El Gobierno avalará el 80% de los créditos a empresas, pymes y autónomos afectados por el coronavirus

El Consejo de Ministros ha aprobado el primer tramo de la línea de avales de 100.000 millones para empresas en problemas provocados por el coronavirus. Con este primer paquete por valor de 20.000 millones, garantizará hasta el 80% de los préstamos que soliciten las empresas y autónomos a los bancos para afrontar el pago de salarios, circulante, facturas, necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de préstamos o impuestos, según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

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Horas después de la presentación de la norma, la patronal bancaria AEB emitió un comunicado en el que dieron la bienvenida a la medida porque “nos permite poner rápidamente el programa en marcha, comprobar que el mecanismo funciona y conocer la dimensión real de las necesidades de liquidez y financiación de nuestros clientes”. José María Roldán, presidente de la AEB, añadía que “ninguna empresa española solvente debe tener problemas de liquidez ni de financiación". Los bancos de las antiguas cajas, agrupadas en CECA, calificaron la medida de “indispensable para mitigar los efectos de la ralentización económica. Preservar la liquidez es clave para asegurar la continuidad del funcionamiento de miles de empresas y autónomos. Las autoridades cuentan con la plena colaboración de las entidades de la CECA” que asumen su “compromiso” para “asegurar el mantenimiento de la actividad" de las empresas.

En este primer tramo, tal y como adelantó EL PAÍS, el Ejecutivo avalará operaciones por un importe de hasta 20.000 millones y, al menos, la mitad tiene que destinarse para pymes (con menos de 250 trabajadores) y autónomos. El objetivo de esta medida es “garantizar la liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo”. Todos los Gobiernos en Europa está aprobando esquemas similares por el miedo a que la banca se viese obligada a cerrar el crédito ante el aumento del riesgo en un contexto de elevadas dificultades de los bancos para reforzar su capital.

La segunda parte de esta línea de avales se destina a empresas medianas y grandes y se subdivide en dos partes. Cuando se trate de nuevos créditos, la garantía será de hasta el 70%, y cuando se renueven préstamos que vayan a vencer en los próximos meses, la cobertura pública alcanzará el 60% del importe. Estos porcentajes son los que ha decidido el Ejecutivo tras negociar con la patronal y los bancos, que pretendían porcentajes de garantía mayores, cercanos al 90%. Según explican fuentes del Ministerio de Economía, las entidades y el Estado compartirán la pérdida en el porcentaje marcado desde el primer euro impagado.

Lo que el Ejecutivo pretende es que si a un cliente le vence el crédito en estos meses, la entidad se lo renueve con aval porque la situación económica es de una enorme incertidumbre. Pero lo que no quiere el Gobierno es que la banca aproveche este plan para trasvasar morosidad anterior al Estado. El Ejecutivo ha dejado claro a la banca que no puede cancelar créditos anteriores al coronavirus que estén en una situación delicada y concederlos de nuevo con el paraguas de los avales. Por eso, la norma aclara que los solicitantes no pueden haber entrado en morosidad a 31 de diciembre de 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

Costes de los avales

“Se ha empezado por estos 20.000 millones, y cuando se agote esta primera línea, entrarán en acción las demás de forma automática. Queremos observar cómo funciona lo que hoy hemos aprobado por si hay que hacer ajustes”, ha explicado la ministra de Hacienda. El Gobierno cobrará a los bancos por usar el aval entre el 0,20% y el 1,20%, dependiendo del tipo de empresa, el importe y el plazo del préstamo; es decir, cuanto más largo sea el plazo del préstamo, más alto será el coste del aval. En principio no se han asignado cuotas a cada entidad, por lo que podrán usar las garantías a demanda hasta que se acaben, momento en el que el Gobierno ampliará su importe, según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.

Sin embargo, como ha explicado Montero, “el Gobierno no ha determinado ningún tipo de criterio sobre los tipos de interés”. Es decir, no ha fijado el tipo de interés que los bancos cobrarán a sus clientes, una decisión que dependerá de la política comercial de cada entidad. Montero sí que ha señalado que el problema “no tiene que ver tanto con los intereses, o sea, el precio, que se ha mantenido bajo en los últimos años, sino por la necesidad de avalar el riesgo, que permita que las entidades tengan un colchón de seguridad”. Y así sigan concediendo el crédito.

Pero en cualquier caso se obliga a las entidades financieras a que “se comprometan a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis de la Covid-19″, según se explica en un comunicado de Economía. Y añade: Los bancos "también asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados”.

Cinco años de plazo máximo de la garantía

El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años. Las empresas y autónomos interesados “podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración”, indica el Gobierno.

De todas formas, esta línea “será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con las entidades financieras”, dice la nota, lo que supone que será esta institución la que controle los precios de los créditos. La medida aprobada este martes tiene efectos retroactivos para operaciones firmadas desde el pasado 18 de marzo, cuando se aprobó la línea.

En el comunicado de la AEB, los bancos dijeron ofrecer “su total cooperación a las autoridades para poner en marcha las iniciativas dirigidas a paliar los efectos del coronavirus. Hasta el momento han puesto a disposición de autónomos, pymes y empresas más de 60.000 millones de euros”.

José María Roldán, presidente de la AEB, añadía que “ninguna empresa española solvente debe tener problemas de liquidez ni de financiación. Los bancos, con la ayuda del programa de avales públicos, están aquí para garantizar la supervivencia de las empresas y autónomos afectados por esta crisis sanitaria. Queremos y podemos hacerlo”. Las medidas del Gobierno anunciadas aumentan el margen de maniobra de las entidades para acompañar a los ciudadanos y empresas en estos momentos tan difíciles y evitar que la situación actual de parálisis se convierta en un problema estructural, concluía la Asociación Española de Banca.

Por otro lado, la ministra Montero ha desmentido de forma muy contundente que el Gobierno esté barajando una rebaja del sueldo de los funcionarios para hacer frente las necesidades presupuestarias que va a requerir la crisis. “Este tipo de noticias va contra la gestión de esta situación”, ha añadido la responsable de Hacienda.

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