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África es la región del mundo que se está urbanizando con mayor rapidez. En los últimos 25 años, la población urbana se ha más que duplicado en casi todo el África subsahariana, y cuenta con la tasa más alta de asentamientos informales. Los datos disponibles sugieren que la proporción de pobres urbanos es del 72% en las ciudades de África, en comparación con el 43% en Asia y el Pacífico, el 32% en América Latina y el 30% en Medio Oriente y África del Norte. Intentar mitigar los efectos nefastos de tener a una mayoría de población urbana residiendo en barrios con vivienda precaria y servicios ineficientes no es tarea fácil. En tiempos de pandemia global, las carencias se han hecho más que evidentes en cuarentenas imposibles. Sin embargo, las respuestas ciudadanas parecen funcionar mejor que las soluciones propuestas desde las instituciones públicas, y plantean serias dudas sobre el abordaje en la mejora de los barrios chabolistas del continente. 

Las políticas de vivienda pública o mejora de los barrios empobrecidos implementadas en gran parte de las ciudades del Sur del Sáhara han dependido de un enfoque de arriba hacia abajo, en un intento por asegurar un suministro de vivienda y de servicios que respondieran al déficit existente. Sin embargo, las autoridades públicas, a veces respaldadas por agencias internacionales interesadas en operar a través del mercado, no han logrado satisfacer la necesidad existentes entre las personas de bajos ingresos. Así, el paisaje urbano de las ciudades africanas, desde período colonial, se ha caracterizado por barriadas con alta densidad de población y una mayoría de personas cobijadas en viviendas precarias bajo techos de latón. Si bien los gobiernos e instituciones públicas han conseguido proveer algunas para las clases más humildes, es la propia población local la que produce y construye sus propias viviendas en la mayoría de ciudades del Sur del Sahara. Y paralelamente a la construcción física, la población teje lazos afectivos y efectivos para la convivencia y la supervivencia. Observamos dos ejemplos ilustrativos desde Sudáfrica y Kenia.

En la era posterior al apartheid, el gobierno sudafricano quiso corregir las desigualdades sociales y económicas generadas a partir del déficit habitacional. Así, en 1994, introdujo un programa nacional de vivienda "gratuita" para sudafricanos con pocos recursos (aunque los residentes tienen que pagar las tasas y servicios). Se trata de edificaciones sólidas, construidas a partir de materiales como los ladrillos y el cemento, y con techos resistentes capaces de proteger a sus residentes de condiciones ambientales severas como las lluvias. Hasta la fecha, Sudáfrica ha creado más de cuatro millones de viviendas asequibles. Y un dato a priori positivo es que el 56% de estas han ido a parar a manos de mujeres.

Muchos de estos proyectos se encuentran en las periferias de las ciudades, donde la tierra es más barata. Sin embargo, esto puede suponer un handicap para los residentes, que a menudo tienen que recorrer distancias más largas y dedicar más dinero al transporte para acceder a sus puestos de trabajo o a los centros sanitarios, mayoritariamente situados en los centros urbanos. De esta manera, se contribuye a sistemas de movilidad menos sostenible que aquellos que proporcionan estilos de vida de proximidad —como lo que se conoce como "ciudad de 15 minutos"—. Y en tiempos de pandemia, estos residentes acaban siendo más vulnerables al contagio al depender enormemente de sistemas de transporte público que, además, son escasos y caros.

Los materiales con los que están construidos las casas, destinadas a aislar a nivel climático y a proteger a sus residentes, también pueden convertirse en "ratoneras" para la violencia machista en un país donde el 51% de las mujeres ha experimentado violencia domestica

Otro aspecto crítico de este modelo de mejora de barrios informales es que, al tratarse de unidades habitacionales separadas entre sí, las viviendas asequibles para sudafricanos empobrecidos han contribuido a la individualización de la vida social en un contexto donde la vida en comunidad es importante. Pero no solo esto. Los materiales con los que están construidos las casas, destinadas a aislar a nivel climático y a proteger a sus residentes, también pueden convertirse en "ratoneras" para la violencia machista en un país donde el 51% de las mujeres la ha experimentado por parte de sus parejas. Igualmente, según policía y autoridades locales, privilegiar a las mujeres como propietarias de estas viviendas, genera animadversión entre sus compañeros masculinos, siendo una fuente de conflicto doméstico más.

