“En América Latina la gente ya siente que tiene derechos y que puede ejercerlos”

El peruano Diego García-Sayán termina el 31 de diciembre sus cuatro años al frente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte) y se ha desplazado a Washington para entregar en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe extraordinario sobre su gestión al frente de la presidencia que pretende ser un balance de la evolución del tipo de casos que ha conocido el tribunal -con fallos históricos sobre los derechos de los homosexuales y la fecundación in vitro-, y del creciente vigor de una Corte cuya jurisprudencia empieza a ser vinculante en los ordenamientos nacionales. A lo largo de estos cuatro años, García-Sayán ha lidiado con el lastre de dirigir el tribunal internacional con menos presupuesto del mundo; ha debido aplicar la tortuosa reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH); ha asistido a la denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela -lo que implica que ese país queda fuera de la jurisdicción de la Corte- y ha sido duramente cuestionado por el fallo Mémoli vs Argentina, que muchos han visto como un peligroso cambio con intenciones políticas en la jurisprudencia de la Corte sobre la protección de la libertad de prensa.

Con la experiencia y el bagaje de sus años en la judicatura y en la vida pública, ha sido ministro de Justicia y canciller de Perú, García-Sayán defiende con vehemencia y, sobre todo, con convicción un mandato del que se siente orgulloso y soslaya con diplomacia asuntos que la corte podría estudiar en breve, como la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que esta semana viajará a Washington para presentar su recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o su futuro personal, que algunos sitúan al frente de la OEA o de otros organismos regionales.

Pregunta. ¿Qué destacaría del informe que el miércoles presentará ante el Consejo Permanente de la OEA?

La avalancha de denuncias supone una multiplicación de la demanda democrática y eso es un factor que contribuye a la salud del sistema democrático porque significa que los ciudadanos sienten que tienen derechos y que pueden ejercerlos. Eso es una revolución de la relación entre el individuo y el Estado"

Respuesta. En primer lugar, cómo el SIDH está tratando una gama cada vez más variada de materias que, en otro contexto del sistema interamericano, hubieran sonado a exquisiteces o sutilezas, comparadas con las matanzas o desapariciones, que eran los casos que más se estudiaban hace unos años. La avalancha de denuncias supone una multiplicación de la demanda democrática y eso es un factor que contribuye a la salud del sistema democrático porque significa que los ciudadanos sienten que tienen derechos y que pueden ejercerlos. Eso es una revolución de la relación entre el individuo y el Estado. Además, hay un fortalecimiento notable de las instituciones nacionales que descubren que nutrirse del SIDH les otorga más armas jurisprudenciales para la protección de derechos humanos. En México, Colombia o Perú nuestra doctrina es vinculante lo que  permite a sus jueces resolver casos que, de otro modo, acabaríamos teniendo que ver en la Corte.

Paz con las FARC y destitución del alcalde de Bogotá

P. Colombia es, precisamente, un país muy respetuoso con el SIDH. Sin embargo, su presidente Juan Manuel Santos, pidió hace unas semanas a la OEA y a la Corte flexibilidad y respeto al proceso de justicia transicional para resolver de manera interna las violaciones de derechos cometidas por las FARC, para no amenazar el éxito del proceso de paz. ¿Qué opina usted, como presidente de la Corte?

La justicia transicional es perfectamente compatible con la Corte porque forma parte de su jurisprudencia"

R. La justicia transicional es perfectamente compatible con la Corte porque forma parte de su jurisprudencia desde el caso Mozote, el único caso de amnistía vinculado a la salida negociada a una guerra que ha conocido este tribunal. Allí se expone un desarrollo de la justicia transicional como un proceso triangular en el que se combinan la justicia, la verdad y la reparación, un proceso en el que la ponderación de estos tres componentes puede ir generando respuestas que hagan que la justicia no sea un elemento que impida la paz, sino un elemento que la fortalezca.

P. El alcalde Petro ha pedido a Santos que, tal y como contempla la Constitución colombiana, solicite una opinión consultiva a la Corte sobre la interpretación de la protección de los derechos políticos. En caso de que lo hiciera -el ministro de Justicia ya ha dicho que no- ¿qué le respondería el tribunal?

