La corrupción se cuela en las urnas

España ha sufrido en los últimos años episodios de grave corrupción en las instituciones principales, con fulminantes consecuencias: la más notoria hizo caer al Gobierno de Mariano Rajoy por una moción de censura (julio de 2018), y la más sorprendente llevó a Juan Carlos I a abandonar España para instalarse en Abu Dabi (agosto de 2020) cuando era investigado por la Fiscalía Anticorrupción, una causa finalmente archivada. Pero estos hechos y otros parecidos no han servido de vacuna para curar definitivamente uno de los males más lesivos para la democracia.

Entre 2016 y 2022 —los únicos siete ejercicios de los que hay registros fiables en el Consejo General del Poder Judicial— los tribunales de justicia instruyeron en España más de 400 procedimientos por corrupción (que no solo afecta a personalidades públicas sino también a particulares y empresas), con casi 2.000 imputados, más de 200 empresas implicadas y 410 condenados. Pese a estos números, la percepción de la corrupción ha pasado de estar entre los tres principales problemas del país a figurar en el puesto 17 en el CIS de febrero. “Quizás ha bajado la percepción porque han aparecido menos casos y porque los ciudadanos, desde la pandemia y la crisis, tienen problemas que los afectan más directamente”, explica un alto cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

No es solo una percepción. Los procedimientos por corrupción en tribunales de toda España han ido bajando: han pasado de 112 en 2016 a 53 en 2021. Son causas abiertas por alguno de estos delitos: negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, malversación, cohecho, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

A pesar de esa reducción a la mitad de las causas abiertas por malas prácticas políticas y empresariales en los últimos ocho años, los principales partidos airean ahora las corruptelas del adversario en vísperas de la batalla electoral por el poder municipal y autonómico del 28 de mayo.

El PSOE impulsa una investigación en el Senado a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), a cuenta de un patrimonio sospechoso tras la imputación de su hijastro en un caso de narcotráfico. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha usado el caso Cuarteles —el supuesto amaño de contratos de obras de la Guardia Civil a favor de un empresario— para atacar al adversario acusando a dirigentes del PP de bloquear la investigación del caso en 2017. El mismo Grande-Marlaska resucitó el caso Kitchen —la presunta operación policial no comunicada al juez para robar pruebas sobre la financiación ilegal del PP— al recordar en el Congreso cómo el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó el Ministerio del Interior para hundir a sus adversarios políticos y protegerse de la investigación judicial de su caja b.

El PP de la Comunidad Valenciana, golpeado por numerosos casos de corrupción durante el mandato de Francisco Camps (2003-2011), intenta, por su parte, debilitar al PSOE aprovechando algunos flecos que le salpican del caso Azud, cuyo origen, sin embargo, son supuestos contratos amañados por dirigentes del PP en el Ayuntamiento de Valencia. En Madrid, el PP se aferra al caso Mediador, en el que está involucrado Juan Bernardo Fuentes, exdiputado del PSOE que entregó su acta de parlamentario horas después de que se conociera la investigación judicial.

El PSOE sigue encima de los casos Gürtel, Lezo y Púnica, tramas de corrupción en los Gobiernos autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid desde 2003 hasta 2015.

Podemos intenta, mientras tanto, abrir una investigación en el Congreso de los Diputados a los periodistas, políticos y policías que participaron presuntamente durante años en varias operaciones ilegales, fabricando y publicando pruebas falsas para hundir a esa formación política en las distintas elecciones convocadas desde 2015. A esta estrategia se suman los partidos catalanes, ERC, Junts o PDeCAT, que quieren que esa misma comisión parlamentaria analice todas las maniobras policiales, algunas amplificadas por determinados medios, para atacar a dirigentes independentistas catalanes con pruebas que resultaron falsas en muchas ocasiones.

El ruido de la batalla política afecta al Tribunal Supremo, quien dirime en última instancia las causas penales por corrupción. En lo que va de año ha dictado siete sentencias (una, absolutoria) y tiene pendientes otras 23 que irá resolviendo en los próximos meses. El Supremo seguirá durante este periodo electoral la conocida como “doctrina Ruiz Vadillo”, que lleva el apellido de un expresidente de lo Penal que decidió aplazar la publicación de sentencias que afectasen a la clase política en tiempos de campaña, según explica a EL PAÍS uno de los magistrados de esa sala.

