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70 decanos de Educación reclaman un examen especial para entrar a Magisterio y al máster de secundaria

Los responsables académicos defienden que la prueba mejoraría el sistema educativo y la imagen de los docentes. Una quincena de países europeos, Cataluña y Baleares, ya aplican un filtro que el Ministerio de Universidades rechaza

Magisterio Universidad de Valencia
Una clase de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia, el viernes.Mònica Torres
Ignacio Zafra

Los decanos de las facultades de Educación quieren implantar pruebas especiales de acceso a sus titulaciones: las carreras para ser maestro de Infantil y Primaria y el máster de profesorado de secundaria. El examen fue propuesto por el Ministerio de Educación hace un año, pero el Ministerio de Universidades, que es el competente en la materia, lo ha descartado, al no convencerle la fórmula. Los decanos están convencidos, sin embargo, de que la prueba sería muy positiva para el sistema educativo, y la defenderán en la reunión que tienen previsto celebrar con el Gobierno esta semana, según han asegurado fuentes de la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación a EL PAÍS.

La Conferencia, de la que forman parte 70 decanos, entregó en 2022 a los ministerios de Educación y Universidad un documento detallando cómo debería ser la nueva “prueba de aptitud personal” que los aspirantes a iniciar los estudios que habilitan para ser docente tendrían que superar. Los responsables universitarios planteaban cuatro razones a favor de un filtro que existe en una quincena de países europeos ―entre ellos, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Italia y Portugal―, así como en las universidades de Cataluña, la pública de Baleares y alguna privada (como la vasca de Mondragón).

Los exámenes, argumentaban en el documento, permitirían identificar a los mejores candidatos para convertirse en buenos docentes, lo que mejoraría el sistema educativo; elevaría las probabilidades de que los matriculados terminasen los estudios en el tiempo previsto; facilitaría una racionalización del número de alumnos en las facultades de Educación ―los grados tienen ahora 35.000 alumnos y el máster 50.000, muchos más de los que el sistema educativo puede absorber―, aumentando la calidad de las clases y de la atención que reciben durante las prácticas, y “revalorizaría la imagen y el prestigio social de la profesión, convirtiéndola en una opción más deseable para los estudiantes”.

La propuesta se basaba en los exámenes de acceso que realizan las facultades de Educación en Cataluña (aunque la Ramon Llull, privada, ha anunciado que dejará de participar) y Baleares, que a su vez se inspiraron en experiencias internacionales como la de Finlandia, uno de los grandes referentes educativos internacionales. El plan planteaba inicialmente una prueba con dos fases. La primera, escrita, tenía dos ejercicios, uno sobre competencias lógico-matemáticas (numeración y cálculo, espacio y forma, estadística y azar), y otro sobre competencias comunicativas y razonamiento crítico (comprensión lectora y capacidad de síntesis, expresión escrita y dominio del sistema lingüístico).

La segunda fase, oral, a la que pasarían los candidatos que hubieran aprobado los ejercicios anteriores, constaba de otras dos partes. La primera consistía en una “defensa del perfil personal”, que podría hacerse de forma presencial o a través de una presentación en vídeo, y tendría el fin de evaluar las habilidades interpersonales, las experiencias previas de los candidatos y sus motivaciones. Y la siguiente era una entrevista en grupos de seis alumnos dirigida por un profesor universitario y un maestro, en la que los candidatos deberían debatir en torno a un tema de actualidad educativa.

La calificación de las pruebas sería apto o no apto. Solo los aptos podrían entrar a los estudios, y su acceso se ordenaría en función de la nota de Selectividad que hubieran obtenido previamente.

Los decanos presentaron después una segunda versión de las pruebas en las que renunciaban a la primera fase de las pruebas (solo mantenían la parte oral), después de que el Gobierno les asegurase que con la nueva Selectividad los alumnos ya serían examinados de competencias matemáticas y comunicativas, y por tanto resultaría innecesario volver a hacerlo.

