El secreto mejor guardado de Canadá

Cuando Bénédicte Carole Zé, de Camerún, llegó a Canadá con un contrato para trabajar en una granja de pollos en 2015, pensó que sería una oportunidad para construir una nueva vida para ella y sus hijos. Pero el sueño rápidamente se convirtió en una pesadilla. Desde su llegada, su empleador la obligó a trabajar entre 70 y 80 horas semanales haciendo todo tipo de trabajos, a cambio de una paga mínima. El control que ejercía sobre ella era constante. No podía tener teléfono móvil. Su reclutador controlaba sus tarjetas bancarias. Rápidamente, la explotación se transformó en abusos psicológicos y sexuales.

Bénédicte estaba atrapada. Había llegado a Canadá como parte del Programa para Trabajadores y Trabajadoras Extranjeros Temporales (TFWP, por sus siglas en inglés), con un permiso de trabajo vinculado, que ata a trabajadores a una única entidad empleadora que controla su situación migratoria y sus condiciones laborales.

Soportó la situación de abuso porque su empleador le había prometido ayudarla a traer a sus hijos tras un año de trabajo. Enfermó. Cuando logró huir de la granja, en julio de 2018, su empleador canceló su visa. Quedó en situación irregular y tuvo que seguir trabajando durante años, hasta que pudo lograr su residencia permanente gracias a un programa especial durante la pandemia de la covid-19. “No esperaba ser una esclava aquí”, nos dijo.

La historia de Bénédicte es trágicamente usual. Durante los últimos dos años, hablamos con decenas de personas que, como Bénédicte, llegaron a Canadá de la mano del programa de trabajadores y trabajadoras temporales, que fue establecido en 1973 para facilitar que empresas de sectores como la agricultura, alimentos, cuidados, construcción y hotelería emplearan a migrantes.

Cualquier visado que vincule a una persona con su empleador al punto de que su estadía en un país dependa de esa relación deja una gran puerta abierta a abusos

Las historias que escuchamos son espeluznantes: contratos abusivos sin vacaciones, días interminables sin descanso, salarios inferiores a los acordados, falta de pagos, condiciones laborales poco seguras, falta de atención sanitaria, malos tratos físicos y psicológicos de naturaleza racista, discriminación, abusos sexuales. La lista sigue.

Para muchos trabajadores y trabajadoras migrantes escapar de la situación de abusos es una tarea imposible. Si denuncian a sus empleadores pueden sufrir represalias, ser despedidos, perder sus ingresos o ser repatriados a sus países de origen. Y a quienes intentan reportar sus abusos y buscar ayuda, el sistema les da la espalda.

Pero mientras que los abusos tuvieron lugar a manos de empleadores, es el propio sistema migratorio el que crea el contexto en el que es posible que ocurran.

A diferencia de lo previsto en otros programas de trabajo temporal en Canadá que están generalmente más relacionados con trabajadores más cualificados, los visados del TFWP —que se concentran en trabajos considerados como “menos cualificados”— no permiten a las personas migrantes cambiar de entidad empleadora.

El sistema es intrínsicamente racista. Este tipo de visados se conceden, en su mayoría, a trabajadores y trabajadoras “de baja cualificación” procedentes de países de renta baja y media del Sur Global con poblaciones mayoritariamente negras, latinoamericanas y de otros grupos racializados. En 2023, los primeros países de origen de los trabajadores y trabajadoras del TFWP fueron México, India, Filipinas, Guatemala y Jamaica, que representaron en total casi el 70% de los permisos trabajo concedidos.

La única salida ante este dilema es la abolición de los visados vinculados y su sustitución por permisos de trabajo abiertos

La dependencia en la que está basada el sistema, en la que el empleador controla la estadía de alguien en Canadá, el lugar donde vive, la forma en la que se transporta y su acceso a servicios de salud, significa que no hay espacio para las quejas.

Si el empleado denuncia los abusos que sufre, su empleador puede, simplemente, cancelar su visado y repatriarlo.

Nada de lo que revelamos en nuestra investigación fue nuevo para el gobierno de Canadá, que hace años sabe de los abusos que tienen lugar en el contexto del programa. De hecho, han hecho algunas modificaciones en un intento de mejorar las condiciones para las personas migrantes, incluyendo aumentar las inspecciones a granjas y otros lugares de trabajo. El problema, sin embargo, es que no es posible arreglar un sistema que es intrínsecamente abusivo.

Cualquier visado que vincule a una persona con su empleador al punto de que su estadía en un país dependa de esa relación deja una gran puerta abierta a abusos del tipo que hemos documentado.

La única salida ante este dilema es la abolición de los visados vinculados y su sustitución por permisos de trabajo abiertos, como existen para otros sectores de la economía que permiten el empleo de trabajadores y trabajadoras migrantes. Las personas migrantes, como cualquier persona, deben tener la libertad de cambiar de trabajo y de empleador.

Como dice Bénédicte, “Yo no quiero que los abusos que sufrí los sufran otros. Las personas migrantes deben ser tratadas con dignidad y respeto”.

Solo así, Canadá estará del lado correcto de los derechos humanos.