Sed de infraestructuras hídricas

Déficit hídrico, pero también de infraestructuras. Necesidad de nuevas y adaptación, modernización y mantenimiento de las existentes. En saneamiento, depuración, abastecimiento, regadío y prevención de inundaciones ante el incremento de fenómenos extremos por el cambio climático —la dana de Valencia del pasado 29 de octubre es un claro ejemplo de la urgencia—.

En números redondos, hay que invertir casi 90.000 millones de euros en cinco años para cumplir con la directiva marco del agua, los respectivos planes nacionales, de transición energética y mitigar la desertización, calcula un informe reciente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). “La información oficial confirma un grado de ejecución del 29,2% de los planes hidrológicos del ciclo precedente, 2016-2021, y en caso de ejecutar en plazo la planificación vigente hasta 2027 [los de tercer ciclo], sería preciso multiplicar anualmente por ocho veces la inversión pública realizada en 2022, de 1.480 millones. Un objetivo técnicamente muy difícil de realizar”, advierte Julián Núñez, presidente de Seopan.

En esta brecha tan pronunciada y que viene de lejos influyen dos factores. Por un lado, la crisis financiera. “El ritmo inversor se quebró en 2008 y no se ha recuperado. Desde entonces hemos soportado el descenso de la contratación pública, con consecuencias nada buenas para la sociedad, poniendo en riesgo el servicio”, explican desde la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua), que insisten en que gran parte del stock público debe ser renovado por su antigüedad. Por el otro lado, la desidia política. “En España se han priorizado en los últimos años las obras de carreteras, AVE, aeropuertos, puertos… y se ha dejado un poco sobre la mesa las hidráulicas: se planifican, pero luego no se toma la decisión política de ejecutarlas; desde principios del siglo XXI no han sido la prioridad de ninguno de los gobiernos”, lamenta Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore).

Una mayor voluntad política es lo que también echa de menos Jesús Maza, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana (AEAS-AGA). “El problema está en la fórmula financiera, en forma de subvenciones o tasas excepcionales, que cubren puntualmente algunas necesidades”, puntualiza.

La escasez es tan pronunciada que los fondos europeos y el Perte del agua (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) apenas alivian la situación, a juicio de Asagua y AEAS. “Solo 2.091 millones, el 3% del total de las transferencias de la UE (69.528 millones), se dedican a este capítulo. Un monto insuficiente si se toma en cuenta que el déficit acumulado en el ciclo urbano del agua es de unos 35.000 millones anuales”, apunta la primera. “El Perte [3.060 millones] es para la digitalización del sector, no ataca la avanzada edad de las infraestructuras, y limita la cantidad de obra civil que puede realizarse”, aclara la segunda. Aun así, con estos fondos, incluidos los Feder, se realizan una decena de mejoras en plantas depuradoras de pequeños municipios de Extremadura, Valencia, Palma y Tenerife, entre otros.

Intervenciones apremiantes

Si bien en el gráfico se detallan los requerimientos en cada área, Núñez cita las actuaciones más apremiantes. Las de saneamiento y depuración (5.200 millones entre 2022-2027), que se concentran en Madrid, Andalucía, Canarias y Baleares. Las de abastecimiento y regadío (5.405 millones en dicho periodo), que abarcan a Castilla y León, Andalucía, Galicia y Navarra. Y las de prevención de inundaciones, que se circunscriben a las cuencas mediterráneas, más de 4.200 millones con 64 actuaciones planificadas (1.900 millones). Además de unos 820 millones adicionales para atender varias estructuras de laminación en los ríos Turia, Sellent y Magro afectadas por la dana, agrega.

“Las de pequeñas poblaciones, en general, son las que están en peor estado”, señala Maza. Desde Asagua subrayan que un tercio de la red de saneamiento necesita renovarse con premura. También la de abastecimiento, para evitar las fugas del 30%.

Más embalses

Valero pide que se construyan con celeridad las 29 presas incluidas en plan hidrológico vigente —siete están ya en marcha, según datos a 2021 del Ministerio para la Transición Ecológica—. “Hay que agilizar las evaluaciones de impacto ambiental, que se eternizan”, dice. En concreto, son acuciantes las de los ríos pocos regulados como el Ebro; las de la cuenca del Segura —”cuatro ramblas necesitan embalses de laminación”, afirma—; el Duero, el Guadalquivir —”ha estado regando con solo un 20%-30% de la dotación”, indica—. Además del mantenimiento de las que tienen ese efecto de laminación de avenidas y contención. “Se debe destinar un mínimo de 100 millones anuales”, añade Valero.

¿Por qué esto último es relevante? “La presa de Forata en la dana de Valencia paró una avenida de 2.000 metros cúbicos por segundo, luego salieron 900 por los desagües, pero si se llegan a sumar a los 2.000 que había aguas abajo, los daños y las muertes hubieran sido muchísimo mayores. Laminar avenidas es una función muy importante de los embalses: salva vidas y evita que las casas se inunden”, esgrime el presidente de Fenacore.

La colaboración pública-privada, disponer de una cobertura financiera y disponibilidad de recursos adecuada, crear un regulador único, subir la tarifa (en dos euros por metro cúbico) y contar con planes objetivos basados en un análisis de coste-beneficio son las soluciones que plantean las patronales consultadas. “No actuar, sobre todo en zonas inundables con elevada tasa de urbanización y población, implica pérdidas de vidas y daños económicos irreparables”, alerta Núñez.