Un despacho de abogados recurre en amparo al Constitucional por las costas “irrisorias” con las que se condena a bancos por contratos abusivos

El bufete Abogados Legalsha ha elevado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para denunciar las injustas cantidades “irrisorias” con las que se condena a los bancos en costas, por asuntos relacionados a las cláusulas abusivas en las líneas de crédito. El despacho exige al Tribunal de Garantías que se ponga coto a las bajas compensaciones económicas que aprueban los juzgados para indemnizar a los clientes y cubrir los procedimientos judiciales, “que ni siquiera cubren los gastos de un burofax que puedan enviarle al abogado”, manifiesta. Si el recurso no fuera admitido, acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Cabe precisar que el Constitucional ya se pronunció en 2023 sobre la condena en costas a los bancos. La sala primera del tribunal estimó que los bancos están obligados a pagar las costas si los consumidores ganan un juicio por cláusulas abusivas o ejecuciones hipotecarias, pero nada dijo acerca de la cuantía que debían cubrir las financieras. Ahora, el Tribunal de Garantías deberá pronunciarse acerca de si las costas que fijan los juzgados vulneran realmente los derechos fundamentales de los consumidores.

El recurso, al que ha tenido acceso ELPAÍS, se interpone a raíz de un caso que Legalsha llevó a juicio. El litigio enfrentó a un cliente defendido por el bufete con ID Finance Spain, por la firma de una línea de crédito abusiva. Previamente, el despacho propuso al banco la posibilidad de llegar a un acuerdo y así evitar un conflicto judicial por el abuso, pero la financiera no aceptó. Un escenario que, según apuntan desde la firma, la negativa de las entidades a aceptar un acuerdo extrajudicial es una práctica muy habitual para dilatar los procesos y obligar a los clientes a ir a juicio. En las negociaciones, Legalsha exigía a la entidad bancaria que devolviese al cliente el 100% de las cantidades cobradas de manera indebida, mientras que la financiera solo quería entregar el 80%. Al no llegar a un acuerdo, el caso acabó en el juzgado.

El encargado de resolver el pleito fue el Juzgado de Primera Instancia Número 61 de Madrid. El juez dio la razón al consumidor y condenó al banco a devolver el dinero que cobró de manera indebida. Asimismo, condenó a la financiera a las costas del pleito, es decir, a abonar al cliente los costes del procedimiento judicial, una cantidad que ascendía a 2.500 euros (2.129 euros para cubrir los honorarios del letrado y 373 para pagar al procurador).

La entidad bancaria impugnó la decisión y promovió un incidente para rebajar las costas judiciales que debía abonar al consumidor para cubrir el juicio. ID Finance Spain alegó que el coste era excesivo y solicitó reducir la cifras hasta los 494 euros (121 euros para cubrir los honorarios del letrado y 373 para pagar al procurador). El letrado de la Administración de Justicia (LAJ) aprobó la petición y, pese a que Legalsha recurrió al juez, el juzgado aprobó la propuesta del banco, motivo por el que el despacho ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Desde Legalsha denuncian que este tipo de situaciones son muy frecuentes en los juzgados de primera instancia, donde los LAJ aprueban unos costes judiciales bajísimos, lo que beneficia a las entidades financieras y les impulsa a forzar las pugnas con sus clientes en los tribunales. “No solo no son condenadas drásticamente por forzar al consumidor a acudir a la vía judicial, si no que se les favorece económicamente para seguir con su estrategia de rechazar sistemáticamente las reclamaciones en fase extrajudicial”, señala a este medio Rebin Shamamy, CEO de la firma.

Además, Shamamy advierte que este tipo de prácticas suponen una vulneración de los derechos fundamentales de los consumidores. Después de ganar un juicio, al que se han visto obligados a acudir, los clientes tienen derecho a recuperar los gastos del proceso. No obstante, el CEO de Legalsha manifiesta que los clientes acaban perdiendo porque las cantidades que estiman los juzgados son insuficientes. “No conseguirán, ni de lejos, poder resarcirse de los gastos ocasionados por su abogado y procurador, generando una situación de sinsentido a la tutela judicial efectiva”, confiesa.

Para más inri, insiste el CEO de Legalsha, esta situación disuade a los consumidores a reclamar las prácticas abusivas de los bancos. “Es evidente que el importe de 100 euros más IVA aprobado por el juzgado no cubre los gastos de tramitación de un procedimiento. Consideramos que este tipo de resoluciones disuaden al consumidor de reclamar, al reforzar las estrategias de los bancos, que es la de a ir a la vía judicial”, expone Shamamy. Aunque lo más grave, afirma, “es que se esté favoreciendo esto en los juzgados”.

Desigualdad de trato

Otro de los puntos que plantea el despacho en el recurso es la desigualdad de trato entre el letrado y la procuradora que participaron en el litigio. Concretamente, el bufete denuncia la diferencia de minutas que existe entre ambos profesionales, ya que a los procuradores se les permita tasar “unas costas muy superiores por el mero hecho de que sus honorarios se encuentran regulados”, mientras que los honorarios de los letrados carecen de una regulación sectorial o arancelaria.

Para el bufete, este trato discriminatorio hacia los letrados provoca “una merma en los honorarios en contra del consumidor, que ha tenido que soportar los costes y se ve posteriormente perjudicado por una resolución arbitraria, desproporcionada e injusta”, expone el bufete en el recurso. Por esa razón, Legalsha busca que el Tribunal Constitucional desestime la condena en costas que interpuso el juzgado madrileño, y le obligue a dictar una nueva resolución que confirme la tasación de costas de ambos profesionales en términos proporcionales y de equidad, “pues no es comprensible que los honorarios del procurador sean superiores a las del letrado interviniente”, expone el despacho.

Legalsha lo tiene claro, no se quedarán de brazos cruzados “ante semejantes atropellos en la defensa de los intereses de nuestros clientes consumidores”, declara Rebin Shamamy. “Recurriremos al Tribunal Constitucional en situaciones que consideremos que se están vulnerando de manera flagrante los derechos fundamentales, para que resuelva en consideración o, en su defecto, nos abra la puerta para ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, declara.