Internos del CIE de Zona Franca anuncian una huelga de hambre por “tratos denigrantes”

Una veintena de personas internas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona han anunciado este viernes a la dirección del centro iniciarán una huelga de hambre porque consideran que se están violando sus derechos. Denuncian malos tratos de la policía que, según ellos, les da poca comida. También lamentan que están sometidos a un “régimen penitenciario” cuando no han cometido ningún delito. La Policía Nacional niega que haya en marcha una huelga de hambre, mientras que abogados especializados matizan que para ello los internos deben pasar al menos 24 horas sin comer.

No es la primera vez que los internos se movilizan y se organizan para hacer una protesta coordinada en el CIE. Uno de los internos es Ismael, que señala que “no comerá nadie” hasta que quede claro que dentro del centro no se respetan los Derechos Humanos. “Los que estamos aquí no hemos cometido ningún delito y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Nuestra vida ha cambiado mucho, solo queríamos un futuro mejor y ahora estamos aquí encerrados y nos maltratan”, asegura en una conversación telefónica desde el interior del CIE.

Otro interno, Jorge Leonardo Marín, asegura que fue golpeado por agentes de la policía nacional encargados de la seguridad del centro de forma arbitraria y sin justificación alguna. “Nos llevan a la zona de los baños, allí no hay cámaras, y nos pegan. A mí me pegaron, y soy una persona muy tranquila, tomo Ribotril [un medicamento antiepiléptico que también se utiliza para controlar la ansiedad] y nunca me altero, no doy problemas, pero me pegaron fuerte”, asegura. Jorge lamenta que lo encerraron durante 38 horas en aislamiento para evitar que pusiera una denuncia contra los agentes. “Sufro ansiedad y para mí fue una experiencia horrible”, añade.

Un conflicto latente

El CIE es el lugar al que van a parar las personas migradas que están a la espera de ser deportadas. Entidades como Amnistía Internacional, Irídia o Migrastudium llevan años denunciando vulneraciones de derechos humanos en el centro de Barcelona, y advirtiendo que es una entidad opaca, sobre la que hay poca información y que no se garantiza el buen trato a los internos. Incluso hace años que se constituyó la plataforma Tanquem els CIES para exigir el cierre del centro. El Parlamento de Cataluña ha votado a favor de clausurar el CIE de Barcelona, con votos favorables de prácticamente todo el arco parlamentario, incluidos los mayoritarios: PSC, Junts y ERC.

La gestión de este centro fue, precisamente, uno de los puntos clave del pacto sobre inmigración firmado por Junts y el Gobierno español. El centro ha sido un icono del choque en las políticas migratorias entre el Estado y la Generalitat. El acuerdo establece que será el Gobierno catalán quien lo gestionará en el futuro, y el expresidente Carles Puigdemont, líder de Junts, lo ha calificado varias veces como “inhumano”. Junts considera que se debe replantear la existencia del centro, pero al mismo tiempo el pacto determina que la gestión del CIE se hará de acuerdo con la normativa estatal, de manera que la Generalitat no tendrá potestad para cerrarlo.