El envío de migrantes a Guantánamo afronta sus primeras trabas legales en Estados Unidos

Una vez más, los jueces se han interpuesto entre Donald Trump y el cumplimiento de sus planes y órdenes. Ahora ha sido un magistrado federal en el Estado de Nuevo México, el juez Kenneth Gonzales, quien ha emitido una orden temporal para prohibir que tres inmigrantes irregulares venezolanos, retenidos en un centro de detención del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), puedan ser trasladados a la base naval de Guantánamo, en Cuba. El republicano quiere construir un gran centro en la base para enviar allí a migrantes que no pueda deportar a sus países de origen. Varios grupos de deportados han comenzado a llegar a la isla desde la semana pasada.

El caso de los tres venezolanos es muy concreto y, por tanto, poco extrapolable para las situaciones de muchos otros migrantes irregulares detenidos. Pero sí pone de relieve los múltiples problemas legales que afronta la orden presidencial para trasladar a personas indocumentadas a uno de los lugares con fama más tenebrosa de la Tierra.

En la base se encuentra la prisión de Guantánamo, establecida después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para encerrar a “combatientes enemigos” extranjeros en la guerra contra el terrorismo que declaró George W Bush y donde se perpetraron torturas y abusos generalizados de los derechos humanos. En su día llegó a albergar a más de 200 presos musulmanes. Hoy día aún retiene a quince de ellos, de los que solo dos han sido juzgados y condenados.

Los tres demandantes venezolanos, que aseguran haber salido de su país de origen en busca de protección, ya tienen pendiente otra demanda en Nuevo México contra su retención prolongada en el Centro de Procesamiento del condado de Otero, que denuncian que es ilegal. Debido a esta, ya estaban representados por abogados del Centro de Derechos Constitucionales, una ONG defensora de los derechos civiles.

El trío habría reconocido a algunos de sus compañeros del centro de detención de Otero en las fotos y vídeos que se han difundido en los medios de comunicación y redes sociales de los presos trasladados a Guantánamo en los últimos días. Como su perfil era similar al de sus antiguos compañeros, sintieron que ellos también se encontraban en peligro de que se les enviara a la base militar. Por ello, solicitaron a sus abogados que tomaran la iniciativa y reclamaran ante los tribunales que se prohibiera su viaje antes de que tuviera lugar.

“Me da miedo que me lleven a Guantánamo porque las noticias lo pintan como un agujero negro… veo también que los derechos humanos se violan constantemente en Guantánamo, así que temo lo que me podría pasar si me llevan allí”, ha dicho uno de los peticionarios, Abraham Barrios Morales, en palabras recogidas por el Centro de Derechos Constitucionales.

Otro de los presos, Luis Pérez Parra, alega que ha visto en las noticias que es una prisión de máxima seguridad. “Me da miedo cómo me vayan a tratar allí o que vaya a ser torturado, que no me pueda comunicar con mi familia o saber cuándo voy a poder salir”. Este migrante también recuerda que los medios han difundido imágenes de los trasladados a la base naval.

Los abogados de los tres han criticado enérgicamente la posibilidad de un traslado de sus representados, de los que alegan que no han cometido ningún delito grave -cruzar la frontera de manera ilegal es una falta administrativa- pero se encuentran privados de libertad desde hace meses. Los tres fueron interceptados hace tiempo, pero no han podido ser devueltos a Venezuela debido a las malas relaciones entre Washington y Caracas, por las que el régimen de Nicolás Maduro no aceptaba vuelos de repatriación de sus nacionales deportados. Caracas levantó hace una semana esa negativa tras una visita del enviado especial de Trump Richard Grenell.

“Transferir a personas desde el Centro del condado de Otero, donde podemos acceder con normalidad a nuestros clientes, a una prisión en ultramar a miles de kilómetros de su asesoría legal, es terrible. Nuestros clientes ya han sufrido una detención prolongada y se les ha sometido a violaciones del proceso debido durante meses. La Administración Trump está utilizando unas instalaciones célebres por la tortura con el fin de intimidar y aterrorizar de manera innecesaria a migrantes como nuestros clientes, que solo desean reunirse con sus familiares y seres queridos en Estados Unidos”, ha señalado Zoe Bowman, fiscal del Centro Las Américas para la la defensa de inmigrantes en Nuevo México.

Desde que Trump anunció hace dos semanas su plan para enviar a Guantánamo hasta 30.000 migrantes irregulares, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la iniciativa como un paso de dudosa legalidad. Las instrucciones presidenciales instaban al Departamento de Seguridad Nacional a “proporcionar espacio de detención adicional para inmigrantes criminales de alta prioridad presentes ilegalmente en Estados Unidos”.

Las organizaciones señalan que, en sí, el traslado de migrantes irregulares a un territorio fuera de Estados Unidos para ser retenidos allí de manera indefinida presenta graves problemas legales. También denuncian que, una vez en la base, los migrantes tendrán graves problemas para acceder a sus abogados, si los tienen, o para poder tener representación legal si carecen de ella. Tampoco está claro si tendrían acceso a algún tipo de servicios sociales.

En la actualidad, Guantánamo, donde viven cerca de 6.000 personas, está conectada a Estados Unidos por un vuelo militar a la semana, que suministra a las instalaciones alimentos frescos, y un barco que llega dos veces al mes con el resto de las necesidades materiales de la base naval.

El viernes, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) exigió que se le permita el acceso a los migrantes trasladados a Guantánamo en vuelos militares. ACLU denuncia que la Administración de Donald Trump apenas ha facilitado información sobre las identidades o situación de esas personas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende el ICE, ha proporcionado muy pocos detalles sobre los migrantes enviados a la base. El primer vuelo, con cerca de diez pesonas a bordo, llegó la semana pasada a Guantánamo. El DHS sostiene que esa decena de personas son sospechosos de pertenecer a la pandilla criminal venezolana Tren de Aragua, pero no ha dado detalles sobre los casos individuales. Tampoco ha querido precisar si esas personas están acusadas de algún delito o cuentan con antecedentes. Se calcula que tras esa primera decena ya han llegado a la base cerca de otros cuarenta migrantes.

La semana pasada, el Gobierno de Donald Trump anunció la retirada del estatus de protección temporal a centenares de miles de venezolanos presentes en Estados Unidos. Ese estatus, más conocido entre sus beneficiarios por sus siglas en inglés, TPS, se otorga a los ciudadanos de países afectados por catástrofes naturales o de otro tipo. El TPS permite a sus beneficiarios trabajar legalmente en Estados Unidos y les protege de la amenaza de deportación. Otros países también reciben este programa, entre ellos El Salvador, Guatemala o Haití.