R. Todos los Estados tienen la facultad de presentar una solicitud de opinión consultiva. Si se presentase, la Corte tendría que considerarla, pero este no es un proceso de pocas semanas, es un proceso en el que la Corte tiene que velar por que haya el mayor número de valoraciones y de opiniones para que no se convierta en un foro sacrosanto.

En la jurisprudencia de la Corte está establecido que para el ejercicio de los derechos políticos rigen plenamente las pautas establecidas en la Convención, incluidas las que atañen a su limitación y suspensión"

P. Petro sostiene que la decisión del procurador acerca de su destitución supone una violación de los derechos políticos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso de del venezolano Leopoldo López la Corte falló que las normas internas no podían prevalecer sobre la legislación internacional en materia de cargos de elección popular y que sólo un juez podía destituir a una persona que ocupara un puesto de este tipo tras un proceso con pruebas suficientes. ¿Podría aplicarse esa sentencia como jurisprudencia en el caso del alcalde de Bogotá?

R. Habría que estudiarlo, porque cada caso tiene mérito en sí mismo y, de momento, no hemos conocido un caso esencialmente igual al de Petro. Pero en la jurisprudencia de la Corte está establecido que para el ejercicio de los derechos políticos rigen plenamente las pautas establecidas en la Convención, incluidas las que atañen a su limitación y suspensión. En todo caso, conociendo el vigor y el dinamismo de la institucionalidad colombiana, estoy seguro de que sabrán encontrar una salida que compatibilice un proceso sancionador efectivo contra autoridades, electas o no, con la garantía de los derechos políticos de las personas que fueron elegidas para un cargo público.

Denuncia de Venezuela

P. ¿Cómo ha afectado a la Corte la salida de Venezuela de su jurisdicción tras hacerse efectiva la denuncia de la Convención?

El perjuicio no es tanto para la Corte o para la CIDH, sino para los ciudadanos que viven en Venezuela, pero eso tampoco es el fin del mundo"

R. Venezuela estaba en su derecho de denunciar a la Convención, pero ese gesto no ha tenido mayores repercusiones en cuanto a tener un efecto dominó, como alguno ya anunciaba. El perjuicio no es tanto para la Corte o para la CIDH, sino para los ciudadanos que viven en Venezuela. Pero eso tampoco es el fin del mundo, hay muchos países miembros de la OEA que no están ni han estado nunca sujetos a la Corte y eso no es ni ha sido nunca la antesala del infierno.

Libertad de expresión

P. En la sentencia Mémoli vs Argentina [los propietarios del diario argentino La Libertad fueron condenados a penas de prisión y al embargo de sus bienes por denunciar en dos artículos las irregularidades en la venta de nichos por parte del cementerio y de una sociedad mutual] este verano, la Corte consideró por primera vez que una condena penal por difamación no afectaba a la libertad de expresión. El fallo fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, que llegó a decir que la Corte “había tirado por la borda la jurisprudencia sobre libertad de expresión”, o la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, que alertó durante las audiencias del proceso de que con la resolución “se dejaba en la indefensión a los periodistas regionales”. ¿Qué opina usted?

Si alguien se sometió a un caso que no le salió como quería, está en su derecho a discrepar, pero de ahí a decir que se cambió la jurisprudencia o que se atacó la independencia de los jueces hay una distancia"

R. Allí hay un error porque no ha habido cambio en la jurisprudencia. Creo que éste es un tema muy raro, es una tormenta en un dedal de agua, porque el Estado fue condenado y los Mémoli, al día siguiente, titularon en su periódico: Ganamos, perdió Argentina. Habrá otras personas que interpretarán mejor que las víctimas quién ganó o perdió pero la sentencia condenaba a Argentina por violación de la Convención y establecía que se levantara la congelación de bienes que se había decretado contra los Mémoli, que era lo esencial del proceso, porque la sentencia penal nunca se llegó a hacer efectiva. Hay que revisar esa afirmación. Si alguien se sometió a un caso que no le salió como quería, está en su derecho a discrepar, pero de ahí a decir que se cambió la jurisprudencia o que se atacó la independencia de los jueces hay una distancia.

P. Hay quienes también insinúan que detrás de ese fallo hay cierta intención política para ganarse el favor de Argentina de cara a potenciales apoyos para futuros cargos

R. Cualquier insinuación de favoritismo político me parece inaceptable, sobre todo porque, en lo esencial, el Estado argentino fue condenado.

