La urgencia hídrica necesita recursos

España es un don del agua. Viajes de agua, acequias, redes de regadío, a lo largo de dos milenios cada una de las culturas que han pasado por la Península (y las islas) han traído consigo nuevas formas de sacar partido al elemento vital. Una evolución necesaria en un país donde, a pesar de que el suministro está garantizado para la totalidad de la población, una buena parte del territorio (en especial, las cuencas mediterráneas y las zonas insulares) se encuentra bajo un importante estrés hídrico, en la que regularmente ha de tirar de recursos no renovables para garantizar el suministro, especialmente de la agricultura.

A esto se le ha de sumar el desafío global del cambio climático. "Los cambios en la disponibilidad y en la calidad del agua van a afectar a sectores críticos para la UE, como pueden ser el turismo, la agricultura, la industria, la energía y el transporte", señala un informe de la Comisión Europea. "Se espera que los efectos medioambientales afecten la biodiversidad y la calidad del agua, y agraven los riesgos de incendios forestales, degradación del suelo y desertificación".

Para los expertos, el reto que supone para la industria es mayúsculo. "El cambio climático está rompiendo los paradigmas acerca de cómo nos llega el agua", explica Ignacio Muñoz, fundador de la empresa de tuberías Molecor, con sede en Getafe (Madrid). "En Malasia, donde tenemos un proyecto en cooperación con una empresa local, los pueblos no necesitaban ninguna clase de sistema de suministro. Llovía todos los días a las cuatro de la tarde y eso bastaba. Pero eso está cambiando, porque cada vez consumimos más agua, las lluvias son más irregulares, la necesidad aumenta y eso está creando una tensión tremenda". "El cambio climático va a afectar a los sistemas de abastecimiento de agua tanto en términos de cantidad, con incremento de situaciones de escasez de recursos, como en términos de calidad, lo que va a obligar a ciertas adaptaciones en los sistemas de tratamiento", explica Manuel Pulido, director del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. "El cambio climático sirve como motor de transformación en el paradigma de la gestión y de la ingeniería del agua", afirma el ingeniero Patrick Willems en un informe de la patronal europea EWA.

"No se ha hecho casi nada"

Contra esto, las patronales del sector denuncian que los gobiernos, tras las guerras del agua entre administraciones de la década de 2000 y la Gran Recesión, las inversiones en la industria del agua cayeron en picado y no se han vuelto a recuperar. "Desde 2006 no se ha hecho casi nada", concluye Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). "Si vemos lo que han hecho los países de nuestro entorno, en casi todos las inversiones se han mantenido o suben". La patronal Seopan estima que, solo para cumplir con los objetivos de sostenibilidad marcados por Naciones Unidas y las normativas ya existentes en el seno de la Unión Europea, serán necesarias inversiones en el sector del agua superiores a los 16.000 millones de euros durante la próxima década, de depuración a suministro, pasando por medidas contra la desertificación. "Prácticamente todo el ciclo del agua requiere inversión", apunta Juan Ignacio Moreno, director de desarrollo de negocio de la filial española de Veolia Water Solutions. "El agua tiene que volver a ser un asunto de la máxima prioridad para Gobiernos y Administraciones, alejado de cuestiones ideológicas o conflictos territoriales".

Porque no solo se trata de las consecuencias futuras, sino también de las presentes. Hasta febrero de este año, España ya había pagado más de 32 millones de euros en multas a la Comisión Europea por incumplimientos de las directivas europeas sobre depuración de aguas, especialmente en localidades pequeñas. Es la mayor sanción abonada por el país a las autoridades comunitarias y es un ejemplo claro de uno de los problemas fundamentales de la política española en el sector: en muchos casos las competencias hídricas son de autoridades locales que no tienen ni la planificación ni los recursos para enfrentarse a los retos del mañana. "Hace falta una armonización regulatoria", defiende Morcillo. "En España hay 2.500 sistemas diferentes con sus propias tarifas".

Las reglas del juego, además, están haciéndose más difíciles. La Comisión Europea está negociando la actualización de la directiva de agua para el consumo humano (que data de 1998), que recoge las exigencias de los consumidores acerca de la calidad y salubridad del agua que sale de los grifos. "Los conocimientos de hoy no son los de hace cinco o diez años", indica Aldonza. "Hay una preocupación fuerte sobre los problemas de la contaminación. Cada vez hay mayor consciencia de que hay que mejorar lo que ya tenemos". "Hay que invertir más en seguridad de presas, en la modernización de las redes de abastecimientos y en el aumento de eficiencias", señala Pulido. "Y en el uso, en la medida de lo posible, de energías limpias y renovables".

