Un juez mantiene la prohibición cautelar a las deportaciones desde Estados Unidos bajo la ley de guerra de 1798

El juez federal del distrito de Washington James Boasberg ha rechazado este lunes la petición del Gobierno de Donald Trump de retirar la prohibición cautelar de dos semanas a las deportaciones bajo la ley de Enemigos Extranjeros, de 1798. El magistrado había impuesto ese veto el pasado día 15 ante la inminente expulsión de más de 200 venezolanos a El Salvador, a los que el Gobierno acusa de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua, y había ordenado que si los vuelos ya habían despegado regresaran de inmediato con sus pasajeros, pero los aviones no volvieron. Boasberg trata ahora de dilucidar si la Administración incurrió en desacato al tribunal al incumplir esa instrucción.

En la vista celebrada este lunes, Boasberg dictaminó que los inmigrantes que encaran una posible deportación deben tener la posibilidad de defenderse de las acusaciones de ser miembros de la banda delictiva venezolana. “Es de gran interés público el prevenir la deportación errónea de personas basada en categorizaciones que no tienen derecho a negar”, ha escrito el magistrado. También ha apostillado que “el público tiene un interés significativo en que el Gobierno cumpla la ley”.

Boasberg ha dado de plazo al Gobierno estadounidense hasta este martes para que le explique por qué considera que no incurrió en desacato al desobedecer la orden del juez de devolver a los inmigrantes a territorio estadounidense. En sesiones casi diarias la semana pasada los abogados del Estado evitaron aportar los datos que el magistrado exigía, alegando por un lado que la orden no tenía valor legal suficiente porque se había dado verbalmente y no por escrito; y, por otro, que la Administración se plantea recurrir a la ley de secretos oficiales para denegar la información, con el argumento de que esos datos perjudicarían la seguridad nacional.

Las acciones del juez al prohibir las deportaciones bajo esa vetusta ley y al exigir los datos de los vuelos, han desencadenado una oleada de insultos contra él y llamamientos a su destitución por parte de representantes del Gobierno, incluido el propio Donald Trump, que en varios mensajes en redes sociales a lo largo de la semana pasada acusaba a Boasberg, entre exclamaciones y mayúsculas, de ser un militante “de la izquierda radical” y de querer usurpar las funciones presidenciales. Este lunes el presidente estadounidense volvía a las andadas al exigir, en otro mensaje en sus redes sociales pasada la medianoche, que se retirara la licencia para ejercer a este togado.

En paralelo a la vista en el tribunal de distrito, también se celebraba otra audiencia en un tribunal de apelación para examinar la demanda del Gobierno de que se anule la prohibición del juez.

El viernes pasado, en la última audiencia relacionada con el caso hasta ahora, Boasberg se había mostrado muy irritado con la actitud y las posiciones del Gobierno estadounidense. Según declaraba a los abogados, nunca había oido “un lenguaje tan despectivo por parte de los representantes de Estados Unidos”.

El magistrado también había advertido en esa audiencia que consideraba “increíblemente problemáticas” las consecuencias que tendría el uso de la ley de Enemigos Extranjeros, que permite que el presidente expulse sin ningún tipo de posibilidad de recurso judicial a ciudadanos de naciones en guerra con Estados Unidos o que intenten una invasión. La Administración Trump alega que los deportados son miembros del Tren de Aragua y esta organización delictiva controla el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, algo que los expertos ponen en duda. También asegura que la banda trata de infiltrarse en Estados Unidos para atacarlo desde dentro.

A lo largo de la Historia el Gobierno estadounidense solo ha recurrido a esa ley en tres ocasiones, y siempre en tiempos de guerra: en 1812, en la Primera Guerra Mundial para expulsar a ciudadanos del imperio austrohúngaro y en la Segunda Guerra Mundial para internar en campos de detención a estadounidenses de origen japonés.

Los documentos que los abogados de los venezolanos deportados y organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado en el caso ponen en duda que al menos parte de los inmigrantes expulsados pertenezcan al Tren de Aragua. Uno de los afectados es un futbolista profesional que se había tatuado un escudo similar al del Real Madrid, su equipo favorito. La agencia responsable de la vigilancia de la inmigración (ICE) considera que el dibujo es un símbolo utilizado por la banda delictiva.