La jueza manda a prisión al exsubdelegado del Gobierno en Valencia y al exvicealcalde de la ciudad

La titular del juzgado número 13 de Valencia, que instruye el caso Azud, ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y los empresarios Jaime Febrer y Mónica Montoro. La jueza ha atendido así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación de una trama creada para el supuesto cobro de mordidas y los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. La jueza argumenta que existe riesgo de destrucción de pruebas y peligro de fuga en su resolución.

Los otros ocho detenidos que comparecieron ante la jueza quedaron en libertad provisional con medidas cautelares como la retirada de pasaportes, prohibición de salida de territorio nacional y comparecencias semanales en sede judicial, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Uno de ellos es José Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, una empresa pública de la Diputación de Valencia.

Trece de los detenidos del caso Azud pasaron ayer sábado a disposición del Juzgado encargado del procedimiento. Las comparecencias ante la magistrada se dilataron varias horas, prácticamente todo el día, porque al menos dos de los detenidos, Grau y Rubio, pidieron conocer información que justificaría su ingreso en prisión preventiva por un caso que está bajo secreto de sumario. Muchos de los comparecientes se acogieron a su derecho a no declarar.

El pase a disposición judicial y la resolución de la jueza pone fin a una operación de tres días de registros y detenciones coordinados por el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción y que llevaron a efecto agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Este grupo detuvo el pasado jueves al exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, después de varias horas de registro de su domicilio, al exvicealcalde en Valencia, del PP, Alfonso Grau, al constructor Jaime Febrer y al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra [empresa de la Diputación de Valencia] José Luis Vera, además de a otras 10 personas.

Los detenidos, trasladados a las nueve de la mañana, han comenzado a declarar a la una y media de la tarde y el primero en hacerlo ha sido el exvicealcalde del PP en Valencia Alfonso Grau, que tuvo que dimitir de este cargo en marzo de 2015 por su procesamiento en el caso Nóos, del que luego salió absuelto. Le ha seguido, según fuentes judiciales, el destituido subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, suspendido de militancia por el PSPV-PSOE tras su arresto.

Tanto a Rubio como a Grau se les acusa de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones relacionadas con operaciones urbanísticas como el plan del Grao en Valencia. En concreto, el primero pudo haberse llevado 300.000 euros y el segundo, un millón de euros, según las investigaciones.

Rubio está procesado además en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa. Grau, de 80 años y número dos de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue condenado a cuatro años de cárcel —una pena ratificada por el TSJCV— por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

Otro de los detenidos que presuntamente ha tenido un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que intermedió, presuntamente, entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado este jueves en Ibiza. Además, la UCO detuvo a otra decena de personas más, entre ellas la hija de Grau, el empresario Federico Ferrando Giner, la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú (PP), otro concejal de este ayuntamiento alicantino, y la empresaria Mónica Montoro. Fuentes de la investigación aseguran que no hay más cargos públicos activos entre los detenidos pero sí más empresarios.

Estos arrestos se producen en una segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas, con facturas supuestamente ficticias expedidas por varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia y de otros consistorios. La causa comenzó en 2017, permanece secreta y se abrió por delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

En una primera fase del procedimiento se detuvo en 2019 al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y a su socio, el letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigadas la mujer y las hijas de Corbín.