Cuatro años de exclusión sanitaria: #VivirAlLímite

Cuatro años de exclusión médica. Cuando la noticia saltó a los medios, no dábamos crédito: el Gobierno retiraría la tarjeta sanitaria a todas las personas que se encontraran en situación irregular en España. Justificaban la medida en el ahorro que iba a suponer. Decían que ninguna persona se quedaría tirada en la calle, y para eso excluían de esta norma a las embarazadas, los niños, los enfermos crónicos y las urgencias. Más tarde se amplió a las víctimas de trata. Decían que no era una ley contra los inmigrantes que vivían en el país en condiciones precarias, que era sobre todo para evitar el turismo sanitario desde otros países ricos porque nuestra Sanidad es más barata y es buena. En esto último quizá fuera en lo único en lo que tuvieron razón.

Esta medida asustó cuando fue aprobada. Tiene un nombre muy discreto y aburrido: Real Decreto-Ley 16/2012, pero tras él se esconde una realidad mucho más sórdida: más de 900.000 personas —según datos de la Administración— perdieron el 31 de agosto de 2012 su tarjeta. Y a 31 de agosto de 2016 es imposible saber cuántas personas se han visto perjudicadas en algún momento, aunque sí se conocen casos recabados por diversas organizaciones nacionales y autonómicas que defienden los derechos humanos, como Médicos del Mundo, Andalucía Acoge, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la Plataforma Salud Universal de Aragón... Estas y muchas otras, unidas bajo el nombre de REDER (Red de denuncia y resistencia al RDL 16/2012), han lanzado un nuevo dato esta semana: tan solo entre abril y julio de 2016 se han documentado 388 casos de personas afectadas. Estos han de sumarse a los recogidos desde enero de 2014: 2.496. En los últimos cuatro meses, REDER ha encontrado a tres enfermos de cáncer, a cuatro con enfermedades cardiovasculares, 13 con diabetes, siete con hipertensión, ocho con VIH, cuatro con enfermedades degenerativas, seis con otras potencialmente mortales y cinco con dolencias mentales graves. A ninguno de ellos se les ha prestado asistencia pese a estar dentro de los supuestos con los que se debe hacer una excepción.

Han pasado cuatro años y no hemos avanzado hacia la universalidad perdida. Ha habido intentos y ha habido quien se ha rebelado. Comunidades como Andalucía, Asturias, País Vasco (y, posteriormente, Madrid) no acataron esta normativa desde el principio y siguieron prestando servicios médicos a todo el mundo. Lo vimos, por ejemplo, en el año 2014 con un reportaje realizado en Almería para denunciar los casos de prostitución y trata en los invernaderos de Roquetas de Mar. Ha habido otras que lo han aplicado a rajatabla, como Murcia y La Rioja. O Baleares, donde esta ley costó la vida a un senegalés, Alpha Pam. Todos los medios se hicieron eco de su muerte por una tuberculosis no tratada. También se ha abusado de los límites de la norma. En Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana, Amnistía Internacional observó que se emitían compromisos de pago tras atender a inmigrantes en las urgencias pese a que la ley contempla que esta atención debe ser gratuita.

En estos cuatro años se intentó derribar la norma e incluso el Gobierno anunció en marzo del año pasado que se devolvería la atención primaria a los sin papeles, que no significa devolverles la tarjeta sanitaria. Simplemente, se aludió a una cuestión de sensatez y pragmatismo para que no se saturasen las urgencias. No obstante, esto fue un globo sonda que no llegó a ninguna parte, es decir, palabras sin hechos, ningún cambio.

Las últimas novedades a día de hoy no son nada alentadoras. Lejos de solucionar o, al menos, facilitar el acceso a los servicios médicos de quienes ahora no pueden hacerlo, el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional respaldó la ley con una sentencia que contradice las opiniones que el mismo Tribunal había emitido en anteriores autos. "Esta resolución parece ignorar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos dando primacía a criterios economicistas en lo que consttituye un peligroso precedente", dice REDER en su último informe.

¿Y qué tenemos a día de hoy, cuatro años después de la entrada en vigor de la ley?

Por una parte, la mayoría de Comunidades Autónomas (menos Castilla y León, La Rioja, Ceuta y Melilla) han aprobado diversas órdenes para contrarrestar la reforma sanitaria. Estas normativas han tenido un impacto positivo, a juicio de REDER, pero los requisitos que se exigen en estas regulaciones son difíciles de cumplir en muchas ocasiones. Así, más de la cuarta parte de incidencias recogidas desde abril de 2016 se deben a la imposibilidad de aportar documentación como el empadronamiento (las personas sin hogar o sin documentación de identidad carecen de él). Tampoco es fácil de conseguir el certificado de no exportación del derecho a la asistencia que se exige a personas con ciudadanía comunitaria y a los procedentes de países con convenios bilaterales como Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez.

Por otro lado, existe un vacío de información importante: el 57% de las incidencias documentadas por REDER en los últimos cuatro meses tienen este origen. La falta de información de la que dispone el personal de los centros de salud provoca denegaciones de asistencia a personas que sí tienen derecho. Y los GObiernos autonómicos tampoco ponen solución a esto, por lo que entre la población afectada se acrecienta cada vez más la confusión sobre cuáles son sus derechos. Los únicos casos positivos son los del Ayuntamiento de Madrid —y no la Comunidad, que es la responsable principal— y la Comunitat Valenciana, que sí han emprendido campañas de información ciudadana.

Y mientras vamos sumando casos, cifras, declaraciones y noticias, sigue aumentando el número de personas perjudicadas. Embarazadas que no saben cómo está el feto, niños a quienes no les curan una enfermedad, enfermos de VIH o tuberculosis que no reciben su medicación... Este suma y sigue no se detendrá hasta que recuperemos la sanidad universal, algo que, por desgracia, estamos bastante lejos de conseguir.