El caos humanitario desatado por la suspensión de USAID se siente ya en el terreno

De la más grande a la más pequeña de las ONG humanitarias se han visto afectadas por la decisión de Donald Trump de suspender los fondos de asistencia internacional que canalizaba hacia un centenar de países a través de USAID (la agencia estadounidense para el desarrollo internacional) y Pepfar (Plan de Emergencia del Presidente para la Atención de Sida). La medida es temporal, 90 días desde el 20 de enero; plazo en el que Estados Unidos evaluará si reanuda la financiación, en qué cuantía y para qué programas. Pese a que después se dejó fuera de sus efectos a Egipto e Israel, así como programas nutricionales en contextos de extrema necesidad, el impacto del caos desatado en el terreno ha sido directo e inmediato, provocando despidos en las organizaciones, paralización de cadenas de suministros y cancelación de proyectos.

El juez de distrito de Columbia, Amir Ali, emitió el 13 de febrero una orden en la que emplazaba a la Administración a desembolsar los fondos previamente comprometidos ―unos 2.000 millones de dólares o 1.900 millones de euros― antes del 26 de febrero. El presidente del Tribunal Supremo de EE UU, John Roberts, suspendió esa orden horas antes de que venciera el plazo. Las organizaciones de ayuda internacional se manifiestan en las calles y apelan a la justicia para que arregle el desaguisado. En un escrito presentado el pasado viernes ante el Supremo, argumentaron que “se enfrentarían a un daño extraordinario e irreversible” de mantenerse la congelación.

Más de 300 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir en el mundo, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Estados Unidos cubría el 47% de la financiación global en esta partida. También es el mayor donante en el ámbito de la cooperación y organismos multilaterales para el desarrollo. A falta de cálculos precisos y un registro pormenorizado de los efectos de la congelación, las organizaciones denuncian que millones de niños quedan sin acceso a la educación, refugiados sin sustento, mujeres sin garantías para salud sexual y reproductiva, enfermos sin tratamiento. Sobre todo, en África.

El continente africano recibe unos 17.000 millones de dólares al año en ayudas procedentes de EE UU. Y las consecuencias de la suspensión ya se están dejando sentir. En Gambia, gracias en gran medida a los fondos procedentes de USAID, la Asociación de Mujeres por el Empoderamiento de las Víctimas (WAVE, por sus siglas en inglés) presta desde 2019 apoyo social, psicológico y jurídico a minorías religiosas oprimidas por la dictadura de Yahya Jammeh y, sobre todo, a cientos de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales y torturas. “Es una catástrofe para nuestros proyectos y un paso atrás en la reparación del daño causado. Se envía la señal de que las violaciones de derechos humanos pueden quedar impunes”, asegura Majabou Ceesay, coordinadora de programas de la organización.

El 24 de enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos y USAID comenzaron a enviar órdenes de suspensión a miles de socios ejecutores, contratistas y beneficiarios en todo el mundo. La activista gambiana fue una de las que recibió un correo electrónico con la fatal noticia. Freedom House, la ONG estadounidense que canalizaba los fondos USAID a su organización, le advertía de que debía detener de inmediato sus actividades, y la asociación ya está informando a sus beneficiarios de la nueva situación. “Vamos a tener serios problemas para mantener a nuestro personal. Esto es un varapalo para el proceso de transición democrática y para la cohesión social en Gambia. El Gobierno no está haciendo mucho por las víctimas de la dictadura y somos las ONG quienes prestamos ese apoyo. Sin este sostén económico están en peligro la paz y la convivencia”, asegura rotunda.

Si el dinero estadounidense ha desempeñado un papel fundamental en el refuerzo de la democracia, la libertad de expresión y la gobernanza, aún más importante es su apoyo a la salud pública, capítulo en el que también es el mayor donante del mundo. Es hasta la fecha el principal contribuyente al Fondo Mundial para la Malaria, la Tuberculosis y el VIH, con 26.300 millones de dólares aportados desde su fundación en 2002, y 6.000 millones comprometidos para el período 2023-2025. En este momento están bajo amenaza programas de vacunación rutinarios y millones de tratamientos antirretrovirales contra el VIH. En Nigeria, que en 2023 recibió 1.000 millones de dólares estadounidenses, la mayoría de USAID, reina la incertidumbre acerca de la viabilidad de numerosos proyectos de salud materno-infantil y la lucha contra el sida, en un país que cuenta con 1,3 millones de enfermos, según las cifras del Ministerio de Sanidad.

