Los negocios migratorios son malos para el desarrollo

El pasado lunes la Fundación porCausa hizo público un trabajo de investigación de más de un año que radiografía por primera vez en España la Industria del control migratorio. Unas 350 empresas, 943 contratos públicos y no menos de 1.000 millones de euros destinados a lo largo de 15 años a los cuatro sectores que conforman esta industria: la construcción y vigilancia de perímetros fronterizos, la detención y expulsión de inmigrantes, las actividades de integración y acogida, y los proyectos de externalización de fronteras para detener a la gente en origen.

Lo que hemos averiguado hasta ahora —que iremos desgranando a lo largo de las próximas semanas y que se centra en los dos primeros sectores— ofrece conclusiones alarmantes con respecto al papel de los intereses privados en la gestión de políticas públicas altamente sensibles, pero también por la opacidad que rodea la información relacionada con este sector y por la posible influencia que las compañías ejercen sobre las normas que les afectan (un tema en el que seguiremos profundizando).

Pero lo más inquietante es el modo en que la industria del control migratorio se ha convertido en pieza imprescindible una lógica política que tiene consecuencias directas para la seguridad y la prosperidad de millones de personas en los países de origen, transito y destino de la emigración. Una lógica contraria a los objetivos del desarrollo.

La primera preocupación es humanitaria. Con la expansión de la industria del control migratorio se multiplica el riesgo legal, económico y personal asociado al proceso de movilidad: nos guste o no, la consecuencia de una valla plagada de concertinas es el sufrimiento y la muerte de seres humanos que no han cometido ningún delito. En lugares de alto riesgo como el Mediterráneo occidental —por donde cruzaron en 2016 10.231 personas, la cifra más alta de los últimos nueve años—, esta industria ha sido puesta al servicio de la detección de amenazas a las fronteras, pero no del rescate de las personas.

Si esta ruta se consolida o intensifica -y hay razones serias para pensar que podría ser así-, la cifra de muertos y desaparecidos se disparará.

Más aún, como ha señalado Ruben Andersson en lllegality, Inc, el fabuloso negocio ilegal de las mafias y tratantes de seres humanos se construye sobre las espaldas de la Europa fortaleza. El blindaje de las fronteras en destino y los acuerdos con países terceros para el control y deportación de inmigrantes derivan en agujeros humanitarios como el de Libia, una realidad de la que nos lamentaremos en pocos años como hoy nos lamentamos de Bosnia y Ruanda.

En segundo lugar, la lógica que esconde el negocio del control migratorio volatiliza las posibilidades de fomentar el tipo de movilidad laboral flexible pero gobernada que demandan los potenciales migrantes y necesitan las economías de los propios países de destino. Las puertas que se cierran para los inmigrantes en situación irregular pueden acabar por dificultar también la movilidad de la mayoría: según la agencia europea Frontex, por cada intento de acceso irregular en 2016, 206 personas accedieron a la UE con todos los permisos. La obsesión por el blindaje del sistema incentiva la emigración de algunos perfiles migratorios (trabajadores más cualificados o estudiantes universitarios) por encima de otros que solo tienen la opción de la irregularidad, lo que jibariza los efectos de las migraciones sobre las diferencias globales de ingreso.

En tercer lugar, la consolidación de una industria obsesionada con el control de personas supone una amenaza para la eficacia de otras políticas de lucha contra la pobreza, porque contamina las relaciones políticas con terceros Estados, condiciona la cooperación internacional a los mismos objetivos de control de la movilidad humana y debilita la legitimidad de Europa a la hora de exigir a otros el cumplimiento de los derechos humanos. Hemos hablado en este blog varias veces de un problema que ahora ofrece esta nueva perspectiva.

Cada uno de estos asuntos justificaría un debate público mucho más informado y transparente del que ahora tenemos acerca de la orientación, eficacia y costes de estas políticas migratorias. Juntos, constituyen una verdadera amenaza para las políticas de desarrollo y exigen una respuesta por parte de quienes tienen la responsabilidad de protegerlas. Háganlo.