Los desalojos forzosos como respuesta institucional se repiten a lo largo y ancho del África urbana, vulnerando el derecho a una vivienda para la gran mayoría de residentes en ciudades de la región. Mientras iniciativas de vivienda asequible siguen siendo escasas, y a veces erráticas, muchos son los proyectos que abogan por trabajar en la línea de legalizar los asentamientos informales, o como mínimo, mejorarlos y reconocer el derecho de sus residentes para con los territorios que habitan. 

El hecho es que muchos ayuntamientos africanos recaudan impuestos a través de la venta o arrendamiento de terrenos a empresas privadas. A través de la venta a constructoras, las administraciones locales recaudan el dinero que no pueden embolsar a través de las economías sumergidas —la economía informal representa casi el 86% de todo el empleo regional según la Organización Internacional del Trabajo—. Sin embargo, esto vulnera el derecho a la tierra de las comunidades locales, y olvida y silencia la mayor parte de sistemas tradicionales de acceso a la tierra, contribuyendo enormemente a la segregación de ciertos grupos étnicos. Tal es el caso de los masai de Kenia y Tanzania o los oromo en Etiopía, cuyas reivindicaciones y resistencias acaban siendo un foco de conflicto y violencia que trasciende el ámbito urbano. 

En la mayor parte de África Subsahariana, hay una falta de enfoques inclusivos en la planificación participativa y de colaboración entre las partes interesadas y los responsables de la formulación de políticas. Esto deriva en recurrentes desalojos forzosos y la demolición de los asentamientos informales —o no reconocidos por las normativas y regulaciones heredadas de las época colonial—. A menudo, se suelen realizar sin previo aviso, con lo que a veces, los residentes vuelven a casa por la noche ante el asombro de ver sus hogares reducidos a escombros. Las reubicaciones y compensaciones suelen ser escasas, y muchas veces, inadecuadas. Ante el menosprecio, el malestar generado, y las fuerzas de seguridad jugando el rol de centinelas de una legalidad al servicio del capital, a menudo los barrios informales son percibidos como focos de violencia urbana y tratadas con mano dura por las autoridades. Pero cabe subrayar que, en la mayoría de casos, el embrión de la violencia es la injusticia y la vulneración de derechos, y que el paliativo más eficaz podría pasar por apoyar sistemas más justos y horizontales o el reconocimiento de legitimidades populares.

Resistencia desde los barrios chabolistas

En plena pandemia global de covid-19, la mejora de las condiciones de vida en los barrios informales deviene una esfuerzo ineludible. Mientras la recalificación de terrenos "informales" para la venta o las reubicaciones a la periferia atentan contra los derechos de los propios residentes, desplazados y relegados en la toma de decisiones, nacen iniciativas que suponen ejemplos de resistencia y supervivencia. Y afloran desde la humildad y la solidaridad ciudadana.

En uno de los distritos más empobrecidos de la capital keniana, el Colectivo de Investigación del Área de Planificación Especial de Mathare (MSPARC) ha desarrollado mecanismos de solidaridad, seguridad y atención a los residentes locales frente a la covid-19 y las regulaciones gubernamentales para hacerles frente. Así, grupos de mujeres, de jóvenes e incluso "pandilleros" han empezado a trabajar para desarrollar una respuesta efectiva liderada por la propia comunidad en el barrio de Mathare —con más de 200.000 habitantes empobrecidos— ante la pandemia. Desde fondos de apoyo financiero para los vecinos y vecinas que han perdido sus fuentes de ingresos a documentación y denúncia de la violencia policial para exigir compensaciones, MSPARC —una agrupación de iniciativas locales sin apoyo financiero externo— vela por el bienestar de los residentes de Mathare. 

Si bien el modelo de planificación urbana de la mayor parte de ciudades subsaharianas se ha mostrado caduco y, muchas veces, de implementación ineficaz, las fórmulas de organización ciudadana que emergen de los barrios empobrecidos responden de una forma vigorosa a las necesidades de sus pobladores. ¿Y si construir casas sólidas no tuviera sentido sin apoyar redes compactas de apoyo mutuo? Empoderar el tejido vecinal en un momento tan delicado como el que se está viviendo a escala global será crucial para lograr un mayor nivel de bienestar, seguridad, salud y paz a escala local. Pero también, en un mundo interconectado, generará un impacto positivo a escala internacional. Que los propios gobiernos y alcaldías incorporen con rapidez mecanismos pertinentes de amparo a estas redes, será determinante.