El empresariado catalán reclama tests de antígenos “masivos”

El empresariado catalán se ha lanzado este viernes a hacer una petición para que se generalice la elaboración de tests de antígenos para controlar la propagación del coronavirus en Cataluña y, en paralelo, poder mantener al máximo la actividad económica. Pimec, a través de un manifiesto publicado hoy, ha reclamado a la Generalitat que ponga en marcha “un uso masivo de test de antígenos”, que podría gestionarse a través de las farmacias. En la misma línea se ha mostrado la Cámara de Comercio de Barcelona, que ha anunciado que habilitará dos puntos, en Barcelona y Granollers, para realizar este tipo de pruebas. También Barcelona Oberta, que aglutina al comercio de la capital catalana, apuesta por esta vía explotada inicialmente por la Comunidad de Madrid: empezó a utilizarlos a finales de septiembre tras prometer más de un millón de ensayos.

Los tests de antígenos han ganado protagonismo en las últimas semanas gracias a la mayor celeridad en la consecución de resultados respecto a los PCR. Su uso no requiere ni de equipamiento, ni de personal especializado para realizar la prueba ni tiene que ser procesado en un laboratorio, lo que permite conocer la infección o no por coronavirus en apenas 15 minutos. Se basa en la detección de antígenos, proteínas que se encuentran en la superficie del virus, a través de la obtención de muestras en la zona nasofaríngea. Los resultados, no obstante, no parecen tan certeros como los de los PCR pese a estar dentro de los baremos de la OMS. Los expertos avisan de los errores que dan en enfermos asintomáticos y la FDA (la agencia de medicamentos estadounidense) ha avisado de la propensión a dar falsos positivos. El PCR es más certero, pero el aumento de las pruebas en esta segunda oleada de rebrotes ha supuesto también una seria amenaza para la capacidad de los laboratorios.

La presión para utilizar masivamente los test de antígenos ha llevado a la discrepancia pública entre epidemiólogos. Oriol Mitjà, infectólogo del Hospital Germans Trias i Pujol, y que fue asesor del Govern de Quim Torra al estallar la pandemia, defendió el uso de estas pruebas y puso como ejemplo la Comunidad de Madrid, a la vez que acusó al departamento de Salud de frenar los test de antigenos. En Twitter, el director de la Unidad de Seguimiento del coronavirus en Catalunya, Jacobo Mendioroz, replicó que se están usando en Cataluña y que el departamento, lejos de frenarlo, lo ha impulsado.

Según los datos de Salud, en la Comunidad de Madrid se hacen semanalmente 120.000 test de antígenos y 50.000 pruebas PCR, en total 170.000 pruebas diagnósticas a la semana. En Cataluña, se ha pasado de 20.000 tests de antígenos a 64.000 en los últimos siete días, pero sigue predominando la realización de pruebas PCR, con 176.000. En total, pues, se realizan 240.000 pruebas a la semana, muchas más que en Madrid. El doctor Mendioroz ha explicado este viernes en rueda de prensa que no se trata de confiar más o menos en estas pruebas de antígenos, sino de usarlas con cautela. “La prueba más fiable es la PCR, lo que pasa es que es más costosa y tarda más en dar resultados. En este sentido el test de antígenos es un gran avance, pero estamos evaluando su uso, introduciéndolo y decidiendo en qué entornos se puede aplicar mejor”, ha explicado. Mendioroz ha destacado que la prueba, cuya fiabilidad es menor que la PCR, tiende a dar resultados más correctos si el paciente ya presenta síntomas o si el rastreo de los casos se puede trazar más detalladamente.

La situación epidemiológica en Cataluña, que lleva un mes con restricciones como el cierre de bares y restaurantes, continúa mejorando pero a un ritmo muy lento, mientras que en los hospitales y centros de atención primaria justo estos días se está registrando el pico máximo de presión asistencial de esta segunda ola. La Generalitat ha notificado 2.918 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 71 fallecidos. Las cifra de contagios representa un descenso de casi 2.000 positivos con respecto a la media diaria de la semana pasada, mientras que la de fallecidos es todavía alta, por la lógica del ciclo de la enfermedad.

