La pandemia en los asentamientos informales

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La pandemia ha obligado a miles de millones de personas a quedarse en casa, lavarse las manos y ponerse en cuarentena si desarrollan síntomas. Pero, ¿qué pasa si esa casa no tiene agua corriente? ¿cómo mantener la higiene si no tienen ni siquiera lavabo propio? ¿cómo no salir a la calle si no tienen nevera para almacenar alimentos? ¿o cómo mantener distancias si comparten habitación seis miembros de una sola familia?

Esa es la situación de más de mil millones de personas que viven en asentamientos informales; de más de 2.100 millones que carecen de agua potable en sus hogares; y de más del doble que no disponen de saneamiento seguro. En total, el 40% de la humanidad no dispone ni siquiera de instalaciones básicas de lavado de manos.

En el mejor de los casos, son entornos acosados por condiciones de vida con grandes carencias, espacio público limitado y servicios públicos inadecuados. Por ejemplo, según datos recientes facilitados por Somik Lall, Director Global del área de Urbanismo, Gestión de Riesgo de Desastres y Resiliencia del Banco Mundial, en Dar es Salaam el 28% de los residentes viven al menos tres por habitación; el 50% de Abiyán está superpoblado con 200 personas por instalación comunitaria; en Sudáfrica, solo el 44% de las personas tiene acceso al agua dentro de su casa y solo el 61% tiene acceso a un inodoro.

En estas situaciones, dado el espacio limitado y la necesidad de agruparse alrededor de los servicios públicos, como lavabos y grifos comunitarios, es complicado mantener distancias físicas seguras, y por lo tanto, en medio de una pandemia global como la de la covid-19, estas condiciones se convierten en foco de propagación viral.

Dos de las principales prioridades para gestionar la pandemia en asentamientos informales son la vivienda y el espacio público. El planteamiento es claro: si la vivienda carece de acceso adecuado al saneamiento, no se puede contener la propagación de la pandemia. Por lo tanto, rehabilitar las infraestructuras urbanas relacionadas con la vivienda se ha convertido ahora en una prioridad absoluta. Ello implica que las autoridades municipales competentes han de priorizar las inversiones públicas en estos ámbitos ya que es la única manera de lograr desarrollar la resiliencia de las comunidades, tanto durante esta crisis pandémica como durante las que seguro que vendrán a partir de ahora con mayor frecuencia.

Otra acción prioritaria es proteger, ampliar y replantear el espacio público. Asegurar espacios abiertos en aceras, parques e instalaciones públicas se ha convertido asimismo en una prioridad crucial, particularmente en las zonas de alta densidad y con infraestructuras de vivienda con carencias, como es el caso de los asentamientos informales.

Obviamente, para aumentar la cantidad y calidad de espacio público disponible, es fundamental replantear la financiación de la infraestructura urbana y fortalecer las capacidades tanto de los gobiernos locales como de las comunidades implicadas, de forma que mejoren las condiciones de vida en sus barrios. En este sentido, las intervenciones dirigidas a mejorar las capacidades del estado y la comunidad, combinadas con el financiamiento para infraestructura y servicios, deben ampliarse.

Otro aspecto clave es flexibilizar los derechos sobre la tierra y la propiedad. Sin una tenencia segura de la tierra y la propiedad, los residentes de asentamientos informales no tienen suficientes incentivos para mejorar sus condiciones de vivienda. Y este es un aspecto muy relevante ya que se ha demostrado que la regularización de la tenencia de propiedad ofrece beneficios directos para los residentes de asentamientos informales que aumentan el valor y la consolidación de sus viviendas. Asimismo, también ha demostrado aportar beneficios socioeconómicos vinculados, como las mejoras en la calidad educativa y en el acceso a mejores puestos de salud.

Para que todos estos cambios puedan articularse correctamente, la planificación urbana y el acceso a la financiación local deben estar interconectados. Y debido a ello, las autoridades locales necesitan el apoyo de la comunidad. Los procesos participativos de la comunidad en el análisis, diseño, implementación y monitoreo de programas son más relevantes que nunca.

Varias autoridades municipales han estado fomentando la participación ciudadana dentro de las comunidades de barrios marginales, mejorando la capacidad de planificación del gobierno local. Ello no solo ha permitido mejorar las condiciones de vida sino que ha permitido que estas comunidades respondan de manera más efectiva a la pandemia, instituyendo monitoreos de salud comunitaria, protocolos en obras de construcción o combatiendo la "infodemia" de noticias falsas que a menudo ha generado pánico, confusión y división.

Una de las principales conclusiones y lecciones aprendidas en este proceso ha sido lo importante que es generar confianza mutua entre la comunidad y las instituciones. Los servicios básicos y la protección social (como la educación y la salud), no dejan de ser las principales formas en que las personas interactúan directamente con el Estado, y por ende, son el vehículo principal para crear confianza entre las autoridades públicas y la ciudadanía. Garantizar un acceso equitativo a estos servicios, sobre todo a los grupos más desfavorecidos, no solo ayuda a legitimar la principal función estatal, sino que es la clave para mantener una confianza mutua que permita movilizar los esfuerzos de toda la sociedad para combatir el virus conjuntamente.