Las deportaciones de Trump que no hacen ruido: procesos administrativos automáticos o abuelas expulsadas en secreto

La imagen de la cuerda de presos de cráneo rapado y mono blanco, conducidos como reses en una prisión salvadoreña con apariencia de hangar, es ya la foto fija de la salvaje agenda migratoria de la Administración de Donald Trump. Los detenidos, venezolanos supuestamente vinculados a la banda criminal Tren de Aragua, encarnan el empeño del presidente de limpiar EE UU de extranjeros condenados de antemano y sin pruebas por el Gobierno que dirige. Además de generar un conato de crisis constitucional que aún colea, al desafiar las órdenes de un juez que bloqueaba la expulsión, la instantánea ha contribuido a criminalizar aún más al colectivo más vulnerable de todos cuantos se exponen a ser deportados: los venezolanos, sin asistencia consular desde que en diciembre de 2018 Caracas y Washington rompieran relaciones diplomáticas, y además carentes de arraigo por haber llegado a EE UU recientemente. No pocos se preguntan si Washington se habría atrevido a escenificar de igual manera la expulsión colectiva de mexicanos, por ejemplo, por citar la comunidad más numerosa de potenciales blancos.

“Si por tatuajes fuera, yo soy el candidato número uno a la deportación”, bromea Fernando (nombre supuesto), señalando los numerosos dibujos que le reptan por el cuello, la imaginería habitual de los malandros (delincuentes). Fernando es voluntario en Aid for Life, una de las ONG que ayudan a los miles de compatriotas llegados como él a Nueva York desde la primavera de 2022. En su sede del Soho, abogadas como Ana Maldonado-Alfonzo velan por que sus compatriotas en proceso de regularización (por petición de asilo o como beneficiarios de protección temporal, TPS en sus siglas inglesas) no falten a una sola vista ante el juez de inmigración: no comparecer activa automáticamente una orden de deportación.

Porque, además de expulsiones mediáticas como la citada, de la que saca especial provecho el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, otro tipo de amenaza se cierne sobre aquellos que, por miedo, dejadez o causa mayor, olvidan presentarse ante el juez. “La gente tiene terror a salir a la calle, pero si no se presentan, se genera automáticamente la orden de deportación y no es fácil frenarla. Para reabrir el caso hay que justificar la incomparecencia, pero ¿cómo justificas el miedo? Si el motivo ha sido una enfermedad, debes presentar un reporte médico; incluso a veces les coincide otra vista a la misma hora en el ICE [siglas en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la policía migratoria] y de hecho no deberían faltar a ninguna de las dos, pero incluso eso se puede documentar…”, explica la abogada. “Pero ¿y el miedo?”. A veces, se trata simplemente de no haber entendido la citación, en inglés.

Trump tiene fijación con los venezolanos a raíz del desgraciado asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley en Georgia en 2024, a manos de un irregular que luego fue condenado a cadena perpetua. El Congreso aprobó en enero una ley que lleva el nombre de la víctima y que prevé la deportación de indocumentados con antecedentes. Fue la primera ley firmada por el republicano en su segundo mandato, y de ella se derivan los polémicos planes de expulsión a Guantánamo. Pero los efectistas vuelos a El Salvador responden a una antigualla, la denominada ley de Extranjeros Enemigos, de 1798, que se ha invocado por primera vez en tiempo de paz para justificar la repatriación de los 238 supuestos pandilleros.

“Es un mensaje terrible para EE UU y para el mundo, porque se les está persiguiendo sin pruebas”, explica Jesús Aguais, director de Aid for Life, la derivada migratoria de Aid for Aids, veterana ONG que también proporciona antirretrovirales gratis a numerosos países de América Latina. “EE UU ha sabido cómo lidiar con bandas criminales en su historia, toda migración masiva trajo criminales consigo. Entre los venezolanos también los hay, pero el sistema de justicia de EE UU tiene la capacidad de hacerles pagar por sus delitos a través del debido proceso [un juicio justo]. El crimen se persigue mediante un proceso como el que condenó al asesino de la estudiante de Georgia. Lo que no puedes hacer es perseguir a una población entera, que tiene miedo incluso de salir a buscar trabajo. Muchos están siendo rechazados por ser venezolanos”, añade Aguais, que lamenta aún más la deportación directa a Venezuela, “como si fuera un país normal, con garantías”, de un número indeterminado de compatriotas, “incluidos dos exmilitares que fueron detenidos” al aterrizar. “Deportar indiscriminadamente a venezolanos a Venezuela es condenarlos a desaparecer. Ahora aquí el enemigo es el migrante, todo venezolano con un tatuaje es el enemigo, pero el enemigo real es el régimen de Maduro. Si acá en EE UU tenemos que creer lo que diga la Casa Blanca sin pruebas, en Venezuela es aún peor”.

Juan (nombre supuesto), de 49 años, que era comerciante en Caracas, no se aventura desde hace semanas a buscar peonadas. “Hay verdadera psicosis, y aunque en mi círculo no han deportado a nadie, y lo que sabemos lo vemos en las redes, todos sentimos la amenaza, incluso en el shelter [albergue]. Yo tengo un TPS, pero he solicitado el asilo porque no me fío de que el TPS vaya a protegerme”, explica, refiriendo el motivo por el que salió de Venezuela: negarse a pagar una mordida que le solicitaba el Gobierno. Además, “el TPS más reciente [aprobado por el presidente Joe Biden en 2023] está a punto de caducar, aunque el de 2021 se supone que sigue vigente”, recuerda la abogada.

