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Centenares de clínicas de planificación familiar cierran un año después de los recortes de Trump

Diversos gobiernos y donantes anónimos han tomado la iniciativa para suplir la falta de financiación consecuencia de la decisión estadounidense, pero la capacidad de sus bolsillos nunca será suficiente

Una mujer embarazada en Brasil.
Una mujer embarazada en Brasil.

En una mano, Future Gwena lleva un preservativo, y entre el pulgar y el índice de la otra sostiene un dispositivo intrauterino (DIU) diminuto en forma de T. Unas 25 mujeres la miran atentamente en un silencio total. En la reunión, que tiene lugar en Kwamutoko —una pequeña ciudad del este de la provincia de Mashonaland, en Zimbabue—, solo se escucha el arrullo de un bebé y el lamento lejano de un perro. Alguien se aclara la garganta nerviosamente cerca de la pequeña clínica Mushibo, situada al final de un camino embarrado y lleno de piedras.

De repente, las compuertas se abren. “Cuando llevas un DIU y tienes relaciones sexuales, ¿te duele?”, quiere saber una mujer. “¿Esos alambres finos del final se pueden clavar en el pene?”, pregunta otra. “No queremos nada que nos estropee el sexo, ¿sabe?”, interviene una tercera.

Era abril de 2017 y, en ese mismo momento, una escena casi idéntica se desarrollaba en otras ocho poblaciones rurales de Zimbabue. Al final del día, Futura y sus compañeras de Population Services Zimbabwe (PSZ), una filial de la organización de planificación familiar Marie Stopes International, habían repartido anticonceptivos de larga y corta duración a alrededor de 350 mujeres. Las cifras de la organización muestran que en los últimos cuatro años han llegado a casi medio millón de beneficiarias.

Gran parte de estos encuentros divulgativos se parecían mucho al de Kwamutoko. Todos ellos consistían en una charla íntima, y a veces pícara, entre mujeres. Un buen día, una mujer llegaba a la ciudad con una furgoneta llena de anticonceptivos y un equipo de enfermeras preparadas para inyectar, insertar y repartir.

Marie Stopes International calcula que en 2020 en Zimbabue la reducción de los servicios habrá tenido como consecuencia 110.000 embarazos no deseados adicionales y 32.000 abortos de riesgo

La clínica móvil de Future recibía financiación del Gobierno de Estados Unidos a través de USAID, un organismo público que “trabaja para acabar con la pobreza extrema en el mundo y hacer posible que las sociedades democráticas y con capacidad de adaptación desplieguen su potencial”, según su página web.

Sin embargo, hace alrededor de un año, en enero de 2017, la situación de estos proyectos cambió drásticamente. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que se suprimía la ayuda económica de su país a las organizaciones que “llevasen a cabo [o] promoviesen activamente el aborto como método de planificación familiar”. Casi de inmediato, la Federación Internacional de Planificación Familiar y Marie Stopes International, dos de las ONG de control de la natalidad más grandes del mundo, hicieron público que no seguirían aceptando dinero procedente de Estados Unidos.

Para ser exactos, la declaración de Trump no significaba que se iba a dejar de financiar con dólares americanos las intervenciones de interrupción del embarazo. En Estados Unidos, la ley establece que no se pueden destinar recursos federales a prácticas abortistas, ya sea dentro o fuera del país. Al reinstaurar la llamada Política de Ciudad de México, o ley mordaza global, como la conocen sus detractores, lo que Trump estaba diciendo era que se iban a recortar las subvenciones estadounidenses a servicios —como las clínicas móviles de control de la natalidad de PSZ— y entidades considerados “proabortistas” por un motivo u otro. La prohibición también impide que los grupos proporcionen fondos, ni siquiera de terceros, a organizaciones que promuevan o practiquen el aborto.

Durante unos cuantos meses, muchas sucursales de Planificación Familiar de Zimbabue y Marie Stopes se aferraron a sus últimos recursos estadounidenses, pero en septiembre, cuando se acabó el periodo anual de financiación de USAID, ya no les quedaba nada.

