Brasil

El bolsonarismo intensifica la campaña de intimidación contra los críticos

Profesores universitarios, periodistas, líderes indígenas y hasta un youtuber han sido denunciados desde que el ultraderechista preside Brasil

El presidente Bolsonaro, el domingo pasado en Río de Janeiro durante una marcha de moteros.
El presidente Bolsonaro, el domingo pasado en Río de Janeiro durante una marcha de moteros.ANDRE BORGES / AFP

La policía del Senado de Brasil abrió este martes una investigación contra Celso Rocha de Barros, un relevante columnista, por un artículo de opinión publicado en el periódico Folha de S. Paulo, donde escribió “esperemos que la CPI (la comisión parlamentaria que investiga la gestión gubernamental de la pandemia) haga su trabajo y mande al presidente a la cárcel”. Dos senadores aludidos denunciaron al opinador por atentado contra el honor y la policía lo llamó a declarar. Es el caso más reciente de un clima de hostilidad hacia los críticos que se ha traducido, desde que el ultraderechista Jair Bolsonaro llegó al poder, en un goteo de denuncias contra profesores, periodistas, activistas, científicos y hasta un famoso youtuber.

Las querellas, procedentes de la órbita del bolsonarismo, suelen activar auténticos linchamientos en redes sociales, incluidas amenazas de muerte y, en el caso de las mujeres, también de violación. Tras días o semanas, muchas de las investigaciones son archivadas. Un desenlace que no sorprende a otro denunciado reciente, Conrado Hubner, profesor de derecho constitucional en la Universidad de São Paulo, columnista y tuitero con 61.000 seguidores. “Es un intento de instrumentalizar la justicia para intimidarnos”, explicó este martes en una entrevista por videollamada. “El objetivo no somos nosotros (los investigados), sino la comunidad académica, la comunidad de los críticos. Intentan desgastar a sujetos específicos, pero sobre todo, y mucho más importante que los casos particulares, es el silenciamiento colectivo y difuso, lo que esos casos generan en los otros. El efecto es la autocensura”, dice este investigador del Centro de Análisis de la Libertad y el Autoritarismo.

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El clima de intimidación y hostigamiento ha ido ganando intensidad a medida que se agrava la pandemia y Bolsonaro se debilita. Con más de 450.000 muertos, el temor a una tercera ola y una comisión de investigación en el Senado que aflora a diario indicios graves de negligencia, crece el rechazo hacia el presidente. En el punto de mira, la libertad de expresión, la de prensa, la académica… Brasil es el cuarto país que más se ha autocratizado en 2010-2020, según el último informe del Instituto V-Dem, un centro de investigación de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) que evalúa la calidad de la democracia en el mundo. El peor del ránking, un europeo: Polonia.

Los denunciados en Brasil son profesionales de ámbitos diversos que comparten una postura crítica, o meramente fiscalizadora, con el mandatario y su Gobierno. Contra el profesor Hubner, que esta semana alertó sobre la politización de los tribunales en el Foro Inteligencia, pesa una denuncia penal por injurias, calumnias y difamación por uno de sus artículos y varios tuits presentada por el fiscal general del Estado, Augusto Aras, a título personal.

Por calumnias también fue investigada una de las principales líderes indígenas, Sonia Guajajara; en su caso a instancias de la fundación oficial para la protección de esta minoría. El youtuber Felipe Neto, que tiene 40 millones de seguidores solo en esta red, fue denunciado con base en una ley de seguridad nacional de tiempos de la dictadura después de llamar genocida a Bolsonaro por cómo gestiona la crisis sanitaria. El escritor JP Cuenca afronta 143 denuncias de pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios, aliada del presidente, por un tuit que consideran ofensivo; la ONG británica Media Defense ha asumido la defensa del autor. Los casos contra Guajajara y Neto fueron archivados.

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Otros han sido intimidados sin mediar denuncia. La investigadora Larissa Bombardi, especializada en pesticidas (ingrediente clave en la potente industria de la soja) ha tenido que irse de Brasil tras recibir amenazas. Y el equipo de Marcus Lacerda, autor de un ensayo clínico con cloroquina para pacientes de covid-19 en Manaos, sufre una campaña de ciberataques para minar su reputación. “Si se criticara a todos los que hacen ensayos clínicos que demuestran daños en una posible intervención, tendríamos pocos avances en el desarrollo de nuevos medicamentos”, dice la carta de solidaridad enviada a Lacerda por un colega de la Universidad de Oxford. Bolsonaro convirtió la ineficaz cloroquina en política de Gobierno.

Patricia Campos Mello, ganadora del premio Rey de España de Periodismo en 2018, sabe de pleitos y de amenazas en Internet porque fue una de las primeras víctimas. El presidente acababa de tomar posesión cuando la señaló públicamente con un comentario de índole sexual. “Aquí no habíamos visto esas campañas de intimidación personal, eran cosas de Chávez (en Venezuela)”, decía al teléfono este miércoles. Curtida en Siria e Irak, la veterana reportera de Folha requirió protección por primera vez en su vida nada menos que en São Paulo. Llevó a juicio a Bolsonaro por daños morales y ha ganado en primera instancia, pero tiene otros dos procesos abiertos iniciados por bolsonaristas.

Sostiene que los ataques “pretenden tanto intimidar como movilizar a los seguidores más radicales” del mandatario. Explica que al acoso judicial contra profesionales concretos —”con un componente misógino en el caso de las mujeres”— se suman el recorte de subvenciones a la prensa independiente y presiones públicas y privadas a empresarios para que no se anuncien en medios que el bolsonarismo considera “no patriotas”, en referencia a Globo, Folha o Estadão.

Señala el Instituto V-dem que la censura gubernamental y la hostilidad hacia los medios no partidistas aumenta de manera sostenida en Brasil, sobre todo desde la llegada de Bolsonaro. Los procesos de autocratización suelen seguir un patrón, según el instituto sueco: “Los Gobiernos, primero, atacan a los medios de comunicación y la sociedad civil, polarizan a la sociedad al faltar al respeto de sus adversarios y difundir información falsa, y después socavan las elecciones”. Un libro de instrucciones que Bolsonaro parece seguir paso a paso. Ahora está sembrando dudas sobre las garantías de la urna electrónica con la vista puesta en los comicios de octubre de 2022.

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