Detenidos el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el exvicealcalde del PP, Alfonso Grau, por cobrar comisiones

El hasta hoy subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el socialista Rafael Rubio, y el que fuera mano derecha de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y vicealcalde con el PP, Alfonso Grau, han sido detenidos este jueves por la mañana en el marco de una operación contra una trama de cobro de presuntas comisiones urbanísticas entre 1999 y 2011, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fuentes de la delegación de Gobierno y cercanas a la investigación han confirmado a EL PAÍS el arresto en su domicilio de Rubio por supuestos delitos cometidos cuando era concejal por el PSPV-PSOE. También el de Grau.

La bautizada como Operación Hades (nombre del dios griego del inframundo) se ha saldado de momento con la detención de 14 personas. Las nuevas pesquisas, que dirige el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia, forman parte de una investigación más amplia, el caso Azud, cuyo principal imputado es el que fuera cuñado de Barberá, José María Corbín, que ya fue detenido en 2019 por el mismo caso. Se han realizado unos 40 registros y la gran mayoría de detenciones se han producido en la Comunidad Valenciana, pero también en otras comunidades autónomas. El sumario está bajo secreto.

Entre los detenidos también se encuentra el empresario de la construcción Jaime María Febrer, que sería una de las claves de bóveda del caso, una trama de comisiones a cambio de adjudicaciones en suelo público para promociones de vivienda pública, según ha adelantado esta mañana Okdiario. También se ha arrestado al abogado José Luis Vera, que ejerció de director jurídico de la empresa pública de la Diputación provincial de Valencia, Imelsa, que fue cerrada tras los escándalos de corrupción, y ahora ocupaba el mismo cargo en su heredera, Divalterra, empresa cuyo cierre también se ha anunciado.

La Unidad Central Operativa ha finalizado alrededor de las 16.10 horas el registro en la vivienda del exdelegado del Gobierno, que ha abandonado la vivienda detenido y custodiado por los agentes, ocultando su rostro dentro del coche. El registro en este domicilio se ha prolongado durante cerca de ocho horas y en él ha participado un cerrajero para abrir una caja fuerte. Rubio ha abandonado el edificio subido en un coche sin distintivo policial y desde el garaje, aparentemente sin esposas.

Junto a él, han salido de la vivienda unos diez agentes de la UCO en tres vehículos, uno de ellos con la matrícula tapada, que previsiblemente se dirigirán ahora a una dependencia de la Guardia Civil, probablemente la Comandancia Provincial, según han apuntado fuentes de la investigación.

Alfonso Grau ha sido imputado en otras investigaciones durante el mandato de 24 años de Barberá, fallecida hace cinco años, como el llamado pitufeo, una forma de blanquear por el que están siendo investigados la mayoría de los miembros que formaron parte del grupo municipal del PP. Se trata de una pieza separada del caso Taula. Grau, de 80 años, es un veterano político del PP de Valencia que dimitió de su cargo en marzo de 2015, solo unos meses antes de las elecciones locales, por su procesamiento en el caso Nóos, del que luego salió absuelto. Desde entonces, su nombre solo ha trascendido por investigaciones judiciales en torno a su gestión. lA principios de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) confirmó una condena de cuatro años de cárcel por aceptar relojes de lujo de un empresario, concesionario local.

Por su parte, Rubio, de 61 años, está también siendo investigado por hechos cometidos en su etapa de diputado provincial de la Diputación de Valencia, en una pieza separada del caso Taula por la presunta contratación irregular de trabajadores zombis (falsos), que no acudían a su puesto. Ha sido el único político socialista investigado entre más de una veintena de cargos del PP, encabezados por el ex presidente de la Diputación, Alfonso Rus.

Poco después de conocerse la detención de Rubio, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, le ha destituido de su puesto, según informa la institución en un comunicado. El PSPV-PSOE ha suspendido de militancia y ha abierto un expediente en cuanto se ha tenido conocimiento de la operación judicial.

Un histórico del partido

Rafael Rubio, un histórico del partido en la ciudad de Valencia, fue candidato a la alcaldía por el PSPV-PSOE en 2003 y consiguió 12 concejales en un mandato en el que el PP de la fallecida Rita Barberá conservó la mayoría absoluta. El detenido fue portavoz los siguientes cuatro años y aunque continuó en la lista electoral socialista de 2007, fue Carmen Alborch quien encabezó la candidatura. Poco después, se encargó de la portavocía del grupo socialista en la Diputación de Valencia bajo la presidencia del popular Alfonso Rus. Antes de ser nombrado subdelegado de Gobierno ejerció de coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, regido por una coalición formada por Compromís y PSPV-PSOE desde 2015 (hasta 2019, Unides Podem también fue socia de Gobierno). En la oposición se mostró muy crítico con Grau y con algunas operaciones urbanísticas, como la permuta de unas viviendas del Cabanyal por un solar que, según denunció el entonces edil en 2005, benefició a Construcción Valencia Constitución S.L. cuyo titular era el empresario hoy detenido.

La detención de Rubio ha causado una gran conmoción y sorpresa en el seno de los socialistas valencianos. Funcionario municipal, es un político veterano que ha ejercido de fontanero del partido y ha intentado siempre buscar consensos entre los diferentes grupos en el seno de la formación. No obstante, si ha tenido que optar por algún candidato en las batallas internas, lo ha hecho por el actual secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Precisamente, la actual delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, es una persona de la total confianza de Ábalos. Fue ella quien nombró a Rubio subdelegado en Valencia y quien lo ha destituido al poco de saltar la noticia de su arresto.

Este mediodía, Calero ha manifestado que la destitución de Rubio como subdelegado del Gobierno en Valencia se ha producido de forma “automática” tras su detención y porque no podían “consentir que hechos ocurridos hace tanto tiempo puedan afectar a la normalidad del funcionamiento de la Delegación del Gobierno”.

“Nos hemos enterado a las ocho de la mañana de lo ocurrido. Automáticamente he procedido a cesar al delegado del Gobierno, desde esta mañana a las nueve. La Justicia seguirá su camino, como no puede ser de otra manera. Respetamos el procedimiento judicial y esperaremos, pero no podíamos consentir que hechos ocurridos hace tanto tiempo, investigados desde 2005, puedan afectar a la normalidad del funcionamiento de la Delegación del Gobierno”, ha declarado Calero a los medios de comunicación.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha expresado a última hora de la tarde en Burgos su “alarma y sorpresa” por la detención de Rafael Rubio, que fue su sustituto al frente de la secretaría local del PSOE en València. A preguntas de los periodistas, ha reconocido que Rubio estaba imputado cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno, aunque era una cuestión distinta por un caso de supuesta malversación. Ha señalado que no valora la acción de la Justicia, ya que “si se detiene a alguien será, seguramente, porque hay suficiente fundamento”.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado en Sevilla, sobre la detención del subdelegado del Gobierno en Valencia: “Esta es la grandeza de la democracia”. El ministro ha pedido que se deje actuar a la justicia y ha recordado la presunción de inocencia. También lo ha hecho el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, que ha considerado que “tanto desde el punto de vista institucional como del partido se han tomado las decisiones oportunas”.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha asegurado que ve una “estrecha relación” entre el caso Azud, que se ha saldado de momento con 14 detenciones, con la operación urbanística de compra de terrenos en el entorno del circuito de la Fórmula 1, que fueron incluidos en el PAI del Grau, y que denunció en octubre de 2014 cuando ejercía de portavoz municipal de Compromís en el consistorio.