La resistencia contra la resistencia despierta en California

La resistencia contra la resistencia está tomando forma en California. La división ha llegado por el asunto más efectivo de la política del presidente Donald Trump, la inmigración. Frente a las deportaciones indiscriminadas, el estado con más inmigrantes indocumentados levantó un muro de protección legal que le ha llevado a llamarse estado santuario. Ahora, algunas zonas republicanas tradicionales han izado la bandera del trumpismo y se han lanzado contra el Estado. Es una jugada impactante que ha conseguido algún tuit de Trump, pero también es de alto riesgo político para los republicanos.

La llamada política de santuario no tiene una definición legal clara. Es una calificación que se aplica en general a la política de no mezclar la seguridad con la inmigración. En las grandes ciudades de Estados Unidos, y en general en cualquier zona con mucha presencia de inmigrantes indocumentados (hay 11 millones en EE UU), significa que la policía no pide los papeles a nadie, para garantizarse la colaboración ciudadana. Esto es así desde hace décadas. El año pasado, California decidió elevar esta política local a todo el Estado, de forma que obliga a todos los sheriffs y policías locales a no colaborar con la policía federal de inmigración, como ya se hace en la mayoría de ciudades.

La ley SB54 se llamó Ley de los Valores de California, para dejar bien claro que estaba diseñada como un desafío a la actual política de Washington. Popularmente, es la Ley del Estado Santuario. Aparte de proteger una población indocumentada que se cuenta por millones, la ley quería significar a California frente a Trump, dar un puñetazo en la mesa. Y lo consiguió, en todos los sentidos. Un Partido Republicano en coma (los demócratas tienen todos los cargos electos estatales y federales de California, y Hillary Clinton ganó aquí por cuatro millones de votos), de pronto encontró un agravio con el que agitar la indignación de sus bases.

A principios de marzo, el fiscal general, Jeff Sessions, presentó una denuncia contra California y su gobernador por la SB54 y otras dos leyes más dirigidas a entorpecer la labor de la policía de inmigración. La denuncia pide la suspensión cautelar de la aplicación de estas leyes y, en último término, su anulación, por ser contrarias al criterio del Gobierno federal. La batalla judicial está en marcha.

La ofensiva de Trump y Sessions fue una llamada de atención a los republicanos de California. El 27 de marzo, la junta de supervisión del condado de Orange (una especie de gobierno provincial), de mayoría republicana, aprobó unirse a la demanda del Gobierno federal. Esta semana, lo aprobó el condado de San Diego, también republicano. Se han sumado una docena de poblaciones de ambos condados.

El lunes pasado, Los Alamitos, una pequeña barriada (11.600 habitantes) de alto nivel adquisitivo del condado de Orange, decidió llevar el asunto aún más lejos. Por medio de un bando municipal, se declaró “exenta” de la Ley Santuario al considerarla inconstitucional. Eso significa, en la práctica, que si un indocumentado se salta un semáforo en Los Alamitos, puede acabar deportado. Dos calles más allá, no. Los Alamitos ocupa 10 kilómetros cuadrados dentro de una gigantesca conurbación. Se ha alzado de pronto como el epicentro de la resistencia al progresismo californiano.

En esta zona al sureste de Los Ángeles, “no se puede separar una ciudad de otra”. Raúl Murillo, director de la Hermandad Mexicana de Santa Ana, no puede contener su indignación al teléfono. Estas asociaciones se dedican a facilitar servicios sociales y asesoría legal a mexicanos y la comunidad de Santa Ana es una de las más grandes de California. “La gente está preocupada”, afirma. “California es un estado que siempre ha reconocido la aportación de los inmigrantes. Nos preocupa mucho que un número pequeño de poblaciones esté haciendo ruido con declaraciones inconstitucionales”.

Troy Edgar, alcalde de Los Alamitos, asegura que “es una cuestión constitucional”. Como veterano, “me ofendí cuando aprobaron la SB54 y pensé que había que tomar una decisión por una cuestión de seguridad nacional”, dice en conversación telefónica. Edgar opina que un inmigrante indocumentado que haya cometido un delito debe ser entregado a la policía de inmigración. “Vivir aquí es un honor. Si estás aquí invitado y haces algo ilegal pierdes ese derecho y tienes que irte”. Edgar es republicano. Asegura, frente a las críticas, que no lo hace por llamar la atención para presentarse a otro cargo electo y que se va a retirar en diciembre después de 12 años de servicio público.

El concejal Warren Kusumoto, autor de la propuesta, declinó hablar para este reportaje porque el asunto está judicializado. La norma municipal fue inmediatamente contestada con una denuncia de inconstitucionalidad presentada el miércoles por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). A la denuncia se sumó un pastor local, Samuel Pullen, de una congregación llamada Iglesia Unida de Cristo en Los Alamitos. A la entrada de la iglesia, recibe una bandera arcoíris. “Creo que es indignante que el Ayuntamiento haya aprobado esta ordenanza”, dice Pullen. “No tiene ninguna utilidad para la comunidad. Es un numerito político y simbólico que va a tener un impacto real en las vidas de las personas”.

