Cientos de empresas reclaman indemnizaciones por las restricciones en Cataluña

Centenares de empresas catalanas han iniciado procesos para intentar arañar indemnizaciones de las administraciones por los efectos de las restricciones que tomaron para frenar la propagación de la covid. La complejidad del proceso y la incertidumbre sobre los resultados en una situación de fuerza mayor están generando dudas a la hora de dar el paso. Despachos de abogados y plataformas especializadas están dirigiendo un procedimiento con diferentes estrategias judiciales, aunque todo apunta a que todas acabarán, tras años de espera, en el mismo sitio: el Tribunal Supremo.

El secretario general del Gremio de Empresarios de Discotecas de Barcelona y Provincia, Ramón Mas, explica que la organización está buscando diferentes puntos de vista de abogados para trasladarlos a sus asociados y darles más argumentos con los que poder decidir. En su opinión, “las empresas más grandes, que tienen que soportar unos costes fijos mayores probablemente sí que lo hagan, quizás las pequeñas no lo tengan tan claro”. El director del Gremio de Restauradores de Barcelona, Roger Pallarols, defiende que se trata de “una reclamación claramente fundamentada”, pero también asume que “no existe certeza absoluta” sobre cuál puede ser el resultado de las demandas, que deben seguir dos vías: primero la reclamación previa a las administraciones (que deben responder en un máximo de seis meses) y, tras su negativa, apelar a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

El tiempo apremia y, aunque ya se han presentado las reclamaciones preliminares ante la Administración del Estado, será en los próximos meses cuando se produzca la gran cascada de procedimientos. Una de la cuestión que puede influir es cómo llega a los afectados los 11.000 millones de euros de ayudas anunciadas por el Gobierno, de los que la Generalitat podrá gestionar poco menos de 1.000 millones.

Empresarios y abogados piensan en dos tipos de recursos económicos que se podrían recuperar, aunque sean parcialmente. Por un lado, los costes fijos que han tenido que seguir sufragando pese a tener el negocio cerrado o con restricciones que limitaban parcialmente su negocio. En esa partida se incluyen desde los alquileres hasta los suministros básicos, pero ha entrado incluso la posibilidad de incluir en esas partidas los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o los créditos ICO (con el pago de intereses) que no se tendrían que haber solicitado de no ser por la afectación de la pandemia. Además de esos gastos está el lucro cesante, ese beneficio que se ha esfumado en el último año a causa de la asunción de las restricciones. Se cuantifica asumiendo como referencia los ingresos en los tres ejercicios previos al inicio del estado de alarma. La necesidad de cuantificar ese impacto ha obligado a activar a peritos para calcular las pérdidas ocasionadas a cada empresa, que tiene que presentar su demanda de forma individualizada.

Diego Solana, socio del despacho Cremades y Calvo Sotelo, asume que el régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas excluye las causas de fuerza mayor por su carácter imprevisible, pero considera que tienen una opción que puede ser exitosa y, sobre todo, defiende que en situaciones anómalas como la actual se puede llegar a crear nueva jurisprudencia. La defensa de su despacho, que lleva varios centenares de casos en Cataluña, se basa en el artículo 3.2 de la ley de 1981 que rige los estados de alarma: “Quienes, como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios o actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Restricciones y sin ayudas

La plataforma Peacovid-19 argumenta su demanda “por base constitucional y legalidad ordinaria”, explica uno de sus fundadores y arquitecto jurídico, Juli Prat. “Hemos visto ayudas irrisorias, que no llegarán a cubrir el 2% del daño, y que casi se convertían en tómbolas”, señala el exdiputado de Ciutadans Jean Castel, actualmente secretario general de la plataforma, que también se centra en primera instancia en reclamaciones patrimoniales dirigidas al Consejo de Ministros. En el caso de Peacovid-19 en diciembre pasado lanzaron las primeras reclamaciones, al haberlas dividido en diferentes periodos, en función del marco general que determinaba las restricciones.

La estrategia que está siguiendo, en cambio, el despacho que defiende a clubes y entidades deportivas es diferente. En su caso, se centra en las medidas que ha tomado la Generalitat como autonomía con las competencias delegadas durante la pandemia, tomadas de forma conjunta por los consejeros de Salud e Interior y con el concurso del Procicat. “No fue el Estado el que tomó las decisiones en Cataluña a partir de junio y la cuestión es que quien las tomó no contaba con las condiciones para tomarlas”, señala Silvia Requena, abogada de Interpartes, quien cuestiona que los argumentos para afectar a unos tipos de servicios y no otros “no se ajustan a una explicación normal: fueron arbitrarios”. Requena cuestiona, por ejemplo, que se cerraran gimnasios pese a que en esas instalaciones se hayan registrado pocos contagios.