Uruguay niega el asilo político al expresidente peruano Alan García

El Gobierno uruguayo ha denegado este lunes el asilo político al expresidente peruano Alan García, investigado por corrupción, al considerar que en su caso no existe persecución política y que en Perú "funcionan autónoma y libremente los tres poderes del Estado", ha afirmado este lunes el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. "Las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú", ha agregado el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

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García, según ha explicado el presidente Vázquez, deberá abandonar por sus propios medios la Embajada de Uruguay en Lima, donde se refugió la noche del pasado 17 de noviembre, día en el que un juez emitió la orden que le impide abandonar su país en los próximos 18 meses como investigado por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias, delitos ligados a la concesión de la línea 1 del Metro a la constructora brasileña Odebrecht, empresa con causas abiertas por corrupción en varios países de América Latina. Pese a que García, una vez conocida la orden de arraigo, aseguró a la prensa que acataría la medida porque no era un deshonor permanecer en su país para presentar "las contrapruebas", fue en ese momento cuando decidió refugiarse en la legación uruguaya.

Media hora después del anuncio este lunes en Montevideo, el embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros, informó de que el expresidente ya había abandonado la residencia diplomática. Poco después, el secretario de García, Ricardo Pinedo, declaró en la emisora Radioprogramas que en el transcurso de la mañana el exmandatario se dirigiría a su domicilio en el distrito de Miraflores, en Lima.

Desde hace dos semanas, varias delegaciones peruanas han visitado Uruguay para defender u oponerse al asilo de García. Entre ellas figura la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, que mantuvo encuentros con representantes políticos y denunció un "intento de manipulación" por parte del expresidente. También visitó Montevideo una comisión del APRA (el partido del exmandatario) que fue recibida por el expresidente Julio María Sanguinetti, el único político uruguayo que se había mostrado proclive a conceder la petición del peruano.

El presidente Vázquez y el ministro de Exteriores apuntaron este lunes en la rueda de prensa que la decisión resulta del análisis de un informe de más de mil páginas sobre el caso. Fuentes de la Cancillería de Perú precisaron que la nota diplomática de unas ocho páginas, que envió el Gobierno peruano, estaba acompañada por anexos que no sumaban un centenar de folios.

Uruguay, país con una larga tradición de asilo a personas perseguidas por razones políticas, aplicó el protocolo de Caracas de 1954, firmado por todos los países de la OEA. Dicho tratado hacía obligatorio que, ante la solicitud de García, se abriera el trámite y se tomara una decisión de acuerdo con argumentos jurídicos.

García está siendo investigado desde el año pasado por tráfico de influencias. Mientras el fiscal José Domingo Pérez amplió la causa a otros dos delitos tras recibir pruebas del área de sobornos de la constructora brasileña, que en julio de 2012 pidió a un abogado externo firmar un contrato con una fecha anterior y transferir 100.000 dólares de la contabilidad paralela a la cuenta bancaria del político como pago por una conferencia realizada en mayo de ese año en São Paulo. El expresidente residía en Madrid, por lo que el fiscal pidió su arraigo, con el fin de realizar diligencias de investigación.

La mayoría de los representantes del Frente Amplio (izquierda, en el poder) consideró que García se enfrenta a la justicia de su país por actos de corrupción, una postura que comparte la oposición de centro y centroderecha.

Hoy, el equipo especial para el caso Lava Jato de la Fiscalía peruana investiga, además de a García, a otros tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, a la exalcaldesa Susana Villarán y la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Las pesquisas se centrran en sobornos de Odebrecht y en aportes ilegales de esa empresa para campañas electorales.