El condado de Orange es un territorio entre Los Ángeles y San Diego donde están algunas de las ciudades costeras más ricas y más pintorescas de California. De aquí salió Richard Nixon, el único presidente californiano. Aquí forjó su coalición Ronald Reagan para asaltar, primero, California, y después EE UU. Ha sido un bastión del republicanismo desde la II Guerra Mundial. Y en 2016, votó por la candidata demócrata, Hilary Clinton. Los cambios demográficos están amenazando a los republicanos también aquí. Con la llegada de Trump se ha abortado cualquier intento de moderación y el partido se ha quedado enrocado en su imagen antiinmigrantes.

Por eso Mike Mendelsohn, de 66 años, no entiende nada. Ha vivido siempre en Orange, lo recuerda completamente blanco, poblado por la clase media que huía de la degradación de Los Ángeles. Lo ha visto evolucionar durante décadas hasta llenarse de latinos (34% de la población). Mendelsohn es dueño de un restaurante mexicano, Baja Sonora, en Los Alamitos, en el que toda la cocina habla español. Ha visto todo tipo de situaciones migratorias en su negocio. Recibe clientes conservadores de Orange de toda la vida, de su generación, que le piden que cambie a Fox News en la televisión. “La gente puede ser muy estúpida”, decía esta semana en su restaurante. “¿Odias a los mexicanos y vienes a comer comida mexicana? ¿Quién crees que la cocina?”. Mendelsohn, que podría ser el blanco arquetípico de Orange, opina que “Trump no es conservador, es un monstruo”.

La decadencia del Partido Republicano de California comenzó a mediados de los noventa, después de una ofensiva antiinmigrantes que tuvo un doble efecto. Primero, dejar a los republicanos para siempre como un partido antiinmigrantes, y por extensión, anti latinos, que ya son el 39% de la población del Estado. Por otro, generó una movilización del voto latino, durmiente hasta ese momento. Los líderes de aquella movilización son hoy los líderes latinos de California. Los paralelismos con la situación actual son fáciles de ver.

“A los concejales les motiva el miedo, pero no a los inmigrantes, sino a Trump”, dice el pastor Pullen. “Nada de esto había ocurrido hasta que Trump y Sessions vinieron a California y dijeron a los republicanos que tenían que ponerse serios. Están escuchando a la parte más enfadada de su partido y les va a costar. Creo que el movimiento de base que ha surgido gracias a esto va a cambiar la política de Los Alamitos. La gente se ha unido para resistir de una forma que nunca se había visto. Creo que al final van a arrepentirse de haber hecho esto”.

El alcalde Troy Edgar cree que asistimos al fenómeno contrario. “Espero que sea el principio de una revolución. Ahora vamos a ver sumarse otras ciudades y espero que sea el principio para que el Partido Republicano encuentre su sitio y saque provecho de este momento histórico”.

Sin embargo, esa movilización de la que habla Pullen puede tener formas muy poderosas. Toni García, es un mexicano de 40 años de Guadalajara que tiene un negocio de contratista general de obras en la zona. La semana pasada, comunicó a la empresa maderera y al mayorista de pinturas a los que compra en Los Alamitos que no piensa volver a comprarles si no presionan a su Ayuntamiento para frenar la ordenanza. “Si esto sigue adelante, no quiero trabajar en Los Alamitos”.

García hace pedidos a estas empresas de hasta 80.000 dólares para una obra. Nunca más, asegura. “No voy a volver a comprarles si no apoyan a los inmigrantes. El fin de semana conduje 20 minutos hasta Norwalk para comprar la pintura en otro sitio”. Quiere movilizar a todos los mexicanos de la zona para que no gasten un dólar en las calles que componen Los Alamitos. Ni siquiera gasolina. “Podemos parar en la siguiente ciudad”. Ha avisado al restaurante donde iba todos los días a comer con su cuadrilla de que no volverán. Asegura que rechazará los encargos en ese pueblo. “Yo vivo de mi trabajo, pero también hay que tener dignidad. Alguien tiene que hacerlo”.

Este es un año electoral. En los próximos meses, se verá si lo que está sucediendo en Orange y San Diego es el principio de un resurgir conservador, o es el último grito desesperado antes de que esta parte de California sea engullida por los cambios demográficos que han convertido en demócrata todo el Estado. Lo que sí es ya una consecuencia palpable es que “afecta a la imagen de California” como estado que valora y protege a sus inmigrantes, dice Murillo, de la Hermandad Mexicana de Santa Ana. Pero pronostica que “los que están en contra de los inmigrantes encontrarán su fin político en un futuro próximo”.