El Supremo debe resolver en los próximos meses —con ese previsible parón en campaña electoral— los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional de los papeles de Bárcenas, donde quedó acreditada la caja b del PP, y de la corrupción generada durante la visita del Papa a Valencia en 2006. Hay, sin embargo, otras instancias judiciales que han fijado juicios por corrupción en plena campaña electoral. El Congreso y el Senado han previsto también sesiones de investigación sobre estos temas para las próximas semanas.

Lo que sigue es una selección de las principales causas abiertas por corrupción en las cuatro comunidades más pobladas de España y que más han sufrido este problema:

Andalucía: el ‘caso de los ERE’ y sus derivadas

Dos presidentes autonómicos socialistas, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), seis consejeros de la Junta, tres viceconsejeros y tres directores generales fueron condenados por corrupción (en la Audiencia Provincial en 2019 y en el Supremo en 2022). Unos ingresaron en prisión por malversación —también Griñán fue condenado por ese delito, pero su entrada a la cárcel ha sido aplazada mientras se trata de un cáncer—. Otros, como Chaves, han evitado la prisión al ser condenados por prevaricación (que solo conlleva pena de inhabilitación). Todos ellos formaban parte del Ejecutivo que gestionó entre 2001 y 2010 un programa de prejubilaciones pagadas con dinero público aplicadas a 77 empresas con más de 6.000 trabajadores beneficiados. El programa habrá costado en total 1.300 millones de euros cuando termine de pagarse, en 2025. El PP considera que se trata del mayor caso conocido de corrupción en la historia de España. Altos cargos, empresarios y sindicatos aprovecharon la falta de controles sobre el gasto para el saqueo de fondos públicos.

Comunidad Valenciana: del ‘caso Gürtel’ al ‘caso Azud’

Las empresas de la trama Gürtel trabajaron en la Comunidad Valenciana en la primera década del siglo XXI y lograron decenas de contratos a dedo o amañados por parte del Gobierno de Francisco Camps, algunos de cuyos consejeros y directores generales acabaron condenados a penas de cárcel por corrupción. La rapiña institucional tuvo su colofón en el viaje del Papa a Valencia en 2006, que aprovechó la trama Gürtel para conseguir un contrato multimillonario a través de una empresa interpuesta del que sacó un beneficio de tres millones de euros. La Audiencia Nacional castigó con penas de hasta 15 años de cárcel a 19 procesados por la adjudicación ilegal de ese contrato para el suministro de pantallas, sonido y megafonía en la visita de Benedicto XVI.

Las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la red Gürtel, lograron estos contratos gracias, según dijeron ellos mismos, a la amistad que uno de sus dirigentes, Álvaro Pérez, mantenía con el entonces presidente valenciano, Francisco Camps, quien acabo dimitiendo cuando se tuvo que sentar en el banquillo por aceptar supuestamente regalos de trajes y ropa valorados en más de 30.000 euros. Aunque Camps no pudo probar durante el juicio que los había pagado de su bolsillo, un jurado popular le absolvió en ese caso. Ahora se enfrenta a un nuevo juicio por un contrato amañado de la consejería de Turismo para la red Gürtel en el stand de la comunidad Valenciana de Fitur 2009. Numerosos testigos e imputados han acusado al expresidente de ser principal responsable del trato de favor dado a las empresas de Francisco Correa. Camps y otros ex altos cargos lo han negado. La sentencia se conocerá en los próximos meses.

