La financiación a empresas garantizada por avales públicos, puesta en marcha por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, no está llegando a todos los que la necesitan. Este es el aviso lanzado por las organizaciones de autónomos y pequeñas y medianas empresas, preocupadas por las tensiones de caja que pueda generar la falta de liquidez y la consiguiente destrucción de miles de firmas. Los más perjudicados son los profesionales y las empresas con menos de 10 empleados, ya que a menudo les resulta imposible cumplir con los criterios de solvencia que se requieren para beneficiarse de la línea de préstamos avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), unos parámetros que juzgan demasiado estrictos. Un 9,5% de los que han solicitado estos créditos señala que la operación aún está en proceso de estudio y a un 18,8% le han sido denegados, según el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), presentado este jueves.
Hasta mediados de este mes, de los 100.000 millones de euros desbloqueados por el Ejecutivo en avales de la línea del ICO, las empresas habían recibido 69.023 millones de euros, después de que se hubieran aprobado 565.110 operaciones, con un importe avalado de 52.761 millones de euros. “Tres cuartas partes de esta financiación se han destinado a autónomos y micropymes”, subraya el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano.
Pese a ello, las microempresas —que representan el 93,5% del tejido empresarial español— “son las que mayores dificultades siguen teniendo a la hora de acceder a los créditos ICO avalados por el Estado”, señala el director de Economía y Transformación Digital de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Luis Aribayos. El problema estriba en “sus reducidos recursos propios y un ajustado margen de beneficios”, apostilla. “Adicionalmente, si tienen alguna deuda pendiente registrada en la central de información de riesgos del Banco de España (Cirbe) o con Hacienda y Seguridad Social, por pequeña que sea, se ven excluidas”, añade Aribayos.
Solvencia imposible
Estas reglas de acceso provocaron que, si hasta ahora uno de cada tres autónomos ya ha pedido financiación al ICO, el 30% de los solicitantes no ha obtenido una respuesta o esta ha sido desfavorable. “Las empresas que antes de la crisis tenían cierto músculo financiero pasan la criba; las que ya tenían pérdidas o impagos, aunque estuviesen experimentando cierto crecimiento, como es el caso de muchas start up, no”, resume la vicepresidenta ejecutiva de la asociación, Celia Ferrero. A estas últimas se añaden las firmas que trabajan en el comercio minorista, en los sectores del textil y el calzado. “Tienen problemas para adquirir stocks y revenderlos, así que sus ratings de solvencia bajan”, explica.
“Entendemos que se trata de casos en los que el riesgo de insolvencia puede llegar a ser muy alto, pero en estos momentos, cuando más necesidad de liquidez hay y por parte de muchos autónomos se llega a la desesperación, ¿cómo es posible pedir solvencia?”, se pregunta Luis Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Abad recuerda, además, que el ICO garantiza el 80% del préstamo en el caso de que se produzcan impagos por parte del deudor, por lo que el banco tendrá que asumir solo el riesgo correspondiente al 20% restante.
Por ello, aboga por relajar las exigencias de solvencia y poner en manos públicas toda la gestión de los préstamos avalados por el Estado y no solo su erogación. “Lo que se hizo fue apretar el botoncito del dinero y dejar que lo gestione la banca privada”, dice Abad, quien pide una ampliación del papel del ICO y la imposición de unas reglas muy estrictas por parte de esta institución y del Banco de España “para que, de todos y cada uno de los préstamos, se justifique por qué se conceden o deniegan”.
El rol de la banca
La importancia de la labor de las 123 entidades financieras en las que se dan préstamos avalados por el ICO, sin embargo, ha sido subrayada varias veces a lo largo de estas semanas por el Ministerio de Asuntos Económicos y, para Campuzano, esta “es fundamental para canalizar la financiación al tejido productivo”. No obstante, el portavoz de la AEB insiste en que los bancos “deben actuar de forma responsable y prudente, una máxima que comparten y reclaman las autoridades; por esa razón, el Gobierno ha condicionado la concesión de los avales a empresas solventes que no tuvieran impagados antes de la crisis sanitaria”.
