Subvención al desaguisado

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado la subvención al mantenimiento y actualización del Diccionario biográfico español, tras aplicar los oportunos recortes que exige la batalla contra el desbocamiento del déficit. En total, la Real Academia de la Historia (RAH) podrá contar con 163.790 euros (frente a los 193.390 de 2011) para seguir adelante con una obra que fue fuertemente cuestionada, tanto científica como socialmente, por el escoramiento ideológico que revelaron algunas de las entradas de los tomos ya publicados y de otras de los que están por venir. El escándalo fue mayúsculo y, en julio, el Parlamento votó la congelación de la ayuda hasta que no se hubieran revisado y rectificado los textos más polémicos. El Gobierno ha pasado olímpicamente de la decisión acordada en la Cámara —con el voto contrario del Partido Popular— y ha dado luz verde a un trabajo que pretende ser de referencia y en el que, por poner un par de ejemplos, se define a la dictadura de Franco como “régimen autoritario” y se trata a la República de “enemigo rojo”.

Ponerse a revisar 43.000 biografías para corregir desafueros como los citados, que consagran la versión de la Guerra Civil escrita por los vencedores, es un trabajo de una magnitud tal que difícilmente puede coronarse con éxito. Sobre todo si es la misma institución que ha producido el desaguisado la que debe encargarse de enmendarlo. Por correctos que puedan ser varios millares de los artículos reunidos en el Diccionario, haber permitido un tratamiento ideológico y sesgado de periodos decisivos de nuestra historia reciente casa mal con una institución que debe velar por el rigor y procurar acercarse al máximo a la verdad de lo que sucedió.

Los hechos de la historia pueden estar sujetos a distintas interpretaciones, pero no vale todo. Y el diablo está siempre en los detalles. Y algunos, como los citados, confirman que algunos de los que han participado en la empresa no han estado a la la altura de sus responsabilidades académicas. La decisión del Gobierno puede leerse también como un detalle revelador: el de su afán por rendirse al sector más cavernícola de sus electores.