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Mi país legalizó el aborto hace más de dos décadas, pero el 23 de enero de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump me quitó el derecho hasta de escribir esa palabra.

Como médica en Sudáfrica, he provisto servicios abortivos durante más de una década. Muchas veces mi trabajo incluye editar materiales educativos para una ONG que trabaja en prevención del VIH. Estos textos ofrecen a las jóvenes sudafricanas información vital sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, entre ellos el control de natalidad, la violencia sexual y la progresista ley sudafricana de aborto.

Pero dos días después de la elección presidencial estadounidense de noviembre de 2016 (y más de dos meses antes de la toma de posesión de Trump) la ONG para la que trabajaba dejó de distribuir una guía de salud reproductiva. Después se reimprimió con todas las referencias al aborto suprimidas.

La causa de esta autocensura es una política estadounidense conocida como la regla de mordaza global, que se introdujo en los ochenta y fue reactivada por todos los gobiernos republicanos desde entonces. Esta política prohíbe la entrega de asistencia internacional estadounidense a organizaciones que ofrezcan servicios abortivos, asesoren sobre ellos, les deriven pacientes o hagan activismo. Cuando la administración Trump reinstauró formalmente la regla, lo hizo ampliando la lista de programas de ayuda al extranjero cuya financiación quedó supeditada al cumplimiento de esos criterios.

Como muchos países en desarrollo, Sudáfrica recibe cada año cientos de millones de dólares de Estados Unidos: en 2016 envió 531 millones destinados a financiar programas de salud y población. Esta ayuda hizo mucho bien, pero las condiciones con que se entrega nos atan las manos.

Intromisión externa

Los sudafricanos no somos ajenos a la intromisión de Estados Unidos en temas de salud, y no es la primera vez que nos encontramos con la regla de mordaza global. Por ejemplo, durante el gobierno de George Bush (hijo), hubo problemas en salud reproductiva y los servicios educativos relacionados con el aborto quedaron diezmados. A los proveedores de atención médica que recibieran dinero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) se les prohibió hablar del aborto incluso con embarazadas VIH‑positivas. Los profesionales de la salud en Sudáfrica (y muchos otros lugares) recordamos esta historia y por eso hacemos sonar la alarma.

Incluso cuando Gobiernos demócratas reinstauraron la entrega de fondos, las mujeres en Sudáfrica han tenido dificultades para acceder a servicios abortivos. Aunque esta práctica tiene protección constitucional desde 1996, sólo el 5% de las clínicas y hospitales públicos ofrecen el procedimiento, y hasta la mitad se realizan en condiciones inseguras. Por todo el país se ven folletos que publicitan servicios de aborto clandestinos (incluso en las entradas del Departamento Nacional de Salud en Pretoria). Estos proveedores prometen peligrosos “abortos en el día”, que pueden incluir un cóctel indiscriminado de píldoras y operaciones que ponen a las mujeres en riesgo de padecer una interrupción del embarazo incompleta, sepsis e incluso la muerte.

Aunque esta práctica tiene protección constitucional desde 1996, sólo el 5% de las clínicas y hospitales públicos ofrecen el procedimiento

El año pasado, Amnistía Internacional publicó un informe detallado de acciones necesarias para que los abortos en Sudáfrica se realicen con seguridad, a tiempo y en cumplimiento de la legislación local. Las recomendaciones incluyen aumentar el acceso a transporte económico a establecimientos de planificación familiar y a métodos anticonceptivos modernos (incluida la anticoncepción de emergencia), una mayor oferta de educación sexual y elaborar estrategias para reducir la estigmatización.

Pero la política estadounidense dificultará todos estos cambios. Para que países como Sudáfrica puedan liberarse del ataque de los gobiernos republicanos a la libertad reproductiva, se necesitan nuevas estrategias para combatir la regla de mordaza global.

Las soluciones empiezan en casa; por eso los países en desarrollo deben empezar a independizarse de las ayudas condicionadas que restringen la capacidad de los profesionales médicos para trabajar de conformidad con las leyes locales. Las ONG locales, junto con socios internacionales responsables, deben hallar nuevas fuentes de apoyo para programas que instruyan a las mujeres en relación con sus derechos y provean acceso a servicios abortivos seguros. La intención de la regla de mordaza global de Trump es acallar a los activistas y profesionales médicos; no debemos rendirnos a esta presión.

Pero tan importante como el apoyo local es el respaldo de los legisladores estadounidenses, que tienen poder para revertir la peligrosa política de Trump. El año pasado se presentó un proyecto de ley sobre salud, empoderamiento y derechos de nivel global (HER law, por las siglas en inglés) que busca prohibir la aplicación de condiciones restrictivas a organizaciones no gubernamentales extranjeras que reciban ayuda de Estados Unidos. Lo mejor de todo es que si se aprueba, esta ley implicará la derogación permanente por vía legislativa de la regla de mordaza global y devolverá una idea de ética apolítica a la asistencia estadounidense al extranjero.

En Sudáfrica, todas las mujeres tienen derecho legal a controlar su salud reproductiva y tomar decisiones en relación con ella. Pero este derecho es pisoteado por cierta forma de neocolonialismo, que supedita la asistencia internacional a los caprichos políticos del partido estadounidense que esté en el poder. El pueblo de Sudáfrica decidió aprobar una de las leyes de aborto más liberales del mundo; no es admisible que políticos a trece mil kilómetros de distancia pretendan ir contra esa decisión.

Tlaleng Mofokeng es vicepresidenta de la Coalición para la Justicia Sexual y Reproductiva de Sudáfrica. Traducción: Esteban Flamini Copyright: Project Syndicate, 2018 www.project-syndicate.org

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