El Gobierno descarta implantar un examen especial para entrar en las carreras de Educación Infantil y Primaria

El Ejecutivo propuso hace un año la prueba como una forma de “mejorar la selección” de los futuros maestros

Clase en un centro público valenciano, en 2021.
Clase en un centro público valenciano, en 2021.Mònica Torres

El Gobierno ha descartado implantar un examen especial para poder acceder a las carreras de Educación Infantil y Primaria como planteó hace un año. La idea, que partió originalmente de las facultades de magisterio, fue incluida por el Ministerio de Educación en su documento de 24 propuestas para mejorar la profesión docente. El objetivo de dicha prueba era “mejorar la selección de los estudiantes” y contribuir, mediante una reducción de la oferta de plazas universitarias, a paliar los problemas para encontrar empleo de muchos de quienes se forman para ser maestros, lo que a su vez “repercute en la valoración que hace la sociedad de dichas titulaciones”, indicaba el documento.

El Ministerio de Educación puso la propuesta sobre la mesa (la exministra de Educación Isabel Celaá había afirmado en 2020 que consideraba necesario que los alumnos que entraran en las facultades de Educación lo hicieran “con notas altas”). Pero su implantación era competencia del ministerio de Universidades, que lo ha descartado “completamente”, según indican a EL PAÍS fuentes conocedoras de las conversaciones que el Gobierno y los responsables de las facultades de Educación mantienen desde hace más de un año para reformar la formación inicial del profesorado, es decir, lo que aprenden en la carrera.

El diseño de la prueba adelantado por Educación, que fue solo un esbozo, señalaba que el nuevo examen de acceso debía “evaluar la competencia comunicativa y el razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática, e incluir aspectos referidos a actitudes y competencias de la profesión docente”. El proyecto inicial que los decanos de Educación trasladaron al Gobierno incluía la recomendación de que el examen valorase cualidades psicológicas de los aspirantes a maestro de carácter socioemocional. Los responsables del Ministerio de Universidades no han considerado, sin embargo, adecuada la prueba y han expresado incluso dudas sobre su encaje legal.

Competencias socioemocionales

Su razonamiento se basa, explican fuentes del Gobierno, en que al estar planteado como un examen previo al ingreso en las carreras, impediría que los alumnos que no lo aprobaran alcanzaran a lo largo de la carrera las competencias exigidas en la prueba, entre ellas las socioemocionales. Es decir, que podría resultar injusto para aquellos alumnos que quizá a los 18 años no hubiesen alcanzado los estándares establecidos, pero, con la formación adecuada durante el grado, sí podrían alcanzarlos. El examen más conocido en las carreras sanitarias, el MIR que realizan los médicos, añaden las fuentes, no se realiza antes de entrar en la carrera, sino una vez que la han acabado, en un sistema destinado a regular la formación práctica en las distintas especialidades.

Los exámenes de ingreso para estudiar carreras de Educación existen, sin embargo, en otros países, como Finlandia, considerado una referencia educativa mundial debido, entre otros motivos, a la calidad de sus docentes. Y también en España. En Cataluña están vigentes desde hace años las llamadas Pruebas de Aptitud Personal para acceder a los grados de Educación Infantil y Primaria, tanto en universidades públicas como privadas, de la comunidad autónoma, que incluye dos exámenes, una prueba de “competencia comunicativa y razonamiento crítico” y otra de “competencia logicomatemática”. Aprobar la prueba es condición necesaria para matricularse en dichas carreras. La Universidad de las Islas Baleares realiza un filtro similar para quienes quieren acceder a ambas titulaciones.

Las fuentes del Gobierno consultadas afirman que para aumentar el nivel académico del alumnado que entra en las carreras de magisterio y de paso mejorar el nivel de empleabilidad de los titulados, las universidades podrían reducir su oferta de plazas, lo que provocaría un aumento de la nota de corte. O también podrían hacerlo las comunidades autónomas, que son las que autorizan cuántas plazas de cada carrera puede ofertar un centro académico. La primera opción, la autorregulación universitaria, choca, sin embargo, con la disparidad de intereses existente entre las propias universidades, especialmente por la presencia de campus privados que han encontrado en la rama educativa un lucrativo nicho de mercado.

Lo que el Gobierno sí sigue negociando con las universidades, y su resultado podría conocerse en las próximas semanas, son los cambios en los planes de estudio de las carreras de Educación Infantil y Educación Primaria con el objetivo de adaptarlos a la concepción de la enseñanza, más competencial, contenido en la ley educativa, la Lomloe, aprobada en 2020. La intención del Ministerio de Universidades y de las facultades de Educación es que los nuevos contenidos de la carrera puedan entrar en vigor el curso que viene. Una vez que se aprueben las correspondientes órdenes ministeriales, el Ejecutivo y las universidades se centrarán en el cambio del máster que habilita para ser profesor de secundaria.

Pocos avances

La renuncia a implantar un filtro general en el acceso a las carreras de Educación reduce aún más la ambición del plan para reformar del profesorado en la presente legislatura. Cuando el Ministerio de Educación presentó su “documento para el debate”, titulado 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente, sindicatos de enseñanza y expertos en educación ya lo consideraron excesivamente genérico y falto de alcance, y vieron el plan del Gobierno como poco más que un trámite para cubrir la obligación legal impuesta por la Lomloe, que en su disposición adicional séptima estableció: “A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los nuevos retos demandados por la sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión docente, el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente”.

Inicialmente, Educación barajó crear un estatuto docente, pero después se inclinó por ir aprobando reformas parciales en la formación inicial, el acceso a la profesión docente, la formación continua y la carrera profesional. En ninguno de dichos terrenos se ha avanzado, sin embargo, mucho. Fuentes del ministerio apuntan que las elecciones que los sindicatos docentes celebraron a final del año pasado, que hicieron que los meses anteriores fueran poco propicios para negociar algunos de los puntos clave. Y una vez pasadas las elecciones sindicales, el calendario de los comicios municipales, autonómicos y generales hace improbable que el ministerio se anime a dar pasos que puedan generar polémicas, salvo que sean imprescindibles.

El documento de las 24 medidas ya renunció a establecer un sistema de incorporación a la profesión similar al MIR de los médicos, basado en el acompañamiento durante unos años de los primeros pasos de los nuevos docentes en los centros por parte de profesores expertos. Tampoco ha habido avances en la implantación de un modelo de evaluación de la labor docente vinculado a la carrera profesional (es decir, con consecuencias salariales), en el sistema de formación permanente de los maestros, o en la reforma del formato de las oposiciones con que se accede a las plazas en la enseñanza pública. Entre las propuestas presentadas hace un año figuraba la actualización de los temarios que deben estudiar quienes se presentan a dichas oposiciones, algunos de los cuales -especialmente en especialidades docentes conectadas con las nuevas tecnologías, como la informática-, se han quedado manifiestamente anticuadas. Un cambio que sí podría producirse en lo que queda de legislatura.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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