Una pandemia global, pero asimétrica

La lucha global contra el coronavirus requerirá abundantes dosis de aprendizaje mutuo. Los países que han contado con mayor margen de reacción pueden recurrir a la imitación, lo cual representa una clara ventaja, al menos sobre el papel. No obstante, ¿qué ocurre cuando no existe terreno fértil para implantar con éxito las prácticas que funcionan en otros países? La crisis de la covid-19, que nació en un país en desarrollo sui generis —como es China— y está repercutiendo ya en otros que en principio tienen menos mecanismos de defensa, pone de manifiesto los límites de las recetas universalistas y los peligros de caer en una inercia acrítica.

Como es bien sabido, entre las medidas de protección contra el coronavirus prescritas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra el distanciamiento social, que muchos países están imponiendo a través de estrictas cuarentenas. Paralizar buena parte de la actividad pública y privada, nos recuerdan algunos estudios, puede ser la estrategia menos lesiva a largo plazo, tanto para nuestra salud como para nuestro bolsillo. Sin embargo, apostar por el confinamiento da lugar a enormes inequidades, que los países más pudientes están tratando de mitigar mediante cuantiosos paquetes de gasto social. Desgraciadamente, en países de menor renta son muchos más quienes no pueden permitirse mantener la distancia social, y muchos menos los recursos públicos que se pueden movilizar.

Fuera del mundo más desarrollado, el espacio físico constituye a menudo un bien de lujo. Si tomamos las urbes más extensas del planeta, las ordenamos según su densidad de población y seleccionamos las 25 que copan la lista, obtenemos que 23 de ellas se encuentran en Estados que el Banco Mundial considera de renta baja o media. Entre ellas, descubrimos tres ciudades africanas —Lagos, Kinsasa y El Cairo— y tres latinoamericanas —Bogotá, Lima y São Paulo—. El resto se encuentran todas en Asia; principalmente, en India (seis) y en China (cinco).

Muchas de estas megaciudades —como la ciudad india de Bombay, la ciudad nigeriana de Lagos y la ciudad brasileña de São Paulo— contienen múltiples asentamientos informales, cuyos habitantes viven en condiciones de hacinamiento. Se estima que en la barriada de Dharavi, en Bombay, residen más de 200.000 personas por kilómetro cuadrado, cifra que prácticamente multiplica por diez la media de la urbe india en su conjunto (cuya densidad es la más elevada del mundo). A finales de marzo, el Gobierno indio instauró el confinamiento obligatorio en todo el país, mientras que el nigeriano hizo lo propio en algunas ciudades como Lagos. La misma medida tomó el gobernador del estado de São Paulo, pese a las críticas del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que ha afirmado que “el hambre mata más que el virus”.

En las favelas brasileñas, donde se calcula que reside un 6% de la población del país, muchos comparten esta percepción. Según un estudio reciente, ante una situación de falta de ingresos provocada por restricciones económicas, el 86% de los habitantes de las favelas tendría dificultades para comprar comida antes de un mes. Esta vulnerabilidad es producto de una enorme dependencia de la economía informal, incluida la venta ambulante, evidentemente, incompatible con un régimen de confinamiento. Estamos hablando, además, de capas de la población que tienen serios problemas para cumplir con ciertos criterios de higiene básicos: el acceso al agua corriente en las favelas es todavía insuficiente, y adquirir jabón a menudo implica renunciar a otros bienes esenciales.

En muchos países, el confinamiento no es una medida sostenible y, aunque lo fuese, es muy probable que sea insuficiente para controlar el virus

Pero es en el continente africano donde estos problemas son más generalizados. Uno de los casos más extremos es el de la República Democrática del Congo, donde poco más del 50% de la población dispone de acceso al agua corriente, y cuyo PIB per cápita —medido en paridad de poder adquisitivo— es unas 17 veces inferior al brasileño. En la capital congoleña de Kinshasa, como en muchas otras ciudades africanas, el temor a una debacle económica ha provocado éxodos masivos hacia las zonas rurales, en busca de garantías de abastecimiento alimentario. Sin embargo, las zonas rurales son particularmente vulnerables al virus, dado que la media de edad es superior y los servicios sanitarios prácticamente inexistentes.

De hecho, son pocos los rincones del continente que no presentan carencias en materia de prestaciones sanitarias. La única vez que la OMS clasificó todos los Estados del mundo en función de la eficacia de sus sistemas de salud, en el año 2000, 21 de los últimos 25 puestos del escalafón fueron ocupados por países africanos. En estos países, “aplanar la curva” de contagios difícilmente logrará evitar el colapso de los centros sanitarios. Por ejemplo, el Norwegian Refugee Council denunció hace unas semanas que la República Centroafricana, cuya población ronda los cinco millones, solamente disponía de tres respiradores artificiales. Además, la escasez de pruebas para la covid-19 imposibilita conocer la incidencia real que está teniendo la pandemia en África.

Entre todos estos escollos se atisban algunos motivos para la esperanza. Los países de renta baja o media —exceptuando casos como el de China— suelen contar con poblaciones jóvenes, lo que podría suponer una ventaja ante un virus que está causando estragos principalmente entre personas de edad avanzada. En África, el continente más joven del mundo, el 41% de la población es menor de 15 años, y solamente el 3% supera los 65. Un consuelo adicional es que ciertos métodos y recursos orientados a combatir otras enfermedades infecciosas en el continente, como el ébola, están siendo reutilizados.

No obstante, la prevalencia del VIH-sida, la tuberculosis y la malaria en África es todavía muy elevada, y puede ser un factor de riesgo incluso para los más jóvenes. También conviene valorar con cautela otra posible ventaja, como es el clima relativamente cálido de gran parte de los países de renta baja o media. Hasta ahora, no se ha demostrado de manera concluyente que estas condiciones ralenticen la propagación de la covid-19, y cabe recordar que muchos países del África subsahariana y de América Latina se están encaminando hacia su invierno.

Del panorama descrito se desprende una realidad que urge afrontar: en muchos países, el confinamiento no es una medida sostenible y, aunque lo fuese, es muy probable que sea insuficiente para controlar el virus. Además de aliviar la deuda de estos países, proveerles de mayores recursos económicos y sanitarios, y desarrollar una vacuna que se distribuya equitativamente, necesitamos explorar estrategias de mitigación sensibles a los constreñimientos que afectan a los más desfavorecidos del planeta. Una de las alternativas que podrían barajarse es tratar de aislar solamente a los mayores y a otros grupos de riesgo, con tal de minimizar el número de personas que se vean privadas de su fuente de ingresos.

El impacto de la covid-19 será global, pero asimétrico. La respuesta, en consecuencia, tendrá que ser coordinada a escala internacional, pero con una orientación local. Sin un estudio debidamente contextualizado de los efectos secundarios, cualquier antídoto puede estar abocado al fracaso.

Óscar Fernández, investigador sénior en EsadeGeo-Center for Global Economy and Geopolitics.

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