Brasil acelera la aprobación de nuevos pesticidas

El Gobierno de Brasil, que lidera Jair Bolsonaro, ha acelerado la aprobación de pesticidas con 262 nuevos productos autorizados desde que asumió el poder, en enero. Supone “un ritmo nunca visto”, según explica la autora del atlas del uso de pesticidas en Brasil y sus conexiones con la Unión Europea, Larissa Bombardi, sobre una tendencia que comenzó con el anterior mandatario, Michel Temer. Lo más grave, detalla esta especialista de la Universidad de São Paulo, es que “aproximadamente un tercio incluye alguna sustancia prohibida por la UE”.

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Brasil, una potencia agrícola, es uno de los países que más plaguicidas utiliza. Explica la experta que el aumento responde a que la superficie cultivada se ha incrementado y a que se usa más plaguicida por hectárea. Pero apunta que, además, la fiscalización sobre los efectos en la agricultura es deficiente e inexistente al final de la cadena, cuando llega al consumidor. Los ingredientes más destacados entre los usados en Brasil y prohibidos en la Unión Europea son el acefato y la atracina, vetados en la UE hace más de 15 años.

Con un sector agrícola que se apoya en el monocultivo para la exportación, los plaguicidas resultan imprescindibles. Las autoridades brasileñas aprobaron, en la década anterior a 2015, una media de 136 nuevos plaguicidas por año. Unas cifras que se han disparado con el nuevo presidente, que ya desde la campaña electoral dejó claro que considera el medio ambiente un estorbo al desarrollo económico y que colocó a una líder de la bancada parlamentaria agropecuaria al frente del Ministerio de Agricultura y quiere abrir la Amazonia a la explotación minera.

Otra de las novedades que ha traído el nuevo Gobierno en materia medioambiental es que, por primera vez, Brasil ha participado en una conferencia de negacionistas del clima, según reveló ayer el diario Folha de São Paulo. El periódico ha conseguido un telegrama de la Embajada en Washington en el que un diplomático relata su asistencia al foro, organizado por The Heartland Institute el pasado 25 de julio.

El Ejecutivo de Bolsonaro también acaba de adoptar una nueva clasificación de la toxicidad de los pesticidas, el sistema global armonizado para clasificar los químicos peligrosos. El Gobierno lo defiende como una mejora porque supone asumir un estándar internacional. Sin embargo, Greenpeace, como otros críticos de la medida, sostiene que el nuevo sistema tiene aspectos más débiles que el vigente en Brasil. Así lo cree Marina Lacorte, coordinadora de la campaña de agricultura y alimentación de Greenpeace en Brasil. Por ejemplo, este nuevo modelo solo clasificará como extremadamente tóxico un producto si supone un riesgo de muerte.

Lacorte explica que Greenpeace, otras organizaciones y la sociedad civil llevan años trabajando en el Congreso de Brasil para impedir que avance un proyecto de ley que facilitaría la aprobación de pesticidas. Pero añade que, con Tereza Cristina Dias como ministra de Agricultura, “ya ni siquiera necesitan de una nueva ley para causar bastante estrago”. La ONG sostiene que los incentivos actuales a los plaguicidas deben ser derivados a la promoción de cultivos más diversos y sostenibles porque considera que el sistema actual “es económica, social y ambientalmente insostenible”.

Deforestación

El código forestal de Brasil es considerado por los ambientalistas una de las grandes conquistas legislativas. Esta norma establece que cada propiedad rural debe mantener la vegetación nativa en el 80% de la parcela si está en la Amazonia, en el 35% en el Cerrado y en el 20% en el resto de las regiones. Esa norma contribuyó a combatir la deforestación, a que los sucesivos Gobiernos declararan áreas protegidas y a concienciar a los brasileños sobre el medio ambiente, explica Marcio Astrini, también de Greenpeace. Y así “deforestar se convirtió en algo malo”, añade.

Pero ahora el presidente pone en duda los datos oficiales de destrucción de bosque tropical y la ministra de Agricultura insiste en distinguir la deforestación legal de la ilegal, además de remarcar que los propietarios agrícolas deben ser compensados. “No creo en la sostenibilidad y la preservación ambiental con miseria. Donde tienes miseria no vas a preservar. Tenemos que ser más abiertos y ver que quien preserva tiene que tener algún beneficio”, declaró Dias en una entrevista. La ministra enmarcó las críticas ambientales de los mandatarios europeos a su Gobierno en una preocupación por el asunto pero también en el miedo de esos países a la competencia del sector cárnico brasileño cuando entre en vigor el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE. Este tratado aún debe ser ratificada por todos los países implicados.