Rumania, la transición en suspenso

Treinta años después de la muerte de Nicolae Ceausescu, cuya caída arrastró a Rumania en el episodio más traumático del colapso del telón de acero, la historia no ha puesto aún punto final a su siniestro legado. Hace un mes arrancó en Bucarest el macrojuicio que determinará la autoría del casi millar de muertes de la revolución rumana, casi todas tras la desaparición del Conducator, y que los fiscales consideran crímenes contra la humanidad. Este año, además, podrían ser imputados los primeros responsables de orfanatos —cuya horrible existencia desveló la caída del régimen—  por la muerte entre 1966 y 1989 de 15.000 a 20.000 niños. La imagen del espanto con que muchos identifican la Rumania de Ceausescu fue esa cadavérica legión de seres en los huesos.

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La ejecución del dictador y de su esposa, Elena, tras 23 años en el poder, abrió de golpe la compuerta  de un caudal de represión, sospecha permanente —azuzada por la infame Securitate, la policía secreta— y miseria atroz instrumentados por quien Occidente llegó a considerar el verso libre del comunismo.

A mediados de diciembre de 1989, el país parecía ser una carta más en el castillo de naipes del Este. El traslado del pastor László Tőkés, crítico del régimen, de su iglesia en Timisoara, prendió la mecha de las protestas. Diez días después, el 25, los cadáveres de los Ceausescu, ejecutados tras un juicio sumarísimo, eran mostrados a las cámaras en un alarde de exhibicionismo vindicante, como el del iraquí Sadam Husein 14 años después. Con el magnicidio, la sangre empezó a correr por el país. Pero ¿qué sucedió para que en Rumania se desbordara la marea de libertad que avanzaba pacíficamente por el Este europeo?

De la sangre derramada se acusa al expresidente Ion Iliescu, que asumió la presidencia el 22 de diciembre, el día que huyó Ceausescu; a su exviceprimer ministro y al jefe de la Fuerza Aérea. La Fiscalía sostiene que lideraron la revolución y crearon deliberadamente una atmósfera de caos para alcanzar el poder, lo que resultó en “cientos de muertes innecesarias”. Ergo evitables, como, según los expertos del Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas —una instancia oficial—, fueron también la mayoría de las muertes en los orfanatos, el letal resultado de la voluntad de perpetuación de un régimen cada vez más alienado y totalitario: la prohibición del aborto y la contracepción, para incrementar la natalidad, más una economía estrangulada y en manos del FMI, condujo a la práctica inanición a miles de gestantes y bebés mientras los Ceausescu nadaban en una megalómana opulencia.

A diferencia de sus pares de Polonia, Hungría o Bulgaria, que a instancias de Mijaíl Gorbachov habían entendido la necesidad del diálogo, Ceausescu se enrocó, llegando a pedir una intervención del Pacto de Varsovia en octubre contra la apertura polaca. “El régimen rumano fue el único incapaz de cambiar. Desde 1965 Ceausescu había promovido en la cúpula del partido, el Estado y la Securitate a leales que le mostraran obediencia y servidumbre. En 1989 no había nadie que pudiera proponer reformas o soluciones políticas siguiendo el modelo de Gorbachov”, explica por correo electrónico el investigador Dumitru Lacatusu, del Centro de Consulta Histórica. “La Securitate tenía vía libre para hacer lo que hacía desde 1948 [cuando se fundó al modo del NKVD soviético]: reprimir cualquier intento de revuelta, como en 1987 en Brasov”, escenario de una masiva huelga fabril.

“Ceausescu presentó las protestas de Timisoara como la acción de agentes extranjeros y terroristas y ordenó al Ejército y al Ministerio del Interior (Securitate y Militia) que las aplastaran. Y amenazó a sus fieles con dimitir, lo que hizo que estos cerraran filas y se encastillaran. En resumen”, añade Lacatusu, “la rumana fue la única revolución violenta porque la élite comunista estaba compuesta únicamente por fieles, por la falta de alternativa a Ceausescu, su rechazo a cualquier tipo de reforma y la defensa del régimen por la Securitate”.

