La fiscalía rumana acusa a Iliescu de crímenes contra la humanidad

La fiscalía rumana ha abierto un procedimiento judicial contra el expresidente Ion Iliescu por crímenes contra la humanidad por la represión violenta de las protestas pacíficas de 1990, en las que murieron cuatro personas y más de mil resultaron heridas. El exmandatario, de 85 años, ha sido acusado de aplastar un movimiento de oposición a su Gobierno que sacó a miles de personas a las calles de Bucarest en junio de 1990, seis meses después de la caída del régimen comunista de Nicolae Ceaucescu.

Iliescu, de 85 años, miembro del aparato comunista en la época del exdictador ajusticiado, llamó a miles de mineros —conocidos como bocas negras— para contener a los manifestantes que habían organizado protestas y sentadas en las calles del centro de la capital rumana en junio de 1990; un mes después de las primeras elecciones democráticas (aunque con acusaciones y sospechas de irregularidades) en el país. Los mineros del valle del Jiu —unos 20.000 según los historiadores— llegaron a Bucarest con la orden de Iliescu de contener lo que llamó un "golpe de estado fascista".

La fiscalía, que imputa al expresidente también otros delitos penales, precisa que el 17 de junio, en la "represión violenta" de la marcha en la plaza de la Universidad de Bucarest, perdieron la vida cuatro personas, otras tres resultaron heridas graves y más de mil sufrieron "castigos corporales" y detenciones.

No es la primera vez que la justicia rumana investiga al exmandatario, que según informa Efe acudió este miércoles a la fiscalía. Iliescu, que siempre ha negado su participación en la ola represiva, fue absuelto de los cargos de asesinato en 2008. Los jueces no hallaron entonces evidencias que probasen su papel en los hechos.

Este nuevo procedimiento judicial contra el expresidente, que podría enfrentarse a hasta 25 años de prisión, se produce un año después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a Rumanía por su investigación "incompleta y deficiente" de los sucesos de junio de 1990. Una investigación, dijeron, marcada por "largos períodos de inactividad". Rumanía fue condenada entonces a pagar unos 30.000 euros a las esposas de dos de los fallecidos durante esa represiva.

Iliescu fue una de las cabezas del Frente de Salvación Nacional (FSN) —la estructura que tomó el mando del país durante la revolución de 1989— y lideró junto a Petre Roman el Gobierno provisional después de que Ceaucescu y su esposa Elena fueran ajusticiados por los cargos de genocidio. En junio de 1990, ante el temor a que las protestas pacíficas desembocaran en una pérdida de poder del gobernante FSN —que ya se había transformado en partido y había vencido en las elecciones— Iliescu recurrió a los mineros afines. Estos, armados con grandes estacas, porras metálicas y gruesos cables de acero recorrieron las calles de Bucarest buscando a " fascistas, gamberros y drogadictos".

El líder del FSN agradeció después a los mineros haber salvado la democracia. Algo más de un año más tarde, otra protesta minera pondría en jaque a su Gobierno. Iliescu dejó el poder en 1996. Aunque volvió a presidir el país entre 2000 y 2004, con el Partido Socialdemócrata.