeres) y, en menor medida, sobre el sector privado. La pandemia no ha hecho más que evidenciar las carencias del modelo, especialmente en las residencias.

Falta financiación

Con fecha del 31 de diciembre de 2020, había en España 1.356.473 personas (30.000 menos que en 2019 por la covid) en situación de dependencia reconocida y otras 141.556 pendientes de valoración, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esto significa que el 3,6% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

El limbo de la dependencia —personas con derecho pendientes de recibir servicio o prestación— es uno de los mayores fracasos del sistema. En él había 234.000 personas a finales de 2020. Tienen en su contra que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días, aunque en cuatro comunidades (Canarias, Andalucía, Extremadura y Asturias) se superan los 18 meses. Cristóbal Valderas, presidente de la empresa Clece, habla sin paños calientes: “Se mueren cerca de 174 personas al día con la ayuda aprobada. Estamos fallando como sociedad”. En concreto, en 2020 fallecieron 55.487 personas de las listas de espera.

El asunto se ha convertido en un arma arrojadiza política. “En 2021, el sistema incorporó a 60.000 personas y la lista de espera se redujo un 8%”, dijo Ignacio Álvarez Peralta, secretario de Estado de Derechos Sociales, durante el último encuentro de Economía Senior. Sin embargo, las comunidades y el Gobierno habían pactado sacar de esa lista de la vergüenza a 60.000 personas en 2021 y “tan solo salieron 20.000″, criticó Alicia García, portavoz del PP en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados.

La inversión pública en el sistema de atención a la dependencia fue de 8.907 millones de euros en 2020 (último dato disponible), en torno al 0,6% del PIB. El gasto anual medio por persona beneficiaria ascendió a 7.991 euros. Las comunidades autónomas financiaron el 84,4% y la aportación estatal se situó en el 15,6%, muy lejos del 50% que exige la ley y que ningún Gobierno ha cumplido.

“La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy y ello ha supuesto dejar de invertir 6.000 millones de euros”, denuncia el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Sin embargo, añade, en enero de 2021, Gobierno e interlocutores sociales acordaron un plan de choque a la dependencia que contemplaba un incremento de la financiación de 600 millones de euros para 2021 y la recuperación del nivel acordado. “Las tres patas del plan de choque son reducir las listas de espera, mejorar los servicios de atención domiciliaria y residencial y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector”, enumera el secretario de Estado de Derechos Sociales.

Gasto o inversión

Los expertos consultados advierten de que uno de los grandes retos para trasformar el modelo de cuidados es tratar el coste como una inversión y no como un gasto. “Por cada millón de euros de inversión pública se generan 35 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables. No hay ninguna inversión pública que aporte tantos empleos directos”, señala José Manuel Ramírez. En concreto, el sector emplea a 250.000 personas. Además, insiste Ramírez, se generan retornos económicos del 39,9%. “Por cada millón de euros, 400.000 euros se revierten al Estado a través del IVA, el impuesto de sociedades y la Seguridad Social”.

También el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Fernando Bermejo expone que la partida en dependencia no debe entenderse solo en su dimensión de gasto: a través de la demanda de consumo que genera también se crea empleo y renta. Los resultados de su investigación reflejan que “con un gasto en dependencia de 5.400 millones de 2009 a 2015, el nivel de producción que genera ese gasto es más del doble”. La mayor parte de la renta obtenida en la producción se distribuye entre los salarios de los trabajadores y los beneficios a las empresas, pero otra parte vuelve a la Administración. Por ejemplo, el gasto público anual en dependencia en España genera un retorno a las arcas públicas del 37% del gasto inicial a través de impuestos.

La socióloga María Ángeles Durán, profesora de investigación del CSIC, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Sociología y autora del libro La riqueza invisible del cuidado: el cuidatoriado, insiste en hablar de los cuidados como producción de riqueza. Una riqueza que, sin embargo, no se refleja en el PIB porque es un trabajo gratuito que suele recaer en las mujeres. Durán calcula que ese trabajo no remunerado “correspondería a 28 millones de empleos a tiempo completo”. La investigadora ha desarrollado el concepto de cuidatoriado, una clase social emergente muy desprotegida y formada, sobre todo, por mujeres inmigrantes que cuidan. “La carga del cuidado que se nos viene encima es tremenda”, señala. Durán dice que por cada 12 horas que ponen los profesionales hay que añadir 88. “Imagine la desproporción entre el sector pagado y el no pagado: por cada 12 horas del primero se necesitan otras 88 del sector privado, de las familias o de autocuidados”.

