Un juez bloquea la amenaza de Trump contra las ‘ciudades santuario’

La denuncia original fue presentada por los condados de San Francisco y Santa Clara (donde está Silicon Valley) por considera inconstitucional la amenaza de retirarles fondos federales si no colaboran con inmigración. Esa amenaza estaba en la orden ejecutiva del 25 de enero en la que Donald Trump incrementó los esfuerzos para detener y deportar a todos los inmigrantes irregulares que sea posible. A esta denuncia se han sumado al menos otras 34 ciudades, entre las que están Portland, Oakland, Seattle, Los Ángeles, Austin, Chicago, Denver o Jersey, además de California como Estado.

Aquella orden ejecutiva aumentaba el personal de la policía de inmigración, reducía a la anécdota los casos en los que se podía no detener y deportar a alguien y declaraba de facto deportables a todos los inmigrantes irregulares, en vez de centrarse en los que han cometido delitos. Además, prometía castigar a las administraciones locales que no colaborasen en ese esfuerzo. En Estados Unidos, las competencias de seguridad están en manos de los condados y las ciudades. Los cuerpos policiales federales, como el FBI o la Policía de Inmigración (ICE), no tienen suficientes agentes para lanzar grandes operaciones sobre el terreno.

Grandes ciudades con mucha presencia de inmigrantes irregulares han adoptado la política de no preocuparse por el estatus migratorio de sus ciudadanos y no entregar a personas a petición de ICE a no ser que haya una orden judicial. A esto se le ha llamado en general política de ciudad santuario, aunque en la realidad la aplicación es muy distinta de un sitio a otro. Hay más de 200 ciudades santuario en Estados Unidos, entre ellas muchas de las más pobladas.

El Departamento de Justicia, que dirige Jeff Sessions, había endurecido sus palabras contra estas ciudades. Sessions ordenó hacer un informe semanal de ciudades que no colaboran con ICE, detallando cada uno de los casos en los que una petición de entrega de un detenido no ha sido respondida, con el delito que había cometido la persona. La publicación periódica del informe tuvo que ser suspendida porque estaba lleno de imprecisiones.

La batalla verbal se calentó a finales de marzo, cuando Sessions dijo en un comunicado que las ciudades santuario eran "una amenaza para la seguridad pública" y dijo que utilizaría "toda la autoridad legal para exigir responsabilidades" a estas jurisdicciones. Tuvo respuestas igual de desafiantes por parte de las mayores ciudades del país. "Los valores de Los Ángeles no están en venta", dijo el alcalde de la ciudad californiana, Eric Garcetti, que la semana anterior había firmado una orden municipal para prohibir totalmente a todos los funcionarios municipales colaborar con ICE.

En California, donde se calcula que vive más de una cuarta parte de todos los sin papeles de Estados Unidos, hay una ley en trámite que convertiría a todo el Estado en el primer Estado santuario. El autor de esa ley es el presidente del Senado estatal, Kevin de León, que reaccionó diciendo: "El presidente Trump ha vuelto a tropezar con la Constitución". "California continuará protegiendo a nuestros honestos y trabajadores residentes contra las políticas cínicas y destructivas de la Administración".

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reaccionó esta tarde a la orden judicial con un comunicado: "Una vez más, una corte federal le ha dicho al Gobierno Trump: 'No puedes'. El presidente está yendo más allá de su autoridad cuando trata de cortar fondos vitales a las ciudades que no comparten su deseo ilógico e inconstitucional de utilizar a los inmigrantes como cabezas de turco".

El alcalde de Los Ángeles, la segunda ciudad con más inmigrantes ilegales de Estados Unidos, dijo por su parte que la decisión judicial "nos recuerda que los derechos de las personas trascienden el postureo político" y pidió que el Gobierno deje de criminalizar a los inmigrantes y trabaje en una reforma migratoria completa. 

El juez de San Francisco William Orrick considera que la orden amenaza con la retirada de "cientos de millones" de dólares de fondos federales necesarios para estas ciudades, y concede que esto puede violar la separación de poderes, el derecho al debido proceso y la prohibición de obligar a las administraciones locales a ejecutar políticas federales.

Se trata de la tercera derrota judicial del Gobierno antes de haber cumplido los 100 días y precisamente en el aspecto que es la bandera de su gestión, la dureza contra los sin papeles. Las dos anteriores son las órdenes que vetaban a los viajeros de seis países musulmanes. También fueron paralizadas cautelarmente en todo Estados Unidos por decisiones de jueces federales del Oeste del país.

Como sucedió con el llamado veto migratorio, el caso no está resuelto. Lo que ha hecho el juez es suspender la aplicación de la orden hasta que se decida sobre su constitucionalidad. Pero el hecho de que acepte una medida cautelar tan grave (frenar en seco una orden del presidente) indica que aprecia suficiente base en la demanda como para que pudiera ganar.