La velocidad de transmisión del virus (Rt) continúa reduciéndose lentamente, y se sitúa en 0,85. El secretario general de Salud, Marc Ramentol, ha destacado que con la prórroga de 10 días en las restricciones esperan llegar a 0,80. La incidencia acumulada en los últimos 14 días también baja, y está en 686,30 casos por cada 100.000 habitantes, a la vez que también se reduce la positividad de las pruebas practicadas, que actualmente es del 10,18%. Ramentol recordó que, pese a la mejora paulatina de los indicadores, la presión asistencial es todavía muy alta, y remarcó que la nueva prórroga servirá para estabilizarla, pero no será suficiente para llegar a las cifras ideales para hacer esta presión sostenible.

El ejemplo de Madrid

Frente a la cautela del departamento de Salud, el empresariado mira hacia Madrid, una comunidad que en ningún momento ha cerrado la restauración y el ocio, y que consigue mejorar sus indicadores de transmisión del virus. El mundo empresarial reclama la reapertura del sector de la restauración y ello ha provocado que la Cámara de Comercio de Barcelona haya demandado hoy a la Generalitat el establecimiento de un protocolo “para realizar pruebas con test rápidos sobre toda la población posible” a la falta de una vacuna. Según la entidad que preside Joan Canadell, este tipo de tests “permitiría reactivar la economía, descongestionar los hospitales y salvar vidas”.

La presión empresarial sobre la Generalitat por los efectos de la pandemia no para de aumentar. Pimec ha alzado la voz para reclamar a través de un manifiesto “compensaciones directas, rápidas y suficientes” para acompañar las medidas restrictivas tomadas para frenar la propagación de la covid-19 en Cataluña y que están ahogando las finanzas de las pymes y los trabajadores autónomos. La fórmula para ganar fuerza ante las administraciones ha sido la de la apertura de una posible vía indemnizatoria a través de la demanda de responsabilidad patrimonial. La exigencia llega la misma semana en la que se ha producido el caos y el agotamiento de las ayudas para autónomos.

Ha sido el presidente de la patronal, Josep González, quien en un acto con organizaciones del sector del turismo, la restauración, el turismo, el deporte y la cultura (entre otros) ha reclamado a la Generalitat y al resto del sector público “agilizar medidas compensatorias para la crisis” al constatar las “poquísimas” que se han aprobado hasta el momento. De otra manera, ha dicho, “a las administraciones públicas les saldrá mas caro”.

El clamor ha sido conjunto. Una tras otra todas los representantes de todas las organizaciones participantes en un acto celebrado en Barcelona ha demandado ayudas directas, la suspensión de impuestos hasta que se supere la actual situación y poner fin a la financiación a través de líneas de crédito público que han llegado a denunciar que sirven para pagar impuestos. Àlex Goñi, responsable de Pimec Comerç, ha sostenido: “Queremos ayudas directas, suficientes y correctamente repartidas, no la vergüenza que hemos pasado con las de los autónomos”, en referencia a los problemas que tuvo la web de la Generalitat para soportar el alud de peticiones (se colapsó en dos días) y al escaso volumen de recursos, apenas 20 millones de euros que se agotaron en dos mañanas entre 10.000 solicitantes.

Más allá de las peticiones económicas, Pimec ha reclamado que se abra el Procicat, el grupo formado por los departamentos de Presidencia, Interior, Salud y Economía a las consejerías de Empresa y Trabajo para que se tenga en cuenta el posible impacto económico de las medidas. De hecho, se ha reclamado que cualquier medida que se tome vaya acompañado de “compensaciones económicas” para los sectores afectados. Y el secretario general de la patronal, Antoni Cañete, ha lanzado lo que puede sonar a aviso: “Estamos no para ir a juicio, sino para hablar”.

En todo caso, Pimec ha encargado al jurista Joan Manuel Trayter un dictamen para determinar si las empresas podrían utilizar la vía de las demandas de responsabilidad patrimonial como fórmula para verse compensados por las medidas tomadas. La respuesta es sí si es posible determinar el “daño” y este pueda ser “efectivo, evaliable e individualizable”. El problema que señala el dictamen es el de la lentitud, ya que se pouede activar hasta un años después de que s den por acabados los efectos de los daños. Trayter defiende ese argumento al considerar que “aquí no hay fuerza mayor: la gestión se podría haber hecho de otra manera”.