Otro de los retos de la dependencia es la falta acuciante, y muy preocupante, de mano de obra. “El problema del envejecimiento radica en la falta de recursos y de retribuciones salariales justas y equiparables a países como los nórdicos, donde se considera un plus cuidar a las personas mayores. Los salarios de estos profesionales son mayores y esto facilita retenerlos en el sector”, señala Mercedes Abades. El director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, estima que “se van a necesitar unos 290.000 profesionales más en el sector de los cuidados en 2040″. Es uno de los menos atractivos para trabajar por sus condicionales laborales y salariales. Se calcula que en torno al 80% de los cuidadores no son profesionales. Hasta el punto de que “el 60% o 70% de las empleadas del hogar están haciendo hoy tareas de cuidados y eso es un defecto del sistema”, dice Barriga.

Esta falta de mano de obra y la alta rotación es el pan nuestro de cada día en las empresas de atención a domicilio, donde “tres de cada cuatro trabajadores son mujeres”, apunta Ramírez. Clece, compañía de ACS, es la principal empresa que trabaja en el sistema de atención a la dependencia. Da ayuda a domicilio a 122.365 usuarios a través de 18.376 profesionales y su cuota de mercado fue del 19,45% en 2020, según DBK. Su presidente pone el acento en la falta de financiación y critica el aumento del copago. “Dificulta el acceso universal de los mayores a estos servicios”, dice Valderas. Según la comunidad autónoma, el dependiente paga entre el 0% y el 75% del servicio.

A estas compañías se las culpabiliza de los bajos salarios y las condiciones laborales del personal. Valderas cree que es “injusto”. “Las empresas solo pagamos el salario que se recoge en los pliegos de condiciones que sacan a concurso los ayuntamientos”, argumenta, y que oscila desde los 13 euros la hora de media en Andalucía a los 26 euros del País Vasco. El presidente de Clece considera que es momento de dignificar el sector y pide que sindicatos y patronales incrementen los salarios y que estos se reflejen en los pliegos.

El creciente envejecimiento y la cada vez mayor demanda de cuidados, así como la imposibilidad del sector público de atenderla, es el abono para muchas empresas y start-ups nacidas en los últimos años. Su fin es vender cuidados y su éxito es una muestra del crecimiento exponencial que está teniendo el sector caretech en España. Un buen ejemplo es Cuideo, fundada en Barcelona en 2016 y líder en España en el sector de cuidados a domicilio. Su aportación ha sido digitalizar el sector y ofrecer servicios en cualquier punto del país. “Desde que comenzó la pandemia se ha multiplicado por tres la demanda de cuidados a domicilio”, señala José Luis Ballescá, analista de Desarrollo de Negocios de Cuideo. Otras empresas son Qida o Senniors.

Las familias tienen necesidad y prisa. “Desde que empiezan a buscar en Google hasta que encuentran cuidadora pasan menos de 24 horas”, según la start-up navarra Familiados, que ha contabilizado que en 2021 hubo más de 300.000 búsquedas de cuidadores mensuales en internet. La hora de cuidados se paga a 14 euros de media en provincias como Navarra, Barcelona o Gipuzkoa, mientras que apenas llega a 10 euros en Sevilla, A Coruña o Murcia.

La lista de este ecosistema empresarial es amplia. Algunos ejemplos son Tucuvi (inteligencia artificial y voz para monitorizar a los pacientes en su hogar) o SeniorDomo (con dispositivos como localizadores o sistemas de detección de caídas). “Es un sector económico que se abre paso y que, además, es atractivo para la inversión extranjera”, expone María Romero, socia directora del área de Economía de Afi. Se refiere al interés que muestran los inversores internacionales en este tipo de compañías, en las residencias de la tercera edad y en el negocio del cuidado a distancia.

España pone el contador a cero para surfear la ola más grande de su historia. Repensar el modelo de arriba a abajo “es un tema que va a requerir de una especie de Pacto de Toledo”, cree Barriga. Y añade: “Ya hay conciencia de problema y de desafío, que no es poco”. María Luisa Carcedo tiene claro que la estrategia ha de ser global: “Tenemos que repensar la sociedad en su conjunto. Que las personas que quieran morir en su casa puedan hacerlo; hay que redefinir el urbanismo, la vivienda o el transporte público”.

Hoja de ruta

La hoja de ruta del Gobierno español pasa por reforzar las políticas de atención a la dependencia e impulsar el cambio en el modelo de cuidados de larga duración, impulsando la desinstitucionalización. Es decir, se priorizará que estas personas permanezcan en sus hogares y sean atendidas en entornos comunitarios el mayor tiempo posible, frente al traslado a residencias. La gente mayor quiere estar en sus casas. “No quiere morir alrededor de batas blancas”, dice José Manuel Ramírez. Esto no significa el cierre de las residencias, que deberán estar centradas en las personas y serán centros más modulares y pequeños.