Futuro en un organismo internacional

P. Dos medios, La Razón, de Perú y Semana, de Colombia, han informado esta última semana de que usted tiene intención de postularse a la candidatura de la OEA o de otro organismo regional y que cuenta con el apoyo del presidente Ollanta Humala. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones?

R. Si Humala decidiera presentar mi candidatura, estoy seguro de que primero me lo consultaría a mí.

El efecto que sentencias sobre los derechos de los homosexuales o la fecundación in vitro pueden tener en la afirmación de los derechos es sumamente importante y enormemente esperanzador"

P. ¿Si se lo pidiera, aceptaría?

R. Como dicen en Colombia, amanecerá y veremos. De los problemas se habla cuando se presentan. No hay nada y todo de lo que se está hablando es mera especulación.

P. ¿Qué le seduciría a usted?

R. No me he puesto a pensar todavía. He estado tan dedicado a la presidencia que lo que tengo que empezar a hacer es a generarme en el ejercicio de la función de abogado y consultoría. Probablemente los demás están pensando más en mi futuro que yo mismo, lo cual es bueno porque me ayuda a pensar en lo que podría hacer después.

Futuro de la Corte y del SIDH

P.¿De qué sentencia se siente más orgulloso en su etapa como presidente de la Corte, cuál ha sido el fallo que usted ha sentido que iba a marcar un hito en la jurisprudencia latinoamericana?

R. Estaría difícil porque todos los casos tienen un elemento de novedad fundamental. Pero, hay algunos que han sido más novedosos porque se salen de la inercia de casos anteriores, como el de no discriminación por razón de la orientación sexual [caso Atala vs Chile] o el de la fecundación in vitro [caso Artavia Murillo vs Costa Rica], porque a través de ellos tocas la sensibilidad y la realidad de muchos millones de individuos que hoy día, si tienen una afectación en sus derechos, si son discriminados por su orientación sexual, tienen ahí un elemento fundamental de defensa aunque la ley en su país diga otra cosa. El efecto que eso pueda tener en la afirmación de los derechos es sumamente importante y enormemente esperanzador.

Yo a la CIDH no puedo darle ninguna  instrucción de lo que tiene que hacer, pero es útil que se tenga en cuenta que siempre será interesante explorar áreas novedosas, áreas sobre las que todavía no se ha pronunciado la Corte y a cuya jurisprudencia los Estados pueden acogerse"

P. ¿Son este tipo de casos de gran calado en los que debería centrarse la Corte en el futuro para fomentar su transcendencia y hacerla más incisiva?

R. Yo a la CIDH no puedo darle ninguna sugerencia o instrucción de lo que ellos tienen que hacer, pero es útil que se tenga en cuenta que para un tribunal que nunca será estadísticamente relevante, siempre será interesante explorar áreas novedosas, áreas sobre las que todavía no se ha pronunciado la Corte y a cuya jurisprudencia los Estados pueden acogerse.

P. La CIDH se lamenta de que la Corte está desestimando cada vez más casos que les remite y, por otro lado, el tribunal y muchos juristas se quejan de la lentitud con la que la Comisión resuelve las denuncias que se le presentan. ¿Qué pueden hacer ambos organismos para conseguir mayor cohesión, dinamismo y coordinarse mejor?

R. No hay una crítica de mi parte hacia la CIDH y, si la CIDH tiene alguna crítica hacia la Corte, no la conozco. Pero cada cual tiene sus propias especificidades, son órganos autónomos y así tiene que seguir siendo. Este año, después de muchos, hemos tenido una reunión plenaria entre los miembros de la CIDH y de la Corte. Allí no se hablaron de casos pero sí se definieron algunos pasos en materia reglamentaria que fueron acogidos. La comunicación es de la mejor y creo que en este último año la CIDH entendió que hablar de reformas o era sinónimo de debilitamiento y que es normal que toda institución esté abierta al diálogo y al cambio. Cuando la CIDH salió del esquema prehistórico de que cualquiera que hablara o pusiera en discusión sus procedimientos estaba atacando a la CIDH, muchos Estados empezaron a dar sus opiniones demostrando que no existía esa especie de alud monocorde de que todos estaban en contra.