Las primeras muestras de la repercusión del decreto de Trump para las mujeres más vulnerables del mundo empiezan a verse ahora, casi exactamente un año después de su firma. En Zimbabue, por ejemplo, cuando el presidente estadounidense hizo su anuncio, PSZ proporcionaba más de la mitad de los anticonceptivos de larga duración disponibles en el sector público. Sus equipos visitaban con regularidad unas 1.200 poblaciones rurales donde los distribuían, la mayoría en sitios como la clínica Mushimbo de Kwamutoko. Pero en septiembre se agotó el resto de los fondos de USAID y PSZ cerró discretamente 600 de sus 1.200 centros de proximidad en zonas rurales. Marie Stopes International calcula que, cuando acabe el primer mandato de Trump en 2020, en Zimbabue la reducción de los servicios habrá tenido como consecuencia 110.000 embarazos no deseados adicionales y 32.000 abortos de riesgo. “Para nosotros ya no es solo una posibilidad teórica. La orden ha empezado a tener repercusiones [para las mujeres zimbabuenses]”, afirma Abebe Shribu, director nacional de PSZ.

En el este de África, Family Health Options —la filial keniana de Planned Parenthood y la clínica de planificación familiar más antigua del país— se encuentra también al borde del abismo. Ha reducido sus programas de difusión, que llegaban a unas 76.000 mujeres al año, y ha cerrado la clínica que tenía en la ciudad costera de Mombasa.

“Esas mujeres habían depositado su confianza en nosotros, y ahora las hemos abandonado a su suerte”, lamenta Amos Simpano, director clínico del grupo. “No tenemos la menor idea de a dónde van a acudir en busca de esos servicios”. Las crisis de PSZ y Family Health Options se están reproduciendo en toda África, desde Uganda hasta Madagascar pasando por Burkina Faso.

En Sudáfrica, las ONG son reacias a hablar públicamente de los efectos de la prohibición. Sin embargo, según Bhekisisa, la directiva ya ha tenido como consecuencia que algunas organizaciones hayan dejado de facilitar información sobre el aborto y ha creado divisiones en la sociedad civil. En noviembre, varios profesionales de la sanidad que pidieron permanecer en el anonimato contaron a Bhekisisa que la nueva política ha causado temor e intranquilidad no solo en relación con la supervivencia de las ONG, sino también con las consecuencias para sus pacientes.

Los activistas aseguran que a escala internacional, sin embargo, la normativa contiene una cláusula que da a algunas organizaciones como las sudafricanas la esperanza de disponer de cierto margen aunque, de todas maneras, no les permita practicar abortos.

El documento que resume las nuevas directrices de financiación estadounidenses establece que, cuando la legislación del país obliga al personal médico a facilitar asesoramiento o solicitar abortos, este podrá seguir haciéndolo sin infringir por ello la directiva.

“Esto significa que la ley mordaza queda anulada, ya que, en Sudáfrica, la legislación, el código ético y la Constitución obliga a los médicos a asesorar y derivar a las mujeres a un especialista”, explica Brian Honermann, director adjunto de políticas públicas de la Fundación para la Investigación del Sida (Amfar). “[La ley mordaza] no puede contravenir las leyes de un Estado soberano”, sostiene.

Sudáfrica es uno de los únicos cinco países africanos con leyes de aborto liberales

No obstante, afirma que las entidades locales siguen encontrándose en una posición complicada. Según el Instituto Guttmacher, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación de la salud pública, Sudáfrica es uno de los únicos cinco países africanos con leyes de aborto liberales. Honermann advierte de que no hay manera de evitar que Estados Unidos retire la futura financiación a las ONG y los Gobiernos que ejerzan sus derechos bajo la ley mordaza.

Las organizaciones locales no son las únicas que se encuentran desorientadas en cuanto a qué les permite y qué no les permite hacer la normativa estadounidense. Muchos organismos del Gobierno de Estados Unidos que supuestamente tienen que aplicar la ley mordaza también están confusos, tal como revelaba la semana pasada un informe del Departamento de Estado.

El polémico documento pone también sobre aviso de que, debido la cantidad de ONG que no tienen claro lo que la prohibición implica para ellas, existe el riesgo de que la incumplan. Asimismo, recomienda que el Gobierno estadounidense suavice su postura, que obliga a suspender de inmediato la financiación a los infractores y, en cambio, permite a sus organismos actuar a su criterio cuando la infracción se haya cometido por primera vez. El informe no analiza las repercusiones de la ley para las mujeres. Por ello, la diputada demócrata Nita Lowey hizo una declaración en la que lo calificaba de “inútil” y “superficial”.

El Departamento de Estado ha recomendado que en diciembre se realice una nueva evaluación de la normativa. Sin embargo, a escala global las consecuencias de la normativa aún se están gestando. El año pasado, muchas mujeres se libraron de los primeros efectos del recorte de fondos gracias a una oleada mundial de justa indignación, y a los cheques igualmente justos que la siguieron poco después.

En febrero de 2017, Lilianne Ploumen, ministra holandesa de Comercio Internacional y Cooperación para el Desarrollo, anunció la creación de una ONG internacional llamada She Decides, destinada a recaudar dinero para las entidades afectadas por la política de Trump.

“Me sentí muy decepcionada y en parte conmocionada [cuando me enteré del decreto de Trump], porque estamos en 2017”, declaró entonces en una entrevista con The New York Times. “Sería de esperar que, a estas alturas, el derecho de las mujeres y las chicas a ser dueñas de su cuerpo y de su vida sexual fuese un hecho”. La ministra se comprometió a que el Gobierno holandés aportase los primeros 10 millones de euros.

En enero de este año, la organización había recaudado más de 390 millones de euros para suplir la falta de financiación internacional para la salud sexual y reproductiva consecuencia de la decisión de Trump.

Al mismo tiempo, ha habido también contribuciones de particulares. En Madagascar, donde Estados Unidos financiaba prácticamente todas las iniciativas de divulgación de Marie Stopes, un donante estadounidense anónimo aportó un millón de dólares de su bolsillo para comprar una nueva flota de vehículos después de que USAID retirase los suyos.

“Nos preguntó dónde podíamos emplear su dinero para que fuese lo más eficaz posible, y nos dijo que lo mandásemos allí”, cuenta Marjorie Newman-Williams, vicepresidenta y directora de asuntos exteriores de Marie Stopes International.

Más allá de los multimillonarios, añade, este año la organización también ha “registrado un notable aumento de las donaciones individuales. Está claro que, cuando la gente se entera de lo que está pasando aquí, se siente impulsada a dar”.

La financiación estadounidense ha ayudado a muchos países a dar un impulso crucial a sus esfuerzos por ampliar el acceso a los anticonceptivos

El problema, señala, es que la financiación estadounidense era una perspectiva segura a largo plazo. Con el Gobierno de Obama, llegaba puntualmente año tras año, lo cual permitió a Marie Stopes International crecer y pasar de ser una ONG de planificación familiar relativamente pequeña a una las mayores del mundo en menos de una década.

Por otra parte, por buenas que sean sus intenciones, ninguno de los donantes dispuestos a suplir la carencia provocada por Trump tiene un bolsillo capaz de hacer las promesas que hizo Estados Unidos en el pasado.

“Hay organizaciones que llevan décadas trabajando en determinados países y comunidades para construir unos sistemas de salud dignos de confianza, y ahora todo está en peligro debido a que, en muchos casos, estos sistemas se mantienen con fondos estadounidenses”, explica Seema Jalan, directora ejecutiva del proyecto Acceso Universal de la Fundación de Naciones Unidas.

La financiación estadounidense ha ayudado a muchos países a dar un impulso crucial a sus esfuerzos por ampliar el acceso a los anticonceptivos. Según Newman-Williams, en particular en África occidental, varios países han experimentado avances sin precedentes en la pasada década. En Burkina Faso, por ejemplo, gracias al decidido apoyo del Gobierno y a la ayuda de los donantes internacionales, el número de mujeres que querían evitar el embarazo pero no tenían acceso a métodos anticonceptivos se redujo de dos tercios en 2011 a un 24% en 2016, de acuerdo con los datos de Guttmachen para 2011 y las cifras del organismo de investigación en materia de salud Performance Monitoring and Accountability 2020 para 2016.

No obstante, en 2017, Marie Stopes perdió alrededor de una cuarta parte de su financiación, que proporcionaba el Gobierno de Estados Unidos, en Burkina Faso. En consecuencia, suprimió tres de sus nueve equipos de difusión y cortó el apoyo financiero a 80 clínicas públicas.

En opinión de Newman-Williams, estos recortes pueden crear un vacío peligroso en los servicios en un momento crítico. La vicepresidenta de Marie Stopes International advierte: “Cortar de raíz los avances de un país que ha llegado tan lejos como Burkina Faso, precisamente ahora, sería una verdadera tragedia”.

Con la colaboración de Pontsho Pilane

Este texto fue publicado originalmente en inglés en la página web de Bhekisisa.

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