Emergerán nuevas opciones, como las fórmulas de autocuidado basadas en innovaciones tecnológicas (telemedicina, apps, supervisión por internet, adaptaciones domóticas). Hablamos de robots sociales, andadores inteligentes, teleasistencia avanzada (avisa si, pasadas una horas, el usuario no ha abierto el grifo, por ejemplo)… España también contempla la cohabitación con apoyo intergeneracional entre miembros que no sean de la familia, el denominado senior cohousing en sus múltiples formas (viviendas colaborativas, cooperativas, colectivas) o los bancos de tiempo o voluntariado de acompañamiento para evitar la soledad.

‘Silver economy’: una fase vital cada vez más valiosa

Cumplir años y peinar canas ya no es sinónimo de entrar en tiempo de descuento. Sarah Harper, fundadora del Instituto de Envejecimiento de la Población de la Universidad de Oxford, tiene la firme creencia de que la vejez ya no llega a los 70 años, sino al convertirnos en dependientes.

La mayor esperanza de vida de la población mundial y la ampliación de los años con buena salud son un logro incuestionable. Son los cimientos de la llamada silver economy, el ingente negocio alrededor de las necesidades de los mayores de 50 o 55 años: ocio, turismo, deporte, seguridad, alimentación, cultura, planes de pensiones, urbanismo, vivienda, tecnología, productos financieros (hipotecas inversas, nuda propiedad...), seguros, salud, estética y cosmética, moda, productos sanitarios, alimentación… También la economía de los cuidados y la atención a la dependencia constituyen una parte de esta economía plateada.

Pero, el grueso está compuesto por personas que gozan de buena salud, que pueden seguir trabajando, ahorrando, creando y consumiendo. Las empresas tienen el reto de personalizar sus productos para estos segmentos de población, cada vez más exigentes.

Han surgido “nuevos productos y servicios para una población que presenta una actitud frente al envejecimiento completamente renovada. Una población que busca una vida activa y con propósito. Los mayores hoy cuentan con salud y calidad de vida suficientes como para seguir aportando a la sociedad su talento, su trabajo y su capacidad de consumo. Y esto supone un revulsivo económico sin precedentes” indica Benigno Lacort, consejero delegado de Atenzia.

Que la población cumpla años representa en la actualidad una de las mayores oportunidades de crecimiento del PIB para España. Sobre todo, porque se espera que 23,3 millones de españoles (el 53% de la población total) tendrán una edad superior a 50 años en 2050.

La silver economy generó en España un impacto directo, indirecto e inducido de 325.303 millones de euros en 2019, lo que equivale al 26% del PIB. Así lo recoge un análisis elaborado por Oxford Economics en colaboración con la Universidad de Salamanca para el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento). Generó 4,4 millones de empleos.

Según la Comisión Europea, tiene un potencial de crecimiento de un 5% anual hasta 2025. Las previsiones apuntan que la economía de las canas alcanzará los 6,4 billones de euros y los 88 millones de puestos de trabajo para ese año. Esto equivaldría al 32% del PIB y al 38% del empleo de la UE.

Seguir trabajando

En el ámbito laboral, esta generación senior quiere tener un envejecimiento activo y poder decidir si quiere seguir trabajando una vez cumplida la edad legal de jubilación. El problema es la discriminación por edad o edadismo, cada vez más presente en España, como demuestra el hecho de que el desempleo entre los mayores de 50 años se ha disparado a pesar de la caída general del paro. Si se equipararan las tasas de actividad de la población española mayor de 55 años a la de países como Suecia o Dinamarca, donde una parte significativa de las personas mayores combinan su jubilación con cierta actividad laboral, España ganaría 1,6 millones de personas activas de aquí a 2050, según el documento España 2050.

Esta población se cuida, tiene patrimonio e ingresos. “Cuenta, en su conjunto, con el mayor poder adquisitivo de entre todos los segmentos de población. En España se estima que los mayores de 60 años ostentan el 60% de la riqueza del país”, dice Lacort. De ahí que cada vez más empresas estén interesadas en este perfil de consumidor.

Uno de los segmentos de negocio que más está creciendo son las distintas fórmulas para convertir la vivienda en dinero y seguir viviendo en ella hasta el final. No hay que olvidar que la casa es considerada por los mayores de 65 años como su mejor plan de pensiones; que es el lugar en el que quieren residir; que el colectivo de edades más avanzadas no tiene acceso a financiación bancaria; y que, ante una dependencia severa, lo más probable es que el flujo de renta sea deficitario. Según un estudio de Seguros Santalucía, el coste económico de los cuidados de la dependencia de grado III representa 1,6 veces el importe medio de la pensión pública por jubilación entre las personas de 80 y 84 años, aumentando hasta 1,8 veces entre la población de 85 y más años. Este déficit es mayor en el caso de las mujeres, ya que el importe medio de las pensiones contributivas por jubilación es menor que el que reciben los hombres.