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El colectivo ciudadano Yo Sí Sanidad Universal acusa al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de estar poniendo trabas y, en ocasiones, negando la atención sanitaria a las personas extranjeras con menos de 90 días de residencia en España, incluyendo mujeres embarazadas y menores de edad. La asociación ha elevado una queja al Defensor del Pueblo que todavía no ha tenido respuesta.

Yo Sí Sanidad Universal denuncia que el Sermas está realizando desde hace unos meses unos cursos de formación para personal administrativo de Atención Primaria bajo el título Derecho y Acceso a la asistencia sanitaria. En ellos se insta a revisar pasaportes y certificados de empadronamiento y a denegar la inclusión en el sistema sanitario, en concreto, a no realizar el alta en el mismo a menores y embarazadas hasta que acrediten al menos tres meses de residencia, algo que pone en riesgo su salud. De forma arbitraria, aseguran, en algunos centros se contabilizan 90 días desde la entrada al territorio nacional y en otros se exigen esos 90 desde la inscripción en el padrón municipal. El colectivo también ha recibido denuncias de que en los cursos también se da la instrucción de no atender a embarazadas con más de 38 semanas de gestación por considerarlas "mujeres que vienen aquí a parir".

La universalización de la Sanidad en España se vio seriamente dañada en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el RDL 16/2012 que dejaba fuera de la atención médica a diversos grupos de población, entre ellos a personas en situación administrativa irregular. No obstante, este Real Decreto contempló tres excepciones: la atención de urgencias por enfermedad grave o accidente hasta el momento del alta hospitalaria, las embarazadas durante el periodo de gestación, parto y posparto y los menores de 18 años extranjeros. En estos tres supuestos, la atención debe ser la misma que se dispensa a los ciudadanos españoles. A partir de 2015, el Gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid ordenó que se dispensara atención a todas las personas sin papeles.

La organización recibió las primeras quejas a través de una serie de correos electrónicos que comenzaron a recibir en otoño de 2017. Entre los mensajes, el colectivo ha hecho público el de una mujer de Costa Rica embarazada con menos de dos meses en España a quien se le niega la asistencia médica y no se le ha realizado ningún control, el de otra mujer peruana con la misma situación, pero en otro centro de salud, y el de un menor nacido en noviembre de 2017, hijo de hondureños, entre otros, pero desconoce cuántas personas se han podido ver afectadas. "Están aplicando la teoría de que cualquier persona es un turista durante los tres primeros meses de estancia en España", describe Nacho Revuelta, que es médico en un centro de salud madrileño y miembro de Yo Sí Sanidad Universal. Y un turista no es un inmigrante en situación irregular y, por tanto, no se le pueden aplicar las excepciones del Real Decreto Ley ni la orden de 2015.

Este periódico se puso en contacto a través de un correo electrónico con el departamento de prensa de la Consejería de Sanidad. "Es falso que en la Comunidad de Madrid se esté denegando el acceso a la atención sanitaria a embarazadas y menores en situación irregular", respondió un portavoz posteriormente. Este ha recordado que la Comunidad mantiene desde 2015 la cobertura "a todos los inmigrantes en situación irregular" y que desde entonces se ha inscrito a más de 34.000 personas. "El curso no impide la atención, solo explica la documentación que tienen que aportar aquellas personas que lleven menos de 90 días en España, como sucede con cualquier visitante o turista", añade. "En el caso de embarazadas o menores, "son atendidas en atención primaria y hospitalaria registrándose en el Sistema de Información Poblacional de forma transitoria".

En el caso de los recién nacidos, se les presta atención sanitaria en ambos ámbitos asistenciales, son también registrados en el Sistema de Información Poblacional y reciben todas las prestaciones que sean precisas, incluida la administración de vacunas, asegura el Sermas ante las acusaciones vertidas por Yo Sí.

Revuelta alega que esta es una "verdad a medias". "Si no puedes dar de alta a una embarazada en el sistema sanitario, no la puedes derivar al ginecólogo, solo la pueden atener de urgencia. Con los menores pasa igual: no se les puede asignar pediatra ni vacunar porque no puedes registrar en el sistema". La alternativa es facturar por los servicios prestados. "En el hospital sí te pueden dar de alta, pero como privado, y eso inmediatamente genera una factura mucho más cara que la del centro de salud. Allí son 49 euros la consulta y en urgencias asciende a 181 euros", describe María, nombre ficticio de una administrativa del Sermas y activista que no quiere hacer pública su identidad.

Esta técnica, que asistió recientemente a uno de los cursos, explica lo siguiente: "En líneas generales, la ponente intentaba que se atendiera a todo el mundo, pero como la ley excluye específicamente a quienes llevan 90 días en España, una compañera preguntó por las embarazadas y se le respondió que este supuesto no lo contempla la ley. Yo sabía que lo iban a decir, pero lo quería oír por mí misma", asegura."No te dicen que hagas una ilegalidad, pero tampoco te dicen otra cosa".

Luego, depende de la buena voluntad de cada uno hacer caso omiso o aplicar las instrucciones a rajatabla. "Yo, por ejemplo, no se lo he contado a mis compañeras porque si lo hago sé que tres de ellas lo van a aplicar, que lo primero que van a mirar es el visado y el empadronamiento", indica la activista del Sermas.

La Comunidad de Madrid también añade que, si no es posible acreditar la identidad u obtener el certificado de empadronamiento, se puede aceptar de manera excepcional un informe de un trabajador social. "Lo puede elaborar un trabajador social de cualquier red de servicios sociales, de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, de una asociación, etc.", asevera el portavoz. "Es verdad, pero no es tan fácil", critica Revuelta. "Es cierto que si no estás empadronado, en la mayoría de centros salud te echan para atrás, pero si tú consigues la información correcta descubres que el padrón no es una condición imprescindible y que te pueden registrar con el informe de un trabajador social, pero esta fórmula no se usa normalmente y para conseguirlo muchas veces hemos tenido que acompañar a la persona afectada. De hecho, recibimos correos de trabajadoras sociales pidiendo ayuda para casos de embarazadas en los que no logran que los administrativos de sus centros accedan a darles de alta".

Para muestra, el último correo recibido este miércoles 11 de abril en el buzón del colectivo. Le remitente es una trabajadora social de una clínica autorizada por la comunidad de Madrid para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo.  "A las mujeres de la comunidad de Madrid que van a realizarse el DAR [registro en el Sermas] les están pidiendo desde los Centros de Salud el requisito de estar empadronadas mínimo tres meses para poder acceder a este documento. ¿Existe algún artículo o alguna referencia con el que podamos demostrar la ilegalidad de este requisito?".

El colectivo, que nació con la intención de denunciar y visibilizar las consecuencias de la exclusión sanitaria, solicita que se envíe una instrucción clara a todo el personal de atención primaria para que cualquier menor o embarazada sea dado de alta en el servicio de salud, independientemente del tiempo que lleven en el país y de su situación administrativa, para que se les pueda derivar a especialistas o realizar las pruebas diagnósticas que sean necesarias.