California tramita una ley para ser un ‘santuario’ de sin papeles frente a Trump

La coalición de intereses anti Trump que impulsa la ley se presentó este lunes en Los Ángeles con una imagen poderosa. De León compareció en rueda de prensa junto con el exfiscal general Eric Holder, a quien el Senado estatal ha contratado como asesor legal frente al presidente, y con el jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, que daba así por primera vez su apoyo expreso a la SB54. El frente político, legal y policial trató de limar las dudas que está generando una medida que puede ser vista como radical.

A nadie se le escapa el enorme simbolismo de declarar California Estado santuario frente al republicano Trump. La ley, sin embargo, no inventa nada. Está fundamentada en protocolos de policía local con décadas de antigüedad. En ciudades como Los Ángeles, donde se da por buena la cifra de que hay al menos 800.000 indocumentados, la policía local (que tiene las competencias de seguridad ciudadana) no colabora con la policía federal de inmigración desde 1979. La razón es que, si amplios sectores de la ciudadanía temen que un encuentro con la policía pueda derivar en una deportación a su país de origen, serán menos proclives a denunciar delitos en general y a prestar testimonio ante un tribunal.

La policía de Los Ángeles ya ha registrado un descenso anormal en las denuncias de violencia machista por parte de vecinas latinas, lo que interpreta como miedo a que los casos acaben en una expulsión de EE UU. Esos datos hicieron que el alcalde de la ciudad dictara una orden prohibiendo a todos los funcionarios municipales colaborar con las autoridades federales de inmigración, en un alarde destinado a tranquilizar a la comunidad inmigrante.

Junto al jefe de policía de Los Ángeles, había representantes de las policías de Sacramento y Long Beach. Esta política es común en cientos de grandes ciudades de Estados Unidos, que a menudo reciben el nombre de ciudades santuario. El término lo empezó utilizando San Francisco y hoy la usa de forma peyorativa la derecha de EE UU, incluidos Trump y su fiscal general, Jeff Sessions.

La ley fue presentada en el Senado de Sacramento, capital de California, en diciembre pasado, un mes después de la victoria de Trump, con el nombre de Ley de los Valores de California. Lo que hace es extender a todo el Estado los protocolos de las grandes ciudades que hace tiempo que no colaboran con la policía de inmigración (ICE). Fue aprobada por el Senado el pasado 3 de abril sin un solo voto republicano.

Nadie necesita a los republicanos en un Estado en el que todas las grandes instituciones tienen mayoría demócrata, pero la ley tiene la oposición de varios sheriffs de California, especialmente de zonas humildes del interior, y está agitando a las resignadas bases republicanas. Recientemente, el fiscal general de California, Xavier Becerra, no pudo hablar en un evento en Pomona porque fue boicoteado por un grupo de partidarios de Trump contrarios a la ley. Uno de los peligros de la SB54 es que pueda ser la chispa que despierte a un partido en estado comatoso en California.

Este es el contexto en el que la Ley de los Valores de California afronta la tramitación en la Asamblea (Cámara baja) de Sacramento. De León hizo una exhibición de apoyos, desde el punto de vista legal y policial, ante la posibilidad de que el debate se enrede más de la cuenta. La ley pretende responder a la “amenaza constitucional de la temeraria Administración Trump”, dijo. El exfiscal general Holder (2009-2015) añadió que ha enviado una carta a su sucesor Sessions en la que explica que es perfectamente constitucional. En la carta, Holder afirma que el Gobierno federal no tiene autoridad para obligar a los Estados a ejecutar políticas que no son su competencia (como la política de inmigración) y tampoco puede condicionar la transferencia de los fondos federales a esas políticas, como ha amenazado reiteradamente el presidente.

La ley fue enmendada durante la tramitación en el Senado para permitir que las prisiones de California informen a la policía de inmigración de que un sin papeles encarcelado por delitos violentos va a quedar libre, de forma que lo puedan detener al salir y deportarlo. La enmienda respondía a la presión de republicanos y de algunos sheriffs. Según De León, la oposición de jefes de policía de áreas rurales a esta legislación tiene que ver con que no se ocupan de la seguridad pública, sino de gestionar las cárceles. El argumento republicano de que se trata de una ley que protege a criminales violentos ha encontrado aquí uno de sus apoyos.

De León, hijo de inmigrantes y el latino con más poder en California, ha asumido el liderazgo contra “la retórica repugnante que emana de Washington”, y puso como ejemplo una reciente comparecencia del director de la policía de inmigración en la que dijo que “todos los inmigrantes ilegales son una amenaza contra la seguridad pública”.

A través de dos órdenes ejecutivas (decretos) dictadas nada más tomar posesión en enero, el Gobierno Trump acabó con la política de prioridades de los presidentes George Bush y Barack Obama, que básicamente obligaba a la policía de inmigración (ICE) a concentrarse en sin papeles con antecedentes criminales y dejar en paz a todos los demás indocumentados. Ahora, todo el mundo es objetivo, como ha dicho la propia policía de inmigración. “Las detenciones de inmigrantes sin antecedentes han aumentado un 150%”, dijo el líder del Senado californiano, De León. El miedo es generalizado y es real.

Faltan al menos dos meses de tramitación y el gobernador de California (que tiene que aprobarlo en última instancia) no ha indicado si apoya o no la ley. El camino hacia el primer Estado santuario puede acabar en un conflicto institucional. La SB54 ya se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra Trump y en un signo de los tiempos.