‘Deportación por ausencia’

“Trump ha añadido aún más peso a la pesada maleta que cargamos los 600.000 venezolanos en EE UU, al criminalizar a toda la comunidad”, sostiene Niurka Meléndez, responsable de la organización VIA (Venezuelans and Immigrants Aid), que no ha tenido constancia de ninguna deportación en su círculo, pero sí a través de sus pares en Houston. “Sin duda debe de haber un grupo reducido de malandros, nadie lo niega, pero eso no justifica que se criminalice a cientos de miles con este discurso de odio de la Administración. El odio al inmigrante, el desprecio, la generalización, nos mete a todos en la misma gaveta”. De los 300 casos que ha podido revisar personalmente, “diez eran criminales. Hay que expulsarlos, quitarles la protección, pero no a los otros 290”.

En cualquier caso, abunda Meléndez, la figura administrativa de “deportación por ausencia”, es decir, por abandono de la causa de regularización, ya existía antes (igual que las deportaciones, habituales). “Muchos por no tener abogado, por cambiar de domicilio, otros por dejadez, en parte también confiados en que no iba a pasar nada. Pero cuando conocimos el resultado de las elecciones, todos empezaron a moverse. El mensaje de los abogados es claro: no falte usted a una audiencia”. Al contrario, si el extranjero no ha recibido ninguna citación, aconseja Meléndez, “no te acerques a la corte o al ICE. Si nunca te registraste en ninguna parte, ni en la frontera, ni en el lugar donde vives, no vayas a ningún lado”.

La abogada Maldonado-Alfonzo no ha tenido conocimiento de ninguna deportación en su comunidad desde la vuelta de Trump a la presidencia, aunque sí varios casos en años previos, “gente que acudía a su cita del ICE, era detenida y no teníamos tiempo material de hacer nada, porque eran deportados enseguida: al minuto ya no estaban. Me pasó con un muchacho peruano el año pasado: cuando fui informada de su detención, ya había desaparecido del radar”. Los datos de los deportados desaparecen automáticamente del localizador online del ICE, como sucedió con los enviados a El Salvador.

El objetivo numérico de la cacería de migrantes de Trump está lejos de alcanzarse —de hecho, las cifras diarias de redadas del ICE arrojan un monto de pocos individuos—, y por eso Washington ha pisado el acelerador, recurriendo a dos leyes oscuras que están produciendo ondas de choque en el país y en toda América Latina: la citada ley de 1798 y la ley de Inmigración y Nacionalidad de 1953, que sustenta las detenciones más políticas, como la del activista propalestino Mahmud Khalil por participar en las protestas contra la guerra de Gaza en el campus de Columbia, y que esta misma semana declaraba ser un preso político. En este caso, la intervención judicial ha logrado al menos paralizar su deportación, que obedecería según Washington al “riesgo para la seguridad nacional” que supuestamente representan este y otros detenidos que han corrido su suerte.

La ‘desaparición’ de una abuela mexicana

Pero qué amenaza podría suponer para la seguridad nacional una abuela mexicana de Nueva Jersey que fue detenida recientemente al regresar de la compra, es algo que escapa a todo intento de comprensión, lamenta al otro lado del teléfono Ellen Whitt, voluntaria del Equipo de Respuesta a la Deportación y la Inmigración (DIRE, en sus siglas inglesas) de Nueva Jersey, que atiende llamadas las 24 horas del día. “Si alguien llama porque ve agentes del ICE a su puerta, miembros de nuestro equipo de respuesta rápida, que forman en total 50 personas, acuden a comprobar qué sucede, para ayudar a la familia si el ICE está interrogando a alguien o ya se lo han llevado”.

Whitt señala el aumento exponencial de las llamadas desde que Trump volvió a la Casa Blanca, la mayoría de mexicanos y venezolanos, seguidos por hondureños y guatemaltecos. “Tuvimos el caso de una abuela, sí. El ICE llegó a su casa y desconectó las cámaras de seguridad de la entrada para que no quedara registrada la detención. Llegaron, les abrió la puerta y por desgracia se la llevaron, después de 30 años viviendo aquí”. Era mexicana. “Yo misma hablé con la familia la noche que ocurrió para intentar localizarla. Había sido trasladada a Luisiana sin ninguna razón”. Luisiana, donde los centros de detención, antesala de la expulsión, “son a menudo mucho peores”. Donde sigue detenido el preso político Khalil, aunque un juez ha solicitado su retorno a Nueva York porque su esposa está a punto de dar a luz.

Whitt se eleva sobre los acontecimientos para esbozar un panorama sombrío, inquietante. “Trump está usando esto como una gran oportunidad para aplicar sus medidas extremadamente draconianas, lo demuestra cómo están siendo deportados, enviados a una prisión que es un agujero negro con condiciones completamente inhumanas. Es una prueba para intentar erosionar los derechos de las personas, su derecho al debido proceso, para convencer a los estadounidenses de que estos son sus enemigos, por lo que podemos hacer lo que queramos con ellos. Y con el tiempo, pasarán al siguiente grupo, enviando a todo tipo de personas a Guantánamo, o a terceros países… incluso iraníes que se enfrentan a la ejecución en su país. Es un nuevo capítulo en la historia de EE UU. Siempre ha habido deportaciones, y siempre ha sido algo terrible. Pero ahora están intentando cosas que nunca antes habían intentado, esa es la diferencia. Usar la Ley de Extranjería y Sedición para intentar deportar a gente de la que simplemente dicen que es terrorista por sus opiniones [como los activistas de los campus], o simplemente etiquetarte como pandillero porque piensan que un tatuaje tuyo es un símbolo de pandilla… y lo están haciendo a gran escala. Ahí no tienes ningún recurso para hacer frente”.