Estados Unidos admite haber deportado a un hombre con protección judicial a El Salvador “por error”

El Gobierno de Estados Unidos ha admitido haber deportado a El Salvador a un hombre salvadoreño que tenía protección judicial debido a un “error administrativo”. Así lo declararon los abogados de la Administración en la audiencia judicial del lunes, quienes añadieron que no puede ser repatriado porque ya se encuentra bajo custodia del Gobierno centroamericano.

“Aunque el ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] conocía su protección contra la deportación a El Salvador, Ábrego García fue deportado a El Salvador debido a un error administrativo”, declaró el Gobierno ante el tribunal, según el medio The Atlantic, que primero publicó la demanda interpuesta por la familia del salvadoreño.

Kilmar Armando Abrego García, de 29 años, trabajaba como obrero en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un niño de cinco años con discapacidad, también ciudadano de Estados Unidos. Residía en el condado de Prince George, junto a su familia y otros dos hijos de su mujer, y desde 2019 tenía una protección judicial que prohibía que le deportasen a El Salvador porque podría ser víctima de las bandas criminales si lo hacían.

El 15 de marzo fue uno de los 23 salvadoreños que junto a 238 venezolanos fueron deportados al país centroamericano, sin haber mediado una orden judicial. Los deportados fueron trasladados a la prisión de Cecot, la megacárcel construida por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, famosa por las deplorables condiciones en las que se mantiene a los presos y las denuncias de violaciones de derechos humanos. El Gobierno de Trump se respaldó en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que sólo se ha usado en tres ocasiones y por conflictos bélicos, para enviar allí a los detenidos. El traslado a El Salvador se produjo a pesar de la prohibición que emitió un juez mientras el avión estaba en el aire, un fallo que ha sido respaldado por un tribunal de apelaciones.

Las autoridades estadounidenses han acusado a Abrego García de pertenecer a la pandilla criminal MS-13, aunque no se han aportado pruebas de ello. Según la demanda, carece de antecedentes penales y no hay pruebas de pertenencia a ninguna banda.

El único altercado con la justicia que se le conoce ocurrió en 2019, cuando fue detenido junto a otros tres hombres cuando buscaba trabajo afuera de una tienda de Home Depot, en Maryland.

A Abrego García no se le acusó de ningún delito, pero fue entregado a ICE, que inició el proceso de deportación. El Gobierno alegó que un informante confiable lo había identificado como un miembro de alto rango de la MS-13, la pandilla salvadoreña que Trump ha declarado organización terrorista extranjera. Abrego García contrató a un abogado y, seis meses después, un juez le otorgó una suspensión de deportación, un estatus de protección que ahora la Administración de Trump ha violado.

Tras conocerse el error de las autoridades estadounidenses, el vicepresidente J.D. Vance, justificó en la red social X su deportación: “Al parecer, también tenía múltiples infracciones de tránsito por las que no compareció ante el tribunal. Un auténtico ganador”, dijo. También afirmó que un juez de inmigración le había acusado de pertenecer a la MS-13, afirmación que no es cierta.

Según recoge la demanda, Abrego García salió de su trabajo como obrero metalúrgico en Baltimore el 12 de marzo y fue a buscar a su hijo de cinco años a casa de su abuela. Mientras conducía, con su hijo en el asiento trasero del coche, fue interceptado por agentes de ICE, que le dijeron que “su estatus había cambiado”. En cuestión de minutos fue esposado y varios coches de ICE aparecieron en la escena. Su mujer fue avisada para que acudiera a hacerse cargo del niño en 10 minutos. De lo contrario, entregarían al niño a los servicios de protección infantil.

El detenido, confundido, comunicó a su esposa que no sabía lo que estaba sucediendo. Y ya no lo volvió a ver hasta que lo reconoció en una foto de los detenidos que enviaban en un avión a El Salvador que apareció en un artículo periodístico. No se le veía la cara, porque los detenidos aparecían arrodillados, con la cabeza rapada agachada y los brazos sobre ella, pero reconoció los tatuajes distintivos de su esposo y dos cicatrices en la cabeza.

Hasta ese momento, Abrego García, había hablado un par de veces por teléfono con su esposa. Le habían trasladado a Texas y creía que iba a comparecer ante un juez de inmigración. La siguiente y última vez que hablaron le comunicó que le llevaban a Cecot.

Los defensores de los migrantes han denunciado que los tatuajes han sido el único motivo por el que muchos de los detenidos y deportados han sido acusados de pertenecer a las bandas criminales.

El traslado a El Salvador devuelve a Abrego García al país del que salió cuando tenía 16 años, huyendo de la violencia de las pandillas. “Desde aproximadamente 2006, los pandilleros lo acosaron, golpearon y amenazaron con secuestrarlo y matarlo para obligar a sus padres a ceder a sus crecientes demandas de extorsión”, dice la demanda.

“Corre un riesgo inminente de sufrir daños irreparables con cada día adicional que pasa detenido en Cecot, incluyendo, entre otros, tortura y posible muerte”, advierte la denuncia.

Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, declaró a The Atlantic: “Afirman que el tribunal no tiene poder para ordenar ninguna medida de amparo. Si eso es cierto, las leyes de inmigración carecen de sentido, todas ellas, porque el Gobierno puede deportar a quien quiera, a donde quiera, cuando quiera, y ningún tribunal puede hacer nada al respecto una vez hecho esto”.

El domingo por la noche, obviando dos fallos judiciales que habían prohibido la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, la Administración de Trump reanudó los vuelos de deportación a El Salvador.