También en la Comunidad Valenciana el PP intenta en las últimas semanas acorralar al PSOE a cuenta del denominado caso Azud, cuyo origen es una denuncia anónima que destapó una trama de contratos amañados y pelotazos urbanísticos perpetrados entre 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia a cambio del pago de mordidas. El principal beneficiario de estas prácticas fue el abogado José María Corbín, marido de la hermana y jefa de gabinete de la entonces alcaldesa Rita Barberá, según la investigación judicial. En el sumario también se incluyen indicios contra el primer teniente de alcalde del PP en Valencia, Alfonso Grau (detenido en mayo de 2021), y el empresario Jaime Febrer. Hay más de 60 imputados, de los cuales más de una decena fueron altos cargos del PP. Hay también siete imputados vinculados al PSOE valenciano (PSPV), entre ellos el exportavoz municipal en Valencia, Rafael Rubio, y José Cataluña, secretario de finanzas del PSPV hasta 2004, quien supuestamente intermedió para la adjudicación de contratos a la trama corrupta en administraciones socialistas. El exgerente del PSPV llegó a declarar que una de las empresas del empresario Jaime Febrer pagó gastos electorales a los socialistas en las campañas de 2007 y 2008, aunque sin acreditar a cambio de qué.

Comunidad de Madrid: la herencia más tóxica

En Madrid, las sospechas de corrupción —que no han llegado a traducirse en evidencias judiciales— alcanzaron en los últimos años a la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, por las ayudas concedidas por una entidad autonómica en forma de aval a la empresa quebrada de su padre, ya fallecido; por el pelotazo del millón de euros que enriqueció a su hermano en la venta de mascarillas o por el uso como despacho de un apartamento de lujo durante la pandemia que ella pagó de su bolsillo, según pudo acreditar. La herencia que recogió Ayuso al hacerse cargo de la presidencia regional se resume en tres graves casos de corrupción: Gürtel, Púnica y Lezo, que han llevado a prisión a consejeros, alcaldes y a un presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Cataluña: de la familia Pujol a la presidenta del Parlament

La corrupción sigue marcando la vida política en Cataluña. El caso Palau —sentenciado en 2017— acreditó una compleja trama para cobrar mordidas de la empresa Ferrovial a través del Palau de la Música para financiar a Convergencia, el partido que durante 23 años gobernó Cataluña en solitario. Y, hace unos días, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, líder de Junts, fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por trocear un contrato público para adjudicárselo a un amigo sin cumplir las normas. “Un caso flagrante de prevaricación”, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Audiencia Nacional está pendiente de enjuiciar toda una etapa política en Cataluña, la marcada por el mandato de Jordi Pujol (1980-2003). El expresidente catalán y sus siete hijos están procesados por enriquecerse durante años aprovechando la posición privilegiada de Pujol y su capacidad de influencia a cambio del cobro de comisiones ilegales. El juez les atribuye los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental.

‘Caso Mascarillas’: “La avaricia no es delito”… o sí

Durante los primeros meses de la pandemia en 2020, el Gobierno decretó el estado de alarma para poner el país en pausa con un confinamiento obligatorio, el cierre de empresas, comercios y colegios. Además, anuló la normativa sobre contratación pública de material sanitario para agilizar las compras ante la situación de emergencia que sufría el país, con cientos de muertos diarios y miles de contagiados. En ese ambiente de contratación sin normas, muchos empresarios de toda España (según acreditaron distintos informes del Tribunal de Cuentas) se enriquecieron en muy pocos días comprando mascarillas en China y vendiéndolas a las administraciones públicas por el doble o el triple del precio al que las habían adquirido.

La Fiscalía Anticorrupción investigó varios casos y llegó a la conclusión de que “la avaricia no es delito” —en expresión de uno de los fiscales que llevó esas pesquisas— porque en ese momento no había reglas ni concurrencia. El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, y la empresa a la que se asoció para comprar mascarillas, Priviet, lograron, por ejemplo, en unos días un beneficio próximo al millón de euros: compraron en China 250.000 mascarillas por medio millón y se las vendieron a la Comunidad de Madrid por 1,5 millones. Las fiscalías española y europea contra la corrupción no vieron delito en esta operación.

Sin embargo, un juez acaba de procesar a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por vender mascarillas al Ayuntamiento de Madrid “inflando el precio un 60%”, o guantes de nitrilo (81%) o test de antígenos (71%). Luceño y Medina ganaron seis de los 12 millones de euros que el Ayuntamiento les pagó por el material que habían traído de China. El juez los ha procesado a ambos por, entre otros, un delito de estafa agravada: “Un caso de negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio”.