Exorcizar la recesión

La incertidumbre política está provocando ambigüedad en la política fiscal. Dentro del conjunto de advertencias que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (­OCDE) ha hecho la pasada semana pasada sobre España —y que son las de siempre, sea cual sea la coyuntura— sobresale, por certera, la frase inicial. Es inverosímil, no ocurre en ninguna otra ciencia social, que el disenso de recetas para salir de esta fase de “estancamiento secular” en la economía y para exorcizar una hipotética recesión (ahuyentar o expulsar mediante exorcismo los espíritus malignos, especialmente el demonio, del cuerpo de una persona) sea tan espectacular: mientras unas fuerzas políticas (a la derecha del arco parlamentario) quieren bajar (todos) los impuestos y hacer una revolución fiscal, las otras (a la izquierda) quieren subir algunos, recomponer otros, crear algunos nuevos y hacer “una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa [lo que significa aumentar la presión fiscal] y en la que se eliminen los privilegios fiscales” (preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición).

Además, los contextos externo e interno entran en contradicción pese a los esfuerzos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para alinearlos en la misma dirección (las políticas para favorecer la cohesión social no tienen por qué poner en riesgo ni el déficit público ni el crecimiento económico). La antigua Comisión Europea, antes de irse y ser sustituida por la nueva, ha dado un toque de atención a España, basándose en el borrador de presupuesto que la ministra de Economía, Nadia Calviño, remitió en octubre a Bruselas. A saber: que las finanzas públicas (el déficit) se desvían de forma significativa de la senda de ajuste marcada para lograr la estabilidad, y que nuestro país no progresará lo suficiente para recortar la gigantesca deuda pública (cercana al 100% de lo que se produce en un año) ni este año ni el que viene.

Como conclusión, la Comisión pide un recorte de casi 10.000 millones en el próximo presupuesto (España arrancará 2020 con los presupuestos de Cristóbal Montoro, que no sirven para el panorama actual) y debe utilizar todas las ganancias inesperadas para reducir la deuda pública, lo cual será muy difícil para un Ejecutivo recién formado (si se logra), en una coyuntura con tantas necesidades y promesas pendientes (por ejemplo, la de la indiciación de las pensiones, que generará más gasto público). Vamos a ver qué flexibilidad proporciona la nueva Comisión y si son ciertas las palabras de la nueva presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que afirmó ante el Parlamento Europeo la necesidad de reformar las restricciones presupuestarias, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el fin de disponer de mayor margen de maniobra en la neutralización de los riesgos de otra crisis económica.

Ese contexto de ajuste tiene importantes zonas de rozamiento con lo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron como preacuerdo. Se ha subrayado su deseo de mantener el equilibrio presupuestario “con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal con Europa”, pero en el texto hay párrafos que suponen mayor gasto neto como son la protección “de los servicios públicos, especialmente la educación —incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años—, la sanidad pública y la atención a la dependencia” (punto 2) o el sostenimiento de un Estado de bienestar sólido y duradero con la incorporación “de políticas sociales y nuevos derechos”.

En este momento de exigencia europea para que España utilice todas las ganancias imprevistas y con ellas recortar la deuda pública, cómo no recordar la negativa de Alfredo Pérez Rubalcaba (según las memorias de José Bono Se levanta la sesión; Planeta) a apoyar la reforma del artículo 135 de la Constitución, en la agostidad del año 2011, para dar prioridad absoluta al pago de la deuda respecto a cualquier otra partida parlamentaria. Según esas memorias, Rubalcaba pensaba que Rodríguez Zapatero había tomado una medida suicida para el PSOE e innecesaria para España, al haber sido más papista que el Papa.

Tenía razón.