Sudáfrica, con 8,5 millones de personas con VIH, es el principal receptor de ayuda a través del Plan de Emergencia del Presidente para la Atención de Sida (Pepfar, por sus siglas en inglés), puesto en marcha en 2003 por el presidente George W. Bush y que ha permitido el acceso generalizado y gratuito a tratamientos. La congelación de los fondos ha supuesto el cierre de clínicas de salud sexual en este país, donde se realizaban pruebas gratuitas y se trabajaba la prevención y la atención a pacientes.

“La suspensión de los proyectos de prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo ha resultado ya en más de 2.800 infecciones adicionales en el mundo, que no habrían ocurrido si la congelación no se hubiera producido”, estima la organización Human Rights Watch.

“Despiadada y caótica”

“Estamos evaluando la situación”, fue la respuesta cauta inicial de la mayoría organizaciones receptoras de fondos de USAID o Pepfar. Mantenían el silencio. Cáritas Internacional es una de las que primero ha roto el mutismo con un duro mensaje contra la “imprudente” decisión de Washington. “La forma despiadada y caótica en que se está implementando esta decisión insensible amenaza la vida y la dignidad de millones de personas”, advierte la ONG. “Detener USAID abruptamente matará a millones de personas y condenará a cientos de millones más a vidas de pobreza deshumanizante. Esto es un ultraje inhumano a la dignidad humana otorgada por Dios, que causará un sufrimiento inmenso”, señala Alistair Dutton, secretario general de la entidad, en un comunicado.

En India, la Clínica Mitr, el primer centro de atención sanitaria del país dedicado a atender a la comunidad transgénero, ha cerrado sus puertas debido a la suspensión de los fondos de USAID, informaron fuentes próximas a la organización a EFE.

Por su parte, Acción contra el Hambre ha publicado un análisis del impacto sobre la operativa de esta ONG. Un 30% de su financiación proviene de fondos estadounidenses y la pérdida de este donante “afectaría a unos 50 programas en países como Níger, Etiopía, República Democrática del Congo, Colombia, [países de] Centroamérica o Afganistán”, detalla. Por ejemplo, en Níger, unas 560.000 personas dependen de la ayuda de la entidad. “La congelación de fondos dejaría a comunidades vulnerables sin acceso a centros de salud con profesionales formados”, concluye. En Honduras, 30.000 beneficiarios de esta ONG podrían verse afectados, y en Colombia, 28.000.

Bangladés fue el tercer país receptor de ayuda internacional en 2023, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), principalmente porque alberga uno de los mayores campos de refugiados del planeta. En Cox’s Bazar viven más de un millón de rohinyás que han huido de Myanmar desde 2017 y dependen completamente de la asistencia humanitaria. La respuesta para esta crisis ha sufrido un hachazo constante en los últimos años. Muchos servicios esenciales, incluidos la educación, la protección infantil y la atención médica, son financiados por USAID. Y, aunque el Gobierno interino de Bangladés, liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, ha afirmado que Washington no suspenderá su financiación para los rohinyás, el impacto de la congelación ya se siente, según los refugiados y los trabajadores humanitarios. “La gestión de residuos se ve obstaculizada, los programas de violencia de género se enfrentan a desafíos y el programa de vacunación está en riesgo”, explicó Mizanur Rahman, comisionado de ayuda y repatriación de refugiados de Bangladés, al portal especializado Devex.

Educo Bangladés es una de las entidades que despliega programas en el campo, principalmente educativos. No recibe fondos de USAID, pero la medida perjudica a sus beneficiarios: los niños y sus familias que dependen de programas gestionados por ONG financiadas por EE UU. “Además, podría impactar en nuestros donantes y cartera de recaudación de fondos al aumentar la competencia entre las ONG en su búsqueda de fuentes de financiación alternativas”, anota Abdul Hamid, director de Educo en el país asiático. “Conocemos muchas, incluida una de nuestras organizaciones socias, Eco Social Development Organisation, afectadas. Varios de sus proyectos han sido detenidos y más de cien de sus empleados han sido despedidos. Ahora están atentos a la próxima decisión de EE UU cuando hayan pasado los 90 días, y exploran soluciones alternativas para hacer frente a esta situación”.

“Es urgente que otros donantes ocupen el lugar de EE UU”, reclaman en un reciente análisis Ian Mitchell y Sam Hughes, expertos del Centro para el Desarrollo Global. El apoyo estadounidense es demasiado grande para ser reemplazado por completo, pero su ausencia debería alentar a otros países a intensificar sus esfuerzos. Citan al Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y España, que acogerá la conferencia sobre financiación para el desarrollo en junio y “podría desempeñar un papel importante”. El otro gran actor es China, que el año pasado prometió aumentar su apoyo a África a más de 50.000 millones de dólares en tres años y podría incrementar la proporción de donaciones en lugar de préstamos, según los analistas.