¿Quién responderá por estas muertes?

En abril de 2012 el Gobierno de España volatilizó la universalidad del sistema nacional de salud. La aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 excluía casi completamente del sistema a los inmigrantes en situación irregular y condicionaba el derecho a la sanidad del resto de los ciudadanos a su situación laboral. Nueve comunidades autónomas –incluyendo alguna del propio Partido Popular– se negaron en aquel momento a aplicar el conjunto de estas restricciones y en marzo de 2015 el Gobierno rectificó parcialmente devolviendo a los inmigrantes el derecho a la atención primaria “para no saturar las urgencias”, por “cuestiones de salud pública” y porque “es más práctico”. Todo muy veterinario.

Más información

La mortalidad entre sin papeles sube un 15% desde la reforma sanitaria

Miles de personas, sin embargo, han acabado convirtiéndose en monumentos estadísticos a una reforma cuyas consecuencias pueden ser generacionales. Las razones están explicadas de forma contundente en esta pieza de Lola Hierro para nuestro primo-hermano Migrados: en ella comenta un trabajo publicado hace pocas semanas por tres investigadores españoles (Arnau Juanmarti, Guillem López y Judit Vall) donde se calcula que la restricción del acceso a la sanidad incrementó en un 15% la mortalidad de los inmigrantes sin papeles a lo largo de tres años.

Aunque sus conclusiones son consistentes con otros estudios que han comenzado a documentar los efectos de estos recortes, el enfoque elegido resulta especialmente demoledor: los números que se aprecian en el gráfico adjunto no solo muestran un brusco cambio de tendencia en la evolución de la mortalidad entre inmigrantes irregulares, sino que, a partir de la reforma, sus niveles medios están por encima de una población nativa o regular considerablemente más envejecida.

Ni el Gobierno, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos han dado explicación alguna por este desaguisado ético y práctico.

Cada uno de estos datos pone negro sobre blanco la irresponsabilidad de unas medidas que fueron tomadas sin ofrecer una justificación razonada o un debate público informado sobre sus implicaciones sanitarias, económicas y sociales. La pregunta ahora es si alguien va a ofrecer explicaciones por este desaguisado. No las han dado el Gobierno ni el Partido Popular, pese a que este último ha ido reculando discretamente en alguno de sus fortines, como Madrid. Tampoco lo ha hecho Ciudadanos, que apoyó sin matices una reforma en donde se mezclaron groseramente conceptos engañosos (como el supuesto “turismo sanitario” de los inmigrantes) y se omitieron datos esenciales (como el número real de individuos en situación irregular).

No es un asunto menor. La reforma cruzó un punto de no retorno en el que un derecho fundamental como el de la salud queda sujeto a una condición circunstancial como el pasaporte de un individuo. El hecho de que solo otros cinco países de la UE garanticen el acceso universal a la sanidad de todos los miembros de una sociedad, con independencia de su situación legal, no debería constituir una excusa para ir hacia atrás, sino todo lo contrario. Estamos tan orgullosos de un sistema sanitario justo e igualitario, además de excelente, que nos gustaría recuperarlo. Es lo que un breve pero contundente editorial the The Lancet acaba de describir como "aflojar la soga" que se colocó en el cuello de los españoles. Ese es hoy el compromiso de todos los grupos parlamentarios de la oposición (con excepción de Ciudadanos, claro está) y la realidad en las comunidades autónomas donde el Partido Popular ha perdido el poder, como Valencia.

No hay posibilidad alguna de cumplir el ODS 3 sobre salud sin corregir una medida que vulnera la idea misma de Cobertura Universal de Salud.

Y algo más: cuando se pregunten para qué sirve el artificio retórico y político de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, piensen en este asunto. Porque la Agenda 2030 fue concebida para forzar a los países a corregir precisamente este tipo de distorsiones. Lamentablemente, nada de todo esto aparece reflejado en el borrador del Plan Nacional para su implementación, cuyos contenidos comentamos en este blog recientemente. Como cualquier otro tema que le incomode, el Gobierno ha optado por esconderlo debajo de la alfombra. Por eso conviene ser claros: no hay posibilidad alguna de cumplir el ODS3 sobre salud sin corregir esta aberración ética y práctica que vulnera la idea misma de Cobertura Universal de Salud. Y todos, empezando por sus pares en la ONU, deberíamos exigírselo.