En la misma línea, Ferrero avisa de que no se puede pedir al sistema bancario que cargue con una morosidad potencial cuando ya existe un elevado riesgo económico coyuntural. En su opinión, al ofrecer créditos avalados para las empresas, “no solo España, sino todos los Estados que han puesto en marcha medidas similares quieren evitar que el sistema financiero acabe en una situación de morosidad excesiva”.
Por ello, tal y como se hizo en la crisis anterior, propone la emisión de una línea de créditos dirigidos exclusivamente a micropymes y autónomos, de una cantidad pequeña —entre 12.000 euros y 16.000 euros— pero suficiente para volver a abrir y adecuar el negocio a la nueva normalidad. Estos microcréditos se beneficiarían de garantías extraordinarias. “Si el Estado cubre el 80% y el restante 20% queda a expensas de los datos que aporta el propio autónomo, esta última parte podría estar avalada perfectamente por las Comunidades Autónomas, a través de las sociedades de garantías recíprocas”, explica Ferrero.
Otras soluciones
Por el contrario, para las entidades, “en el actual contexto, marcado por una enorme demanda de fondos, es crucial que las autoridades valoren otro tipo de soluciones para aquellos que no puedan acogerse a financiación bancaria, como subvenciones o ayudas públicas”, opina Campuzano.
Una visión que comparte Aribayos, quien hace hincapié en que el objetivo es “evitar a toda costa que empresas viables cierren por falta de liquidez, porque recuperar ese tejido productivo y el empleo que este genera, cuesta muchísimo”, y utiliza como ejemplo la crisis anterior, en la que se perdieron casi 303.000 empresas. “En los sectores más afectados, además del acceso a financiación, serán imprescindibles ayudas directas; todo ello supeditado evidentemente a la duración de la crisis sanitaria y a la existencia o no de posibles rebrotes”, concluye.
Respecto a la cuantía, las estimaciones de la Cepyme apuntan a que, para hacer frente a la crisis, las empresas españolas necesitarán financiación adicional por otros 200.000 millones de euros.
Menos retrasos
“La situación actual nada tiene que ver con la que se produjo tras el anuncio de la puesta en marcha de los créditos avalados por el ICO por parte del Gobierno en marzo”, admite el director de Economía y Transformación Digital de la Cepyme, Luis Aribayos. Si en aquel entonces se produjo una avalancha de solicitudes, lo que provocó retrasos de varias semanas en las resoluciones, ahora la demanda ha disminuido y la tramitación de los expedientes ha mejorado, por lo que esta organización no registra dilaciones superiores a las que se observan en otras operaciones bancarias.
Ya que la distribución de los 100.000 millones de euros en avales se partió en cinco tramos —el último, de 15.500 millones de euros, se aprobó el pasado martes—, las entidades con más penetración en el mercado de los préstamos a pymes y autónomos agotaron el cupo que se les había asignado muy rápidamente, mientras que otras, con menos clientes de este tipo, no lograban utilizarlo por completo. “De esta forma, por un lado los grandes bancos han gestionado poco dinero por la demanda que tenían, y, por el otro, los pequeños tuvieron que devolver una parte que, sin embargo, se ha vuelto a distribuir bajo los mismos parámetros”, denuncia la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero.
En cuanto a la documentación que el ICO obliga a solicitar a quienes demanden financiación, Aribayos cree que hubiera sido oportuno establecer un procedimiento abreviado para préstamos de cantidad reducida solicitados por microempresas y autónomos. “Esto hubiese permitido una mayor agilidad en la tramitación por parte de las entidades financieras y para el propio ICO, ya que se solicita un gran volumen de documentación, que resultaba difícil de proporcionar sobre todo al principio del confinamiento, especialmente para estas empresas, que además no cuentan con departamentos especializados, a menudo tienen un bajo nivel de digitalización y dependen de gestoras y asesores financieros externos que han estado saturados”, concluye.