Hay buenas noticias. Si hay algo en el que todo el sector coincide es que la tecnología necesaria para adaptarse a este desafío existe, está lista para ponerse en marcha, y las empresas españolas no solo son capaces de hacerlo aquí, sino que también tienen el talento necesario para vender su saber hacer en el extranjero. "Ahora mismo no hay problemas de carácter técnico ni de innovación", sentencia Morcillo. "Las empresas españolas son punteras y competitivas, tanto en instalación como en servicio". "España tiene una gran capacitación en agua, tanto en I+D+i como en construcción", apunta Antolín Aldonza, presidente de la Plataforma Tecnológica del Agua. "Esto, más que una técnica, es un arte, y nuestras empresas lo dominan, saben construir muy bien y hacen funcionar las cosas". "Partimos de un déficit importante generado durante los últimos 10 años", sostiene Rubén Ruiz, director de instalaciones de Suez España. "Pero no hay imposibilidad técnica de afrontar ningún reto. Tenemos el conocimiento, la experiencia y la tecnología". "Todo lo que se está haciendo en el sector del agua tiene como objetivo la eficiencia, y ahí estamos nosotros", considera Muñoz.

Además, los ciudadanos están cada vez más concienciados. "La población abastecida por el Canal en la Comunidad de Madrid ha pasado de 5,74 millones de habitantes en el año 2002 a 6,44 millones de habitantes en 2019; esto supone un incremento del 12% en 17 años", explican desde el Canal de Isabel II. "Al tiempo, el consumo total de agua en la región ha disminuido en casi 18 puntos en el mismo tiempo: nuestra red es más eficiente, y los madrileños, más conscientes de la importancia de un consumo eficiente, año tras año".

Pacto nacional

Para el año que viene, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prometido un Pacto Nacional del Agua. Una de las primeras medidas del flamante Ministerio para la Transición Ecológica (hoy con rango de vicepresidencia) fue un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR). "Es un plan muy ambicioso", considera Antolín Aldonza, presidente de la Plataforma Tecnológica del Agua. "Quizás le falte algo de madurez y le sobre ambición". "Tan importante como la obra nueva es la renovación sistemática", recuerda Morcillo. "Si un coche tiene 20 años es más probable que esté más en el taller que funcionando, y lo mismo pasa aquí. Las instalaciones no son perpetuas y han de adaptarse a los cambios tecnológicos".

Al contrario que en otros sectores económicos, el papel del Estado en el mercado del agua es indiscutido y los actores piden mejor intervención, y no menos. "Cuanto más reguladas se encuentren las cuencas hidrográficas, menores serán los impactos del cambio climático sobre el medio ambiente y la sociedad en su conjunto", apunta Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore). "La solución requiere una mayor participación del sector privado, manteniendo el control del ciclo del agua en la Administración y aprovechando los esquemas en régimen de concesión para canalizar financiación privada", apunta Fernando García Canales, director de Financial Advisory de Deloitte.

Desde la industria coinciden en que el sector público no puede enfrentarse él solo al gran esfuerzo inversor que tiene por delante. "En el contexto actual, este esfuerzo no podrá ser financiado con cargo al presupuesto público", alerta García Canales. "No se pueden hacer inversiones solo de una manera. Habrá que contar con la participación privada, y todo esto requiere armonización regulatoria", considera Morcillo.

El cascabel que hay que ponerle al gato es la repercusión en la tarifa del agua de todos estos nuevos gastos adicionales. En principio, hay margen: según la compilación de la asociación europea Eureau, las familias en España pagan en promedio por su factura hídrica menos que en países similares como Italia y Francia. "El agua no es cara", recuerda Morcillo. "Siendo un país muy seco, el esfuerzo que hace el ciudadano con relación a su renta es un 71% con respecto a la media europea. Y la Directiva Marco del Agua pide cubrir costes a través de una contribución adecuada del usuario. Es lo más justo: quien gasta más, quien contamina más, paga más". "Hay gente que piensa que el agua tiene que ser gratis", considera Aldonza. "El precio del agua tiene que ser el precio real de lo que cuesta sacarla de un río y devolverla limpia a su cauce, y eso incluye el coste de la infraestructura". "La recuperación de costes a través de tarifa y cánones no se está produciendo en España, a pesar de que la normativa europea obliga a ello", confirma García Canales. "Las medidas que tengan un impacto en el comportamiento de la población son importantes", considera Willems. "Es una manera por la que se pueden convertir los desafíos en oportunidades".

Pero las implicaciones políticas son potentes. El agua es uno de los gastos familiares universales. Y, sobre todo, el sector agrícola, el mayor consumidor de agua de España, sostiene la economía de regiones enteras del país. "El agricultor usa el agua que necesita para sus cultivos independientemente del coste que le suponga", recuerda Del Campo. "Pero si ese coste resultase insostenible, se pasaría a los cultivos de secano, lo que tendría una enorme influencia para la supervivencia tanto del agricultor como también de todo el complejo agroalimentario asociado".

Para Morcillo, "se han exacerbado posiciones partidistas que no ayudan nada". Y alerta: "Tenemos que ser más cuidadosos. Las próximas generaciones sufrirán las consecuencias, y podemos acabar como nuestras abuelas, sin continuidad de servicio de forma regular".