Podemos acusa al PSOE de proteger a periodistas corruptos y no querer investigar las ‘cloacas’ del Estado

El PSOE y Unidas Podemos no están de acuerdo en cómo debe empezar a operar en el Congreso la comisión de investigación sobre las cloacas políticas y policiales auspiciadas desde el Ministerio del Interior en la época de los gobiernos de Mariano Rajoy. Ese desacuerdo se plasmó en la reunión de esa comisión Kitchen III este jueves, cuando debía haber ordenado su plan de trabajo y calendario, pero no se ha aprobado ninguna de las casi diez listas de comparecientes presentadas, tampoco las del PSOE o Unidas Podemos (UP). La diferencia sobre las comparecencias necesarias es abismal. Los socialistas quieren evitar de entrada a determinados políticos y a un grupo periodistas afectados por aquella trama parapolicial que difundió noticias falsas en determinados medios, en contra del criterio de sus socios. Las primeras citaciones podrían postergarse hasta después de las elecciones del 28-M.

Las distancias en los planteamientos entre los socios de la coalición son siderales, por el momento. El PSOE presentó un listado de 18 comparecientes con muchos nombres de comisarios y mandos policiales, pocos políticos, y solo dos exministros del equipo de Rajoy: el extitular aquellos años en Interior, Jorge Fernández, y la de Defensa, Dolores de Cospedal, que era también secretaria general del PP y mantuvo muchas reuniones con el polémico comisario José Manuel Villarejo, teórico cabecilla de la llamada policía patriótica o política.

A Unidas Podemos no es que le parezca mal esa estrategia de trabajo, pero entiende que, si de lo que se trata es de desenmascarar a la trama que maquinaba para fabricar noticias falsas desde Interior para perjudicar a rivales políticos del PP, deberían pasarse por la comisión los periodistas, directores y editores de medios que tuvieron alguna implicación en aquel proceso. El PSOE disiente. Al menos por ahora. Argumentan que el mandato que tienen aprobado por el pleno para esta comisión caduca en tres meses, el 30 de junio, con la campaña en medio, y que hay que priorizar porque no da tiempo para todo. En la cúpula socialista no ven útil centrar esta comisión en polémicas periodísticas “que obsesionan a Pablo Iglesias” y apuntan que esa es la posición que le han transmitido también formaciones vascas y catalanas.

El PSOE defiende que sí puedo negociar, y hasta retirar dos o tres de sus nombres, con otras formaciones, como EH Bildu, PNV y PDeCAT (y por un fallo de organización no se pudo hacer este jueves con ERC), lo que confirman en esos grupos, pero que UP “se obcecó con dos periodistas en concreto y no aceptaron siquiera discutir esos nombres o cambiarlos por otros de su propia lista”.

Los dos socios en la coalición llevan días negociando esas diferencias, sin éxito. Lo volvieron a intentar in extremis al inicio de la sesión de trabajo de este jueves, a puerta cerrada. Fuentes de la dirección del grupo parlamentario de UP denunciaron más tarde con dureza su visión de la actitud socialista en esa comisión: “El PSOE veta a los periodistas corruptos, como Ferreras [Antonio García Ferreras, periodista de La Sexta], que son centrales en la trama. El PSOE no quiere realmente investigar las cloacas. Hoy (por este jueves) han intentado sin éxito fabricar una comisión paripé”.

El portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, lo ratificó en Twitter: “Han caído todas las listas de comparecientes de la comisión Kitchen porque el PSOE ha querido imponer su lista sin negociar. En particular, han vetado nuestra petición de comparecencia de Ferreras, parte central de la trama de cloacas. A saber qué tipo de pactos tendrán con él”. Esas arremetidas molestaron en el PSOE, que las interpreta en clave de las disensiones internas que está sufriendo Podemos entre el sector que lidera Iglesias, al que ven más interesados en torpedear la comisión, y el nuevo proyecto que encabeza Yolanda Díaz con Sumar.

En la lista propuesta por Unidas Podemos de 17 nombres figuran un total de siete representantes de medios de comunicación y es ahí dónde incluyen, entre otros, a Ferreras, con el que el exlíder de UP, Pablo Iglesias, lleva meses de enfrentamientos. UP también querría citar en el Congreso en esas sesiones al propio Iglesias. El PSOE matiza que comenzar ahora estas sesiones con presentadores muy reconocidos de televisión podría “distorsionar” el sentido de sus trabajos y que es mejor “conocer quiénes fueron los responsables que hicieron los trabajos falsos que los periodistas que los difundieron”.

En Unidas Podemos sostienen que el resultado del encuentro fue “un fracaso porque el PSOE quería solo imponer su trágala y no se mostró nada flexible para haber aceptado dos o tres de nuestros nombres y alguno incluso de una formación nacionalista como ERC”. En el documento de los republicanos catalanes había hasta 55 sugerencias.

La reunión de la comisión Kitchen III constató este jueves esa distancia y no refrendó ninguna lista, tampoco obviamente las registradas por los otros aliados del bloque de la izquierda ni las planteadas desde la derecha o ultraderecha. El PSOE resalta la intransigencia de UP con el dato de que hubo la posibilidad de sacar adelante “una lista de mínimos” registrada por el PNV, que solo tenía dos comparecientes, Villarejo y el presidente de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer. Esa opción era asumida por casi todos los partidos socios habituales ya como mal menor para arrancar, pero UP también la rechazó.

Los partidos se han dado así otro plazo hasta el 15 de abril para ofrecer otro tipo de listados, y hasta el 18 para votarlas. El calendario electoral apremia, porque si se lograse aceptar un listado final en esa jornada, luego tendrían que concederse dos semanas para hacer llegar esas peticiones a los distintos comparecientes y se entraría ya en la fase de la campaña de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, en la que el presidente de la comisión, el catalán Ferran Bel, no quiere mezclar este asunto. En ese supuesto, sería mucho más que factible que los primeros llamados a presentarse ante la comisión no pudieran hacerlo hasta después de haberse celebrado esos comicios.

Las discrepancias entre los dos socios en el Ejecutivo son ahí sustanciales y además quedarán luego por reparar las que mantienen también con la mayoría de sus aliados nacionalistas o separatistas, catalanes y vascos. Muchos de esos partidos, y también en este caso el PP o Vox, están empeñados en aprovechar esa comisión para que acudan a dar explicaciones de la denominada Operación Cataluña contra dirigentes independentistas responsables políticos de diversos gobiernos, tanto centrales como de la Generalitat.

Algunas formaciones, especialmente independentistas catalanas, querrían también que en esas sesiones se aportase algo de luz sobre el caso de la actuación de ciertos mandos policiales y responsables políticos del Gobierno del PP con relación al cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA). Un juzgado local llegó a imputar al expresidente Rajoy, quien consiguió paralizar en los tribunales españoles su declaración como investigado en el país vecino. El PSOE ha transmitido a alguno de sus socios que no quiere aprovechar esta comisión para profundizar en ese escándalo y no ha metido en su lista ni a Rajoy ni al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Entre los 17 comparecientes que pidió el PP, y que tampoco se aceptaron, no había ningún exresponsable de sus gobiernos del pasado y si ministros y exministros del PSOE, la familia Pujol, y cargos cesados o que han tenido problemas y polémicas durante el mandato socialista.