El síndrome del papel en América Latina

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Hoy en día, el 73% de los países de América Latina y el Caribe cuentan con una estrategia de gobierno digital. En una época en la que prácticamente cualquier producto puede contratarse, modificarse, disfrutarse y/o cancelarse a través de un teléfono o una computadora, la brecha digital entre las empresas privadas y los gobiernos se nos puede hacer abismal. Pero lo cierto es que el esfuerzo —y el interés político— para poner la tecnología al servicio del ciudadano está ahí.

La profundidad de esa agenda, y sobre todo su nivel de uso, sigue siendo una de las cuentas pendientes de nuestra región. Según un estudio recientemente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), menos del 30% de los trámites pueden hacerse enteramente en línea, y únicamente el 7% de los ciudadanos realizó en línea su último trámite con el gobierno. En otras palabras: nuestros gobiernos y nuestros ciudadanos siguen padeciendo el síndrome del papel o el certificado.

Un avance a distintas velocidades

La gran marcha hacia el gobierno digital tiene ya algunas historias de éxito para contar, pero la realidad es que no todos los países han avanzado al mismo paso y queda por delante un largo camino.

Cada dos años, el reporte de Naciones Unidas e-Government Readiness reparte alegrías y frustraciones entre políticos y gestores, ya que proporciona un análisis objetivo de cómo progresó cada país en sus planes y cómo se compara con el resto del mundo. Su edición 2018 dejó para América Latina y el Caribe sensaciones encontradas. Por un lado, la región logró colocar cinco países entre los 50 primeros de la clasificación por primera vez en la historia, con Uruguay como abanderado en la 34ª posición. Sin embargo, la nota media de grupo no es tan alentadora: todavía 12 países de la región continúan por debajo de la posición 100.

Menos del 30% de los trámites pueden hacerse enteramente en línea en Latinoamérica

Las causas detrás del avance del gobierno digital varían según el país, pero algunos elementos aparecen con persistencia en los que transitan con mayor lentitud. Las estrategias digitales no logran convertirse en planes de acción con metas, actividades, responsables, cronogramas y… recursos, sobre todo recursos. Además, en muchos de los países no existe un diseño institucional que cumpla al menos tres objetivos claros: primero, que conecte con la máxima instancia de toma de decisiones; segundo, que establezca mecanismos de coordinación con todos los actores relevantes dentro y fuera de la administración pública y, tercero, que proporcione apoyo para la implementación a todo el aparato público.

Los recursos financieros para invertir en proyectos de gobierno digital son aún escasos. Un reciente estudio realizado por el BID en un país de Centroamérica mostró que el 97% de las oficinas públicas no tenían presupuesto para invertir en proyectos de gobierno digital. Sin embargo, las iniciativas en esta área empiezan a mostrar un impacto destacable tanto en los ciudadanos y empresas como en el propio gobierno. Durante la recientemente celebrada V Reunión de ministros de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe se discutió extensamente cuál es el valor del gobierno digital y su impacto económico incluso al nivel de trámites individuales. Se estima, por ejemplo, que Brasil está ahorrando más de 200 millones de dólares al año solo a través del recaudo electrónico del Impuesto de Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA). Otro ejemplo es Ecuador, cuya Modernización del Registro Civil en 2011 ha tenido un impacto en ahorro de desplazamientos y tiempos de espera valorado en más de 400 millones de dólares.

Nuestros gobiernos y nuestros ciudadanos siguen padeciendo el síndrome del papel o el certificado

Pero los ahorros para ciudadanos y gobiernos son solo una de las contribuciones del gobierno digital a América Latina y el Caribe. La más importante seguramente es la que puede hacer a la competitividad regional. La mejor manera de ayudar a esa cuarta parte de latinoamericanos que aún viven por debajo de la línea de pobreza es generar actividad económica a través del desarrollo empresarial y la atracción de inversión extranjera. Según el Índice Global de Competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, solo tres países de la región están entre los 50 más competitivos del mundo. Resulta difícil ser competitivo cuando para crear una empresa o registrar una propiedad se requieren numerosos pasos y documentos que llegan a demorarse meses en algunos casos. No es casualidad por tanto que países como Singapur o Suecia, que vieron en las nuevas tecnologías una oportunidad de transformar su sector público, estén ahora entre los 10 primeros del mundo en materia de competitividad.

La marcha hacia un gobierno digital debe continuar hasta que los ciudadanos y las empresas de América Latina y el Caribe puedan mantener una relación con el gobierno basada en la eficiencia, la transparencia y la participación. Esto será una indicación de que los líderes políticos han logrado aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para poner el sector público al servicio de las crecientes necesidades de sus ciudadanos.

Miguel Porrúa es jefe del Clúster de Gobierno Digital de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID.

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