Adrian Cioroianu, historiador, periodista, político y exministro de Exteriores, recuerda de la caída del tirano su inesperado debut en el periodismo. “Era estudiante y estaba de vacaciones en mi ciudad natal, Craiova (suroeste). El día 22 salí a la calle con una bandera tras oír en televisión que Ceausescu había huido de una reunión del comité central del partido. Dos o tres docenas de compañeros nos encerramos en la Casa del Estudiante. El día 23 me estrené como periodista en el primer número libre del diario local”, rememora.

El fervor juvenil le hizo ver el proceso contra Ceausescu como un mal necesario. “Su ejecución me pareció lógica. El dictador parecía tan intangible y tan invulnerable que, en mi cabeza, solo su muerte podía significar el triunfo de la revolución. Pero ahora comprendo que diciembre de 1989 tuvo varios niveles: una revuelta popular real (del 16 al 21), luego un golpe dentro del partido (22-25), y el desafío de la oposición anticomunista, que surgió entonces. Pero creo que fue una verdadera revolución, por sus consecuencias en los años siguientes”.

Como si las tres décadas transcurridas desde entonces fueran un paréntesis de responsabilidad y orfandad histórica, los dos expertos dudan a la hora de hablar del término transición: de su concepto, pero también de su lapso. “Rumania es, después de 1989, una democracia renacida. Y en democracia una transición política nunca termina. El problema, en mi opinión, es que desde los primeros años noventa no ha habido deseo político real de arrojar luz. Los crímenes del 16-22 pueden ser elucidados, por la responsabilidad de la jerarquía. Pero en los registrados a partir del 22, es arduo probar qué fue caos revolucionario, y qué manipulación, intencionada o no. La paradoja es que la justicia se está acercando a la verdad ahora, cuando el número de los potenciales culpables se ha reducido por razones naturales”. El propio Iliescu tiene 89 años y una frágil salud para afrontar un juicio que amenaza con demorarse: solo en la primera fase está previsto que declaren 5.000 testigos.

El estancamiento político que siguió a 1989 es clave, para Lacatusu, a la hora de analizar las sombras de la transición. “La élite que tomó el poder, que se presentaba como fruto de la revolución, convirtió el Frente de Salvación Nacional [FSN, recién creado por Iliescu] en partido y aparato estatal, y su primer gesto fue llamar a Moscú. Esa élite no dudó en usar la violencia política contra los críticos pero a la vez presentaba su régimen como una verdadera democracia. Iliescu firmó la paz con la nomenclatura anterior y con la Securitate, cuyos mandos fueron reabsorbidos por el nuevo sistema. Fue en 1996, con el triunfo electoral del CDR [coalición de centroderecha], cuando los políticos se distanciaron del comunismo pero, tras un mandato de cuatro años, incluso el presidente Emil Constantinescu se declaró derrotado por la Securitate. Al menos hasta la entrada de Rumania en la OTAN [en 2004], miembros de la Securitate se mantuvieron en instituciones del Estado. La imitación de la democracia fue una característica de la transición rumana. Solo la orientación euroatlántica de la OTAN y la UE [2007] aceleró la transición”.

La completa alienación del pasado se da aún de bruces con el hecho de que la vieja nomenclatura se travistiese de demócrata para encarnar durante lustros el nuevo sistema. Y las pruebas documentales tampoco ayudan, recuerda Lacatusu: “Para hacer justicia a las víctimas, es clave que se hagan públicos los documentos, no solo de la revolución, sino de todo el periodo comunista. Pero incluso el Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate (CNSAS), la institución que se ha hecho cargo de sus archivos, solo tiene documentos fechados hasta el 22 de diciembre [de 1989]”.