Jeff Sessions: “Voy a utilizar todo mi poder para frenar a California”

Se calcula que una cuarta parte de los más de 11 millones de inmigrantes sin papeles de Estados Unidos viven en California, el estado más poblado del país, donde son considerados imprescindibles para la economía y la convivencia en general. Todos los cargos de California son demócratas. El Estado se comprometió desde el día uno de la Administración Trump a combatir las políticas del presidente llevando al límite su jurisdicción y aprovechando cualquier resquicio en el equilibrio constitucional entre los poderes federales y los estatales.

El Departamento de Justicia ha decidido entrar a la pelea, pero esta vez golpeando primero. Lo hace con una denuncia de inconstitucionalidad que podría convertirse en un caso definitivo sobre las leyes de inmigración. La denuncia, presentada el martes en los juzgados federales de Sacramento, dice que tres leyes aprobadas por California el año pasado son inconstitucionales porque contradicen la "supremacía" de las leyes federales. Entre ellas, la que más ruido ha hecho en Washington, la llamada ley del estado santuario SB54, que prohíbe a todas las fuerzas de seguridad de California colaborar con la policía de inmigración salvo por orden judicial y en casos de delitos graves. Esta política ya era habitual en distinto grado en las grandes ciudades, no solo de California, sino de todo el país.

Sessions se rodeó de una asociación de policías el miércoles por la mañana en Sacramento, la capital de California, ara hacer una exposición pública de sus razones. “Las elecciones tienen consecuencias”, dijo, para advertir que la lucha contra la inmigración ilegal fue un “factor clave” en la elección de Donald Trump y que su Gobierno se propone cumplir con ese mandato. En California, Hillary Clinton ganó por cuatro millones de votos.

“Premiar a aquellos que entran ilegalmente en un país con un estatus legal, Seguridad Social, beneficencia, cupones de comida y permisos de trabajo no puede ser la política de una gran nación”, dijo Sessions. “Mientras, los que se meten en este proceso (de inmigración) de forma legal y paciente son discriminados todo el tiempo”.

El fiscal general pudo entonces el conflicto legal entre los estados y Washington en los términos más graves posibles. “Entiendo que tenemos muchas opiniones diferentes sobre inmigración. Pero la ley está en los libros y su propósito está claro. No hay anulación. No hay secesión. La ley federal es la ‘ley suprema del país’. Invito a cualquiera que tenga dudas a Gettysburg y a las tumbas de John C. Calhoun y Abraham Lincoln”.

Sessions se refería al vicepresidente Calhoun, principal valedor de los derechos de los Estados frente a Washington en los años 30 del siglo XIX (y la doctrina conocida como anulación, por la que los Estados podían anular leyes federales), y al presidente Lincoln, símbolo de lo contrario tras la Guerra Civil provocada por el intento de los estados del Sur de mantener la esclavitud frente a la abolición. La referencia viene siendo utilizada por el entorno más extremista de Trump desde hace tiempo.

“El rechazo a detener y deportarlos, especialmente a los criminales, es un rechazo efectivo de todas las leyes de inmigración y crea un sistema de fronteras abiertas. Las fronteras abiertas es una idea radical e irracional que no se puede aceptar”, dijo Sessions.

Sus palabras fueron contestadas inmediatamente por los cargos más altos de California. El gobernador, Jerry Brown, y el fiscal general, Xavier Becerra, nombrados directamente como responsables en la denuncia de Sessions, dieron una rueda de prensa conjunta minutos después. Becerra insistió en la constitucionalidad de las leyes de California y en que no hay nada en las mismas que impida a la policía de inmigración hacer su trabajo.

Brown contraatacó en los términos más duros posibles, y también en su habitual estilo jocoso cuando se refiere a la Administración Trump. “Viene un tipo de Alabama a darnos lecciones sobre secesión y respeto a los derechos civiles”, dijo Brown en respuesta a Sessions. Acusó al fiscal general de “sonar más como Fox News que como un agente de la ley”. “Esto es un numerito político. No tiene nada que ver con la verdad ni con proteger nuestro Estado, esto es para dividir América. No hay precedentes”. Para el gobernador Brown, “esto es básicamente una declaración de guerra contra el Estado de California, el motor de la economía de Estados Unidos”.

Cuando se le preguntó por las afirmaciones de Sessions, según el cual las políticas de California ponen en peligro a los agentes de inmigración porque dejan en libertad a criminales, Brown se calentó aún más: “Eso no es verdad. La Administración Trump está llena de mentirosos. Hasta se han declarado culpables ante el fiscal especial”, respondió Brown. “Lo que ha dicho Sessions simplemente no es verdad. Y le exijo que se disculpe con la gente de California. Están trayendo la mendacidad de Washington a California y están tratando de instigar desacuerdo, división y disfuncionalidad en un Estado que está funcionando de verdad”.

El autor de la ley SB54, el senador estatal, Kevin de León, calificó la política de Sessions como “un agenda supremacista blanca y antiamericana”.