Trump anuncia que usará Guantánamo para retener hasta 30.000 migrantes irregulares

Hasta 30.000 migrantes irregulares podrían dar con sus huesos en un centro de detención en la base militar estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles un memorando en el que ordena al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional preparar las instalaciones para recibir a estas personas, según ha confirmado la Casa Blanca. Trump había adelantado que iba a adoptar esa medida en unas declaraciones poco antes, durante la ceremonia de firma de la primera ley de su mandato.

“Hoy voy a firmar una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Defensa y al de Seguridad Nacional para que empiecen a preparar un centro de retención para migrantes en Guantánamo con cabida para 30.000 personas”, declaró Trump. El centro alojaría a migrantes que no pueden ser enviados de regreso a sus países de origen.

La base naval de Guantánamo contiene desde hace años un centro para inmigrantes interceptados en el mar, la mayoría procedentes de Cuba y de Haití, y que desde 2020 apenas ha acogido a unas decenas de personas. La ONG Proyecto Internacional para la Asistencia a los Refugiados indicaba en un informe el año pasado que los ocupantes de esas instalaciones se encuentran en condiciones “similares a las de una prisión”, “atrapados en un sistema punitivo” de manera indefida.

La idea de Trump es ampliar esas instalaciones y utilizarlas para confinar allí a “los peores” inmigrantes irregulares. Es una idea con la que ya coqueteó en su primer mandato, y que ahora quiere hacer realidad.

“Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malvados que no confiamos en que otros países los acojan, y no los queremos aquí. Así que los vamos a mandar a Guantánamo. Eso doblará de inmediato nuestra capacidad. Y es un sitio del que es difícil escapar”, declaraba Trump.

El texto del memorando que ha publicado la Casa Blanca precisa que “los secretarios de Defensa y de Seguridad Nacional (Pete Hegseth y Kristi Noem, respectivamente) deben dar los pasos apropiados para ampliar el Centro de Operaciones para Migrantes en la base naval de Guantámo a su capacidad completa para proporcionar espacio de detención adicional a extranjeros criminales de alto prioridad presentes en Estados Unidos”.

“Este memorando se emite para detener la invasión fronteriza, desmantelar los cárteles criminales y restablecer la soberanía nacional”, se lee en el texto.

La base naval estadounidense de Guantánamo se ha empleado para retener a combatientes extranjeros en la guerra contra el terrorismo que el entonces presidente George W Bush declaró tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bajo la sombra de las torturas allí perpetradas, los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden quisieron cerrar esa prisión, sin éxito. Quince de sus reos continúan aún allí: tres se encuentran a la espera de que algún país acepte acogerlos; otros tres tienen pendiente una revisión de sus casos; siete están siendo juzgados por comisiones militares, y dos han sido declarados culpables y sentenciados.

Según ha puntualizado el responsable para la frontera sur en el Gobierno de Trump, Tom Homan, en declaraciones a los medios, el centro de detención alojará “a los peores” y estará gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Homan apuntó que en Guantánamo “ya existe un centro para migrantes. Lleva allí décadas. Lo que vamos a hacer es ampliarlo”.

Las declaraciones de Homan se producían tras la ceremonia en la Casa Blanca de la firma de la primera ley del segundo mandato de Trump. Es una norma muy emblemática de las prioridades del presidente estadounidense, que insiste una y otra vez en la necesidad de controlar la inmigración irregular con la mayor dureza. La denominada “ley Laken Riley” estipula a partir de ahora la detención y posible expulsión de los inmigrantes irregulares acusados de algún delito, sea violento o un hurto, sin necesidad de que se haya demostrado su culpabilidad.

“Bajo mi Administración, nos movemos con urgencia y velocidad para librarnos de estos delincuentes violentos”, ha declarado Trump al firmar la medida, en una ceremonia a la que ha querido revestir de pompa y circunstancia en la Sala Este de la Casa Blanca, la más grande de la residencia presidencial.

La nueva ley, que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la semana pasada, lleva el nombre de una estudiante de Enfermería de 22 años asesinada en Georgia el año pasado por un inmigrante irregular venezolano que había sido detenido previamente por un delito menor. La norma contó con el respaldo de legisladores demócratas del ala más centrista del partido o que representan zonas donde la inmigración es una cuestión especialmente candente, como John Fetterman —de Pensilvania y uno de los promotores de la medida— o Rubén Gallego, recién llegado al Senado para representar a Arizona.

“Creo que una frontera segura crea un país más seguro, y eso es algo de sentido común”, defendía Fetterman en un comunicado antes de la ceremonia de firma. El ala progresista demócrata y las organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado esa medida, en parte porque no prevé fondos adicionales para poderla aplicarla, pero sobre todo porque, según denuncian, pone en peligro a inmigrantes que pueden verse deportados sin haber sido nunca juzgados y sin que se haya demostrado que son culpables de lo que se les acusa.

La medida exige al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener a los inmigrantes irregulares que resulten acusados, detenidos o condenados por delitos que incluyen los atracos no violentos, los robos o los hurtos. También, tras una enmienda introducida en el Senado, a los acusados de agredir a un agente de policía o de perpetrar delitos violentos. Estos sospechosos quedarán bajo custodia hasta ser deportados.

Hasta ahora, la legislación existente preveía la expulsión para los inmigrantes irregulares juzgados y condenados por haber cometido un delito grave o dos menores, no para los meramente sospechosos. Otra de las novedades que incluye la flamante medida es el permiso a los Estados para demandar al Gobierno federal si pueden demostrar daños causados por los inmigrantes que no tienen autorización para estar en territorio estadounidense.

Las medidas contra la inmigración irregular son una de las prioridades de Donald Trump. Su portavoz, Karoline Leavitt, subrayaba en su primera rueda de prensa en la Casa Blanca el martes que el nuevo Gobierno republicano considera “criminales” a todos aquellos que se encuentren en suelo estadounidense sin autorización. El propio Trump ha apuntado que tras ley Laken Riley pueden venir otras.

“Esto nos muestra el potencial para otras leyes que nos ayudarán a enfrentarnos a los extranjeros criminales y restablecer por completo el Estado de derecho en nuestro país”, subrayó este lunes en una reunión de congresistas republicanos en su club de golf en Doral (Florida).

Desde su investidura el 20 de enero Trump ha firmado un aluvión de órdenes ejecutivas, muchas de ellas con el objetivo de sellar la frontera sur entre México y Estados Unidos y de deportar a millones de inmigrantes irregulares, en lo que el nuevo presidente asegura que será la “operación más masiva” en la historia del país. Las medidas del líder republicano también incluyen la cancelación de programas para el reasentamiento de refugiados y para la solicitud de asilo. También ha amenazado con llevar a juicio a los funcionarios de las fuerzas del orden y servicios de inmigración que no cumplan a rajatabla las nuevas instrucciones.