El Gobierno de Estados Unidos demanda a California por proteger a los inmigrantes

El fiscal general, Jeff Sessions, tiene previsto anunciar la denuncia el miércoles por la mañana en Sacramento, la capital de California, frente a un grupo de representantes de las fuerzas de seguridad. La demanda fue presentada en los juzgados federales de la ciudad el martes. Según el discurso que está preparado, Sessions tiene previsto decir: “El Departamento de Justicia y la Administración Trump van a luchar contra estas políticas injustas e inconstitucionales que os han impuesto. Vamos a luchar por hacer vuestro trabajo más seguro y ayudaros a reducir el crimen en EE UU. Y creo que vamos a ganar”.

La demanda puede acabar siendo el caso definitivo donde se dirima cuál es el papel de las administraciones locales y estatales en la política de inmigración. La inmigración es una competencia federal, y la policía que persigue a los indocumentados (ICE, por sus siglas en inglés), depende de Washington. Pero en un país con al menos 11 millones de personas indocumentadas la capacidad de detener y deportar de estos agentes es muy limitada. Para echar a todos los indocumentados del país, como había prometido, el Gobierno de Trump dijo desde el principio que exigía la colaboración de todas las policías locales y estatales, que tienen las competencias de seguridad y las bases de datos clave. Y desde el día uno, las policías de la mayoría de las grandes ciudades del país se han negado a esa colaboración.

A esta política de no colaborar con ICE se le llama santuario, un término sin verdadera definición legal que agrupa en general el criterio de no utilizar a la fuerza pública para perseguir inmigrantes. Es un criterio que tiene décadas de antigüedad en las grandes ciudades. Desde que empezó el Gobierno Trump, el enfrentamiento por esta cuestión ha ido escalando verbalmente. Sessions no ha ahorrado calificativos contra todas las administraciones que practican esta política, diciendo que ponen en peligro la seguridad de los estadounidenses, ya que este Gobierno considera que inmigración y criminalidad van de la mano siempre. Al principio, publicaba un informe para señalar a las ciudades santuario. Después amenazó con retirar fondos a las administraciones locales y llegó a hacerlo, hasta que lo paró un juez por inconstitucional.

En ningún lugar ese enfrentamiento ha sido tan intenso como en California. Las autoridades del Estado, fuertemente dominado por los demócratas y que Hillary Clinton ganó por cuatro millones de votos, prometieron desde el principio hacer todo lo posible por proteger a los indocumentados de posibles redadas masivas. Se calcula que alrededor de una cuarta parte de todos los sin papeles de Estados Unidos vive en California.

La demanda de Sessions va dirigida contra el gobernador del Estado, el veterano demócrata Jerry Brown, y el fiscal general, Xavier Becerra, los dos rostros más visible de California en el enfrentamiento institucional con la Casa Blanca. Brown reaccionó a la noticia con un escueto comunicado en el que parecía burlarse de los tuits Trump: “En un momento de tormenta política sin precedentes, Jeff Sessions viene a California para dividir y polarizar América aún más. Jeff, puede estos trucos políticos pueden ser la norma en Washington, pero aquí no funcionan. ¡¡TRISTE!!”.

El fiscal Becerra, hijo de inmigrantes, ha demandado por su parte al Gobierno de Trump una veintena de veces. También reaccionó desafiante en Twitter: "Da igual lo que pase en Washington, California mantendrá su rumbo y aplicará las leyes para defender a toda nuestra gente. Así es como mantenemos seguras nuestras comunidades".

El martes por la noche, el Departamento de Justicia trasladó a la prensa que la denuncia se basa en la inconstitucionalidad de tres leyes, todas aprobadas el año pasado. Una prohíbe a los empresarios cooperar voluntariamente con las autoridades de inmigración. Otra da permiso al Estado para inspeccionar centros de detención de inmigrantes.

La tercera es la SB54, conocida como Ley del Estado Santuario, que prohíbe a todos los cuerpos de seguridad de California compartir información con inmigración si no es con orden judicial. Esa práctica, común en las grandes ciudades de Estados Unidos, es obligatoria desde el 1 de enero en todo el Estado, el único donde se ha hecho algo así. La ley SB54 fue propuesta por el presidente del Senado californiano, Kevin de León, también hijo de inmigrantes y que ahora está en campaña para ir al Senado de EE UU.

“California no tiene autoridad para ejecutar leyes que obstruyen, entran en conflicto o discriminan la acción federal en inmigración”, dice la demanda, presentada el martes ante el Distrito Este de California de la jurisdicción federal donde se encuentra Sacramento. Estas tres leyes, afirma, “reflejan un intento deliberado por parte de California de obstruir la ejecución de las leyes de inmigración de Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia pide al juzgado federal que emita una orden cautelar para frenar la aplicación de estas leyes y, en último término, las anule. El Gobierno basa su argumentación en la llamada cláusula de supremacía. Así se conoce el segundo párrafo del Artículo VI de la Constitución de EE UU, que afirma la supremacía de la ley federal y la Constitución sobre las leyes de los estados. Las leyes en cuestión “tienen el propósito y el efecto de hacer más difícil a los agentes federales de inmigración cumplir con su obligación en California”.