De querer cerrar el CIE a reclamar su gestión: el cambio de rumbo de Junts en inmigración

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona ilustra el cambio de rumbo en las políticas migratorias de Junts per Catalunya, que ha pasado de renegar de esas instalaciones a reclamar su gestión. Si el acuerdo entre el PSOE y la formación de Carles Puigdemont para delegar las competencias en inmigración a Cataluña sale adelante, la Generalitat pasará a tener el control del CIE, después de una década en que la mayoría de la clase política catalana (también Junts) ha exigido de forma reiterada su clausura. El expresident sostiene que se trata de una oportunidad para transformarlo en algo mejor, pero los activistas lamentan que el pacto pone fin al consenso histórico en torno a su cierre.

La delegación de competencias en inmigración, exigencia de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez, prevé ceder a la Generalitat la “gestión integral” del CIE, incluida la “dirección, coordinación e inspección” de las instalaciones. El texto, que debe ser aprobado por el Congreso, contempla que el Gobierno catalán pueda “designar a los empleados públicos” que realicen esa tarea —ahora está en manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía—, gestionar “los servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultura y lingüística” a los internos y fijar mecanismos de control e inspección.

La proposición de ley, coinciden los expertos consultados, da cierto margen de maniobra a la Generalitat para implementar cambios e introducir mejoras. Y a esa posibilidad se acoge Puigdemont para justificar el traspaso. “La situación de los CIE no es para estar orgullosos. Si Cataluña asume la gestión, se ha de notar (...) Se tendrá que hacer un replanteamiento general”, defiende Puigdemont, impulsor de un acuerdo que, sin embargo, su partido no va a tener que gestionar, no al menos de forma inmediata: el president es el socialista Salvador Illa y será su ejecutivo el que, si el acuerdo sale adelante, fije criterios de funcionamiento del CIE.

Pero lo que la Generalitat no podrá hacer es cerrar el centro de la Zona Franca, sino gestionarlo, y hacerlo además siguiendo la normativa estatal (la Ley de Extranjería). Abandonar esa posibilidad supone un punto y aparte en una reclamación transversal que arrancó en julio de 2015, cuando 108 de los 135 diputados del Parlament (los de PSC, Iniciativa, la CUP, Esquerra y CiU, antecesora de Junts) aprobaron una moción para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy su clausura. Tras escuchar a una comisión de trabajo, los diputados constataron vulneraciones de derechos de los internos, encerrados en algo muy parecido a una cárcel, en algunos casos durante 60 días, por una infracción administrativa: encontrarse en situación irregular en España.

“Se logró un consenso muy amplio en el Parlament para que no hubiese CIE. Ahora, aunque la gestión sea propia, no se está respetando ese enfoque histórico de Cataluña de gestionar los procesos de expulsión sin recurrir a los centros”, lamenta Andrés G. Berrio, diputado autonómico de los Comunes. Berrio fue el impulsor y una de las voces más activas de la plataforma Tanquem els CIEs, que en junio de 2015, para calentar motores antes de la votación del Parlament, congregó a un millar de personas frente a las instalaciones, todo un logro porque es un lugar inhóspito y de difícil acceso. En esa protesta participó también Ada Colau, recién elegida alcaldesa de Barcelona, que pidió “una ciudad libre de CIE”.

Lo que no consiguieron ni la movilización social ni los grupos políticos lo logró (temporalmente) la covid, que obligó al cierre provisional del centro de la Zona Franca. En febrero de 2021, después de que el Ministerio del Interior lo reabriera, Laura Borràs, entonces líder de Junts, grabó un vídeo frente a las instalaciones en las que hacía suyo el lema de los activistas de Tanquem els CIE. Borràs denunció que el espacio “vulnera los derechos humanos” y es una muestra del “falso progresismo” del Gobierno de Sánchez. Aunque sigue la crítica al CIE, en estos cuatro años el discurso del partido sobre inmigración ha virado. Presionado por Aliança Catalana —el partido de ultraderecha independentista que amenaza con arrebatarle parte del electorado—, Junts ha virado hacia un discurso de más mano dura en el control de la inmigración.

“Es un sistema ineficaz”

Foco silencioso de conflicto por el aislamiento de los internos, el drama del CIE de Barcelona salió a la superficie en enero de 2012, con la muerte por infarto de Idrissa Diallo, guineano de 21 años. La Defensora del Pueblo constató carencias graves en la atención sanitaria a los internos. Fue el inicio de una movilización popular que llevó a implementar mejoras (asistencia sanitaria y jurídica, nombramiento de jueces de control). Los internos, sin embargo, siguen en situación de detenidos a la espera de una expulsión que, además, en muy pocos casos se acaba produciendo.

“Los CIE se crearon para hacer cumplir la Ley de Extranjería, pero en la práctica apenas sirven para efectuar expulsiones. Son totalmente ineficaces, acaban siendo más disuasorios que otra cosa”, explica David Querol, vocal de la comisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y profesor de la Universitat de Barcelona. Querol coincide en que la propuesta permite a la Generalitat implementar “cambios” en la gestión, pero sin salir del carril de la norma estatal y sin posibilidad de cerrarlo. “Es un poco contradictorio que, después de años proclamando que se iban a cerrar los CIE, ahora pasen a ser gestionados por una delegación de competencias”, afirma.