Rumania abre la caja de los truenos de la era Ceausescu

Traian Popescu fue torturado por las fuerzas de la Securitate, los temidos servicios secretos de la Rumania comunista, para obligarle a golpear a sus propios compañeros de celda. Fue en la localidad de Pitesti, en una de las terroríficas prisiones de la dictadura que dirigió el mayor país de los Balcanes hasta 1989. "Nos volvían locos, nos destruían física y psicológicamente", recuerda Popescu, que ahora tiene 84 años (aparenta menos, y eso que se pasó 16 años internado) y vive en Bucarest. Él aguantó la presión y las palizas. No accedió a torturar a nadie (otros sí). Pero los malos tratos que sufrió le han dejado estéril y con cicatrices en el cuerpo y "en la memoria". Como él, cientos de miles de presos políticos fueron encarcelados por el régimen de Nicolae Ceausescu. Ninguno de los responsables de aquellas atrocidades ha ido a prisión. Ahora, el Gobierno se prepara para llevar ante la justicia a 200 guardias de las cárceles y campos de trabajo de la dictadura.

El silencio sobre el pasado en Rumania ha sido total hasta que el actual Gobierno, elegido a final de 2004, se ha atrevido a romperlo. Este paso adelante es una de las causas que se esconden detrás de la crisis política que atraviesa el país. Rumania (23 millones de habitantes y, de ellos, entre 500.000 y 800.000 en España) se enfrenta este sábado a una votación clave. Los ciudadanos tendrán que decidir en referéndum si confirman la destitución del presidente, Traian Basescu, un reformador centrista que en 2004 ganó a los ex comunistas. Basescu, el político más popular del país, fue suspendido del cargo temporalmente el 19 de abril por una amplia coalición parlamentaria, formada por la oposición (socialdemócrata) y partidos del propio Gobierno (liberales) que formaban alianza con el presidente y han decidido abandonarle, bajo acusaciones de abuso de poder que el Tribunal Constitucional no ha corroborado.

"La corrupción es el principal motivo de la disputa, pero la determinación de Basescu para sacar a la luz las barbaridades del comunismo y condenarlo [lo hizo en el Parlamento en diciembre y fue abucheado] ha asustado y enfadado a muchos diputados y senadores", afirma la doctora Camelia Doru, directora de la Fundación Icar, que proporciona atención médica y psicológica a los presos políticos. Existe una relación directa entre comunismo y corrupción. Detrás de todos los escándalos hay un ex policía secreto o un alto cargo de la Nomenklatura que han sabido sacar tajada de la información confidencial y contactos que consiguió la Securitate a base de torturar, espiar y asesinar.

La campaña emprendida por el Gobierno se articula en torno a un proyecto de ley para incrementar las pensiones de las víctimas y anular las sentencias de la dictadura (en tramitación parlamentaria); una ley que ha permitido abrir los archivos secretos de la Securitate, y un proyecto de ley de lustración (como las puestas en marcha en muchos otros países ex soviéticos, como en Polonia en 1997) para que los que ocupen altos cargos públicos (políticos y jueces, sobre todo) tengan que dar cuentas de su posible pasado comunista. Esta última es una de las más polémicas y está bloqueada en el Parlamento.

"No interesa sacarla adelante, porque afectaría a muchos políticos, y de todos los partidos", explica Stejarel Olaru, director del Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas en Rumania, creado en 2005 por el Gobierno para reunir pruebas contra los que violaron los derechos fundamentales antes de la sangrienta revolución que en 1989 acabó con el régimen del dictador Ceausescu.

Reclutar niños

La semana próxima, este instituto, que el año pasado denunció a 15 ex oficiales de la Securitate por reclutar a niños como informantes, tiene previsto anunciar 200 denuncias penales contra guardias de las cárceles y campos de trabajo forzosos, donde el régimen maltrató a cientos de presos políticos hasta 1964, y después de forma más disimulada. Se les acusa de crímenes contra la paz y la humanidad.

"Hasta 2004 no hubo voluntad política de hablar de la dictadura, de lo que pasó realmente, pero todo cambió a partir de entonces; es un trabajo que hay que hacer", señala Olaru, asesor del primer ministro rumano, Calin Tariceanu (liberal), que pide el voto para destituir al presidente. "En la revisión del pasado comunista los dos están de acuerdo; afecta a todos los partidos".