La mitad de los latinoamericanos desconfía de su policía, ¿cómo solucionarlo?
Una tesis estudia uno de los grandes problemas de la región: la corrupción. Concluye que no basta con apartar a las "manzanas podridas"
Corría el año 2013. Un par de policías hondureños especulaba a cuánto ascendería la tasa de homicidios en su país ese año. Uno apostaba por 85 por cada 100.000 habitantes; otro creía que llegarían a 88. La cifra llegó a 90 y situó a Honduras como líder mundial en asesinatos.
La anécdota, presenciada por uno de los participantes en la IX Semana de la Seguridad de Latinoamérica, se quedaría en tal si no fuera porque uno de los muchos problemas que padecía el país centroamericano era la terrible corrupción de sus cuerpos de seguridad; más allá de hacer apuestas, eran tremendamente ineficaces a la hora de atajar este drama.
Es un problema endémico de América Latina: en la región (sin guerra) más violenta del planeta, la mitad de los ciudadanos piensa que todos o la mayoría de sus agentes son corruptos, según el último y reciente informe de Transparencia Internacional. Un tercio de la población (90 millones de personas) ha pagado mordidas a funcionarios públicos. Y los policías, junto a los políticos, son el colectivo percibido como menos honesto.
Desde la anécdota de los agentes, Honduras ha rebajado espectacularmente sus índices de homicidios. En 2016 fueron 60 por 100.000 habitantes, y proyecta cerrar 2017 en unos 50, poco más de la mitad de los que alcanzó el año que lideraron la clasificación mundial. No ha habido un factor único para este logro, pero los expertos coinciden en señalar la reforma de la policía como una de las claves para conseguirlo.
En la región (sin guerra) más violenta del planeta, la mitad de los ciudadanos piensa que todos o la mayoría de sus agentes son corruptos
En este tiempo se formaron 4.000 nuevos funcionarios con criterios nuevos, se amplió la presencia de la mujer en el cuerpo de un 15% a un 20% y se depuró a casi un tercio de la plantilla: unos 4.500 agentes fueron expulsados del cuerpo por sus malas prácticas. “Esta profesionalización ha producido cambios importantes. Mejoró la capacidad de la investigación, la formación de los policías y su coherencia y alineación con la filosofía del cuerpo, con mayor ética e inclusión de género. En 10 años se podría producir una rebaja de los homicidios de un 50% adicional”, aseguraba Cristina Hoyos, líder en América Latina del Centro de Control Democrático de Fuerzas Armadas de Ginebra (DCAF, por sus siglas en inglés).
La policía hondureña ha pasado de ser paradigma de malas prácticas a ejemplo a seguir. En la tesis doctoral Evidencia y marcos conceptuales de la lucha contra la corrupción en la policía de Latinoamérica aparecía muy mal parada frente a sus vecinos de Nicaragua, que habían logrado unos altos estándares de calidad y legitimidad. Su autor, Mauricio García, especialista en Reforma del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estudió precisamente qué hace que unas policías sean más corruptas que otras. Su idea era crear un marco teórico para abordar el fenómeno y tratar de cambiarlo en aquellos lugares donde fuera necesario.
La principal conclusión de la tesis es que no se puede achacar a un solo factor. Y esto contrasta con la mayoría de las políticas de los estados latinoamericanos, que se habían enfocado en un problema (ya fuera la formación de los policías, las pruebas de acceso, las sanciones…) para solucionar una corrupción que casi siempre es sistémica. “Hay una tendencia a buscar manzanas podridas. Se piensa que si se eliminan todo va a funcionar. Pero no es así, no es un problema individual que afecte a determinadas personas. Así que si se expulsan pero las condiciones para la corrupción continúan, seguirá produciéndose”, expone García.
Empezando por el principio, el experto considera clave el proceso de selección: “Cada vez se realizan más y mejores pruebas para que los candidatos sean los idóneos, tengan ciertos valores y aptitudes psicotécnicas”. Pero esto, por sí solo, es insuficiente. Si un sujeto a priori idóneo llega a un ambiente corrupto, es probable que reproduzca las malas conductas de su entorno. Una vez dentro del cuerpo, García considera importante que la formación continúe. “Muchas veces no hay un código de conducta, el policía llega y no sabe cómo tiene que comportarse, sus jefes no les dicen qué está bien o mal. Y es una profesión en la que no existe una supervisión en el momento de la acción, por lo que en realidad depende del propio sujeto corromperse o no”, añade.
Hay una tendencia a buscar manzanas podridas. Se piensa que si se eliminan todo va a funcionar. Pero no es así, no es un problema individual que afecte a determinadas personas
Un error frecuente que la tesis detecta es que muchos cuerpos policiales se centran en las sanciones para atajar la corrupción, cuando está demostrado que este tipo de medidas tienen una efectividad muy limitada. “Si existe una predisposición y un entorno que favorezcan las conductas inapropiadas, una amenaza de sanción no va a frenarlas. Y si el individuo ni siquiera concibe la corrupción como alternativa, también es inútil”, señala García.
Y, por mucho que todo lo que suceda dentro del cuerpo policial sea perfecto, en cuanto a acceso, formación, controles, supervisión… sirve de poco si no hay una retroalimentación de la comunidad y de la política. “Si no se percibe que todo el mundo gana atajando la corrupción, esta va a continuar campando a sus anchas”, concluye el especialista, quien propone modelos integrales para acabar con el problema.
La siguiente dificultad viene a la hora de medir esta corrupción. Más allá de los índices de percepción, los indicadores son indirectos. De hecho, los directos pueden ser incluso contradictorios. En la época en la que Nicaragua era ejemplo a seguir y Honduras a evitar, el primer país tenía muchas más denuncias por corrupción que el segundo. Pero esto no mostraba que hubiera más, sino que los ciudadanos confiaban más en la policía y por eso se decidían a denunciar los casos, algo que no ocurría con sus vecinos del norte.
A más corrupción, más cara es la deuda
Si se plasma en un gráfico la percepción de la corrupción en un país por parte de su ciudadanía y la calificación de su deuda, se ve entre ambos una clara correlación. Cuando se dieron cuenta de esto en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargaron un estudio que, si bien no permitió establecer una causalidad irrefutable, confirmó de forma científica lo que ya habían comprobado a simple vista.
Lo cierto es que las tres principales agencias calificadoras de deuda tienen en cuenta la percepción de corrupción, normalmente a través de indicadores del Banco Mundial, especialmente uno de ellos, que se enfoca en medir la incidencia de corrupción y fortaleza de instituciones que luchan contra ella. "No hay un solo factor que marque la calificación de la deuda. Tradicionalmente se había atendido a marcadores como balanza de pagos, la macroeconomía, la inversión externa. Se pensaba que si todo esto está ordenado, la cosa va bien. La investigación viene a decir: los números importan, pero las instituciones también", explica Roberto de Michele, especialista del BID.
Esto implica que, además de las cuestiones morales de la corrupción y del coste directo, tiene otro indirecto: parece influir de forma negativa en la calificación de la deuda, con lo cual los estados tienen que pagar más intereses.
El problema es que toda medida que se toma para solucionar estos indicadores son a muy largo plazo y tienen a menudo incentivos perversos para los gobernantes. Como explica De Michele, el hecho de investigar y perseguir fuertemente la corrupción suele destapar más casos, con lo cual, a priori, la ciudadanía puede percibir más simplemente porque ha aflorado. Las agencias de calificación, sin embargo, también ponderan la fortaleza de las instituciones para hacer sus evaluaciones, con lo cual, afrontar el problema es en todos los sentidos el mejor remedio.
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