La jueza deja en libertad al exsubdelegado del Gobierno en Valencia, investigado en el ‘caso Azud’

El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha dejado en libertad al exsubdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, el socialista Rafael Rubio, investigado en el conocido como caso Azud, una presunta trama de corrupción urbanística, y detenido hace dos meses por su presunta implicación en el cobro de sobornos.

Con esta tercera excarcelación son únicamente dos las personas que siguen en prisión por este caso, el empresario Jaime Febrer y el exvicealcalde de Valencia con el PP, Alfonso Grau. Hace apenas 15 días la juez decidió dejar también en libertad a los empresarios Mónica Montoro y Joaquín Pastor, detenidos en la misma operación, ante la consideración de que ya no se daba el riesgo de destrucción de pruebas que provocó su entrada en prisión. El letrado de Rubio también había pedido la libertad para su representado y el juzgado, tras estudiarlo, se lo ha concedido con las medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales en sede judicial.

En esta causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Se trata de un caso que implica tanto a dirigentes del PP como del PSPV. De hecho, tanto Rubio como Grau tienen pendientes además otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa, en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa. Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. Además, también está imputado investigado en el caso Imelsa.

La implicación de Rubio y Grau tiene su origen en las anotaciones en agendas y dispositivos incautadas al empresario Jaime Febrer. Sobre el primero, según fuentes de la investigación, su papel, en la mayoría de los casos, se centraba en diluir las críticas desde su puesto de portavoz de los socialistas valencianos en el Consistorio. Pero también se investigan su participación y decisiones en empresas públicas municipales como las encargadas de la gestión del agua, Egevasa y Emivasa, y la del suelo, Aumsa. Respecto al segundo es, según las mismas fuentes, quien recibía presuntamente, la mayor parte de las mordidas. Así, en su declaración ante la titular del juzgado número 13 de Valencia, que instruye el caso, se les preguntó por reuniones concretas, en fechas concretas y con unos participantes muy concretos.