Larissa Bombardi: “Al igual que los colonizadores expulsaron a los pueblos originarios de América, hoy se les pulveriza con pesticidas”

En 2017 Larissa Bombardi publicó en portugués Geografía del uso de pesticidas en Brasil y sus relaciones con la Unión Europea (sin edición en español). Durante la promoción del libro, la investigadora dio muchas entrevistas y participó en decenas de coloquios para denunciar una curiosa paradoja: empresas alemanas, francesas o belgas venden a Brasil productos agrotóxicos vetados en la UE, que consiente la exportación de agentes muy nocivos aunque estén prohibidos en su territorio.

Todo fue bien hasta 2019, cuando salió la edición inglesa de la obra y se disparó su repercusión. Poco después, la principal cadena de supermercados orgánicos de Escandinavia limitó la importación de productos brasileños. Entonces se activó una campaña de acoso contra Bombardi. “Primero intentaron desacreditarme diciendo que mentía, que era comunista y que estaba manchando la reputación internacional del sector agrícola brasileño”, narra durante la entrevista, realizada en parte durante la feria del movimiento Slow Food celebrada el pasado otoño en Turín (Italia) y completada por videoconferencia a finales de 2024.

Los ataques en el ámbito profesional tornaron en amenazas personales tras una aparición muy sonada en televisión. “Alguien que se identificó como piloto de una empresa agrícola me envió un correo electrónico diciéndome que, si seguía insistiendo en que pulverizar los campos con pesticidas era peligroso, quizá debería subirme a su avión para comprobar qué era realmente peligroso”, prosigue. Meses más tarde, tres hombres asaltaron su casa con ella dentro para llevarse su ordenador, su móvil y poco más. “No puedo probar que tuviera relación con mi trabajo, pero, como robo común, fue muy extraño, ya que no preguntaron dónde estaba el dinero o las joyas”.

Bombardi se hartó de vivir con el miedo en el cuerpo y abandonó São Paulo a mediados de 2020 para instalarse en Europa con sus dos hijos. Primero viajó a París, donde se empleó en el Instituto de Investigación para el Desarrollo; luego se trasladó a Bélgica, donde hoy investiga en el departamento de agroecología de la Universidad Libre de Bruselas. El pasado año publicó Pesticidas: un colonialismo químico (también sin traducción al castellano), un corto ensayo continuación de su primera obra en el que traza analogías entre el actual comercio mundial de agrotóxicos —con un foco especial en Brasil— y las estructuras de dominio colonial en el pasado.

Pregunta. ¿Cree que a la UE le importa mucho la salud de sus ciudadanos, pero no tanto la de los habitantes del Sur Global?

Respuesta. No es solo una cuestión de doble rasero, sino de perpetuar una estructura colonialista. Los procesos de independencia en países latinoamericanos como Brasil mantuvieron la distribución de la tierra en manos de una oligarquía de terratenientes. Son ellos los que hoy abogan, junto a las multinacionales europeas que controlan el mercado global de agrotóxicos, por mantener leyes muy laxas en el uso de pesticidas. Es algo similar a lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando Europa se beneficiaba de la mano de obra esclava en sus colonias, mientras la esclavitud era ya algo inconcebible en el continente.

P. Acusa a la UE de ser cómplice no solo de prácticas agrícolas muy dañinas, sino también de un sistema de explotación que se ceba con los más pobres y, en especial, con las comunidades indígenas.

R. He hablado más de 40 veces sobre esto con representantes de la Comisión Europea. Y todos niegan que ocurra aduciendo que ellos se limitan a respetar la soberanía de los países. Y, sin embargo, ocurre. Al igual que los antiguos colonizadores expulsaron de sus tierras a los pueblos originarios de América, hoy se les pulveriza literalmente con pesticidas. En el libro cito algunos ejemplos de cómo los grandes propietarios brasileños envenenan a las poblaciones indígenas para que huyan y ellos puedan plantar sus monocultivos de soja o caña de azúcar.

P. No se puede controlar entonces lo que compran terceros países, pero sí lo que venden compañías con sede en la UE.

R. Desde luego. Pero el argumento es siempre el mismo: la libertad de comercio, que no se ha de imponer a nadie lo que compra o vende, etcétera. La hipocresía llega al punto de que se obliga a los importadores de agrotóxicos producidos por compañías europeas a reconocer contractualmente que saben que están comprando productos prohibidos en la UE. Este requisito se presenta ante la opinión pública como una forma de crear conciencia sobre lo pernicioso de ciertos agrotóxicos, pero lo cierto es que solo busca dar protección legal a las empresas europeas.

El coste humano, medioambiental y sanitario de los agrotóxicos es enorme.

P. Algunos países como Francia han aprobado legislaciones de exportación más restrictivas, pero usted sostiene que no está sirviendo de mucho.

R. El caso francés es curioso: ahora no se puede exportar el producto comercial, pero sí la sustancia. Veremos qué ocurre en Bélgica, donde se prevé que entre en vigor una nueva ley en los próximos meses [en mayo de 2025].

P. En su libro expone que el uso de agrotóxicos en Brasil se ha doblado en una década. ¿Sospecha que las compañías europeas están haciendo más lobby en otros continentes ante las restricciones que encuentran aquí?

R. Es probable. Croplife International, una especie de alianza de empresas productoras de pesticidas, tiene una delegación especial en Brasil desde 2019, y ya cuenta con una fuerte presencia en África. Están en todas partes.

P. También presenta datos de personas afectadas por el uso de pesticidas en Brasil, y añade que estas cifras subestiman el impacto real y su efecto en el desarrollo de algunos tipos de cáncer, muy difícil de probar.

R. El coste humano, medioambiental y sanitario de los agrotóxicos es enorme. En Brasil, en el Estado de Paraná [un estudio de 2012 con datos de 1998-1999] se estimó que, por cada dólar (0,95 euros) invertido en pesticidas, se dedica 1,20 dólares al gasto en salud por el envenenamiento que estos provocan.

P. Usted defiende una legislación sobre agrotóxicos común para todo el mundo. ¿Algo utópico?

R. Quizá sí. Pero alguien dijo que la utopía es un camino hacia delante, un horizonte para todos los movimientos de la sociedad civil y los científicos que intentamos concienciar sobre este asunto.

P. ¿Cambian mucho las cosas en el sector agrícola brasileño dependiendo de quién esté el Gobierno?

R. No tanto, ya que se trata de un problema estructural muy enraizado en la sociedad brasileña. Tenemos a unos cuantos terratenientes superpoderosos. Sin una buena relación con ellos, resulta muy difícil mantenerse en el poder. Blairo Maggi, uno de los líderes mundiales de la soja, fue ministro de Agricultura entre 2016 y 2019 [durante el Gobierno de Michel Temer, de centro liberal]. Antes, durante el gobierno de Dilma Rousseff [del Partido de los Trabajadores, el mismo que Lula], su cargo lo ocupó Katia Abreu, otra terrateniente a la que apodan Doña deforestación, se puede imaginar por qué. Cuando me lo contaron, pensé que era una broma.

P. ¿No espera entonces grandes avances durante esta segunda etapa de Lula?

R. No cabe duda de que es un Gobierno progresista en varios aspectos: derechos LGBTIQ+, feminismo, derechos humanos en general… Pero en este tema tiene las manos atadas. En Brasil coexisten el Ministerio de Agricultura con el de Desarrollo Agrario. El primero representa los intereses de los grandes propietarios y la agricultura intensiva. El segundo defiende, con un fuerte compromiso medioambiental, a los campesinos y a las comunidades indígenas. Existe esta tensión esquizofrénica en el seno del Gobierno, pero el primero suele imponer su voz asegurándose de que las restricciones en el uso de pesticidas nunca vayan demasiado lejos en contra de los intereses de los poderosos.