Resultados iniciales positivos

Las facultades catalanas de Educación pusieron en marcha las pruebas ―solo con la parte escrita, aunque están planteándose ampliarlas también con una fase oral que analice las cuestiones socioemocionales― en 2017. La impresión de sus responsables, afirma Roser Boix, decana en la Universidad de Barcelona, es que han sido útiles, aunque pese a habérselo solicitado a la Generalitat de momento no han conseguido que se cree una comisión que mida oficialmente los resultados. “Lo que sí hemos notado, y es una opinión compartida sobre todo en las facultades públicas, es que los estudiantes que llegan tienen más interés y probablemente un mayor nivel cultural”.

La Universidad de las Islas Baleares introdujo las pruebas en 2021, después de un largo proceso de investigación y ensayos iniciado hace una década que se vio retrasado por la pandemia. Y los primeros indicadores también son positivos, afirma el decano de la Facultad de Educación, Miquel Oliver. Los exámenes han reducido las solicitudes para estudiar las carreras de magisterio (y aun así sigue habiendo seis veces más peticiones que plazas). La mera existencia de la prueba, afirma Oliver citando investigaciones internacionales, lleva a los chavales a plantearse “si esta es realmente su profesión”.

El porcentaje de matriculados que eligen los estudios como primera opción ha crecido, hasta alcanzar este curso casi el 100%. “Y, aunque necesitamos tiempo para hacer un análisis completo, el profesorado, en general, ha notado una mejora en el alumnado, tanto en cuestiones motivacionales como en su preparación”, dice el decano. El año pasado, una cuarta parte de los alumnos que se presentaron a las pruebas fue declarado no apto.

La facultad balear diseñó su prueba (que tiene una fase escrita y otra oral y ha servido de modelo a la propuesta de la Conferencia de Decanos) mediante un proceso en el que participaron unos 300 docentes, entre profesores universitarios y maestros en ejercicio, y contó con el asesoramiento de docentes catalanes y finlandeses. Los resultados de la investigación fueron publicados en una revista del Ministerio de Educación.

Tomando a Finlandia de modelo, Oliver cree que la prueba de acceso es necesaria, pero es solo uno de los pasos que las facultades deben dar para mejorar la formación del profesorado. “Necesitamos un cambio metodológico, más competencial, y una conexión mucho mayor con los centros educativos”, señala.

Prueba de acceso en la Universidad de Mondragón, a finales de enero.
Prueba de acceso en la Universidad de Mondragón, a finales de enero.UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN

Parte de las universidades privadas también realizan pruebas, como la de Mondragón. “Las hacemos para ver la creatividad, el liderazgo, las habilidades comunicativas… “, explica Nagore Ipina, decana de Educación de la Universidad de Mondragón. “Son simulaciones. Por ejemplo, que con piezas de Lego construyan la escuela ideal”, continúa la decana, informa Elisa Silió.

Reticencias

El Ministerio de Educación incluyó las pruebas entre las 24 medidas para mejorar la profesión docente que presentó el año pasado. Los responsables del Ministerio de Universidades, sin embargo, lo han descartado: no ven claro por qué deberían implantarse pruebas de acceso en estas carreras y no en otras, y tienen dudas sobre la pertinencia e incluso la legalidad de un filtro que exija al alumnado demostrar de partida unas competencias que quizá podría adquirir durante el grado o el máster.

La Conferencia de Decanos de Educación la integran responsables de facultades públicas y privadas sin ánimo de lucro (vinculadas a la Iglesia). Fuentes del organismo señalan que su plan cuenta con la oposición de los centros académicos privados que funcionan como empresas, han encontrado en los títulos educativos un gran negocio (matriculan a más de la mitad de los alumnos del máster de secundaria), y no quieren pruebas que puedan limitar su clientela.

El otro actor que tiene reticencias (y mucha más influencia ante el Ministerio de Universidades), coinciden varias fuentes, es la Conferencia de Rectores (Crue, donde están representados todos los campus, públicos y privados), ya que para un sector del mismo las nuevas pruebas de acceso serían una complicación, y podrían traducirse en una bajada de alumnos (la financiación de todas las universidades se basa, de un modo u otro, en ellos), sobre todo si otras facultades se suman a la petición